Salvavidas a las EPS de las Cajas de Compensación Familiar

El Congreso aprobó proyecto de ley que beneficia a las entidades en crisis y las ayuda a la estabilidad financiera.

EPS

La iniciativa se constituye como la tabla de salvación para estas entidades.

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junio 27 de 2018 - 08:10 a.m.
2018-06-27

Las Cajas de Compensación podrán destinar un porcentaje de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante para el saneamiento de los pasivos en salud de sus EPS. Así quedó estipulado en el proyecto de ley que aprobó este martes el Congreso de la República y que se constituye como la tabla de salvación para estas entidades que atienden alrededor de diez millones de afiliados.

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La iniciativa, que pasa a sanción presidencial, apunta a reestablecer la estabilidad financiera de aquellas Cajas de Compensación en situación crítica, en las cuales sus pasivos superan su activo incluyendo los recursos parafiscales aportados por el sector empleador del país.

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El nuevo instrumento legal también se adiciona un componente de solidaridad entre las Cajas para apalancar las condiciones financieras de aquellas con menos recursos.
Según cifras del Ministerio de Trabajo, no se ponen en riesgo las prestaciones esenciales y fundamentales del Mecanismo de Protección al Cesante. Es decir, aún con el cambio de destinación que se propone, no se vulneran ni se lesionan las prestaciones de los trabajadores desempleados.

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La titular de la cartera de trabajo, Griselda Restrepo, quien participó del debate agradeció a todas las bancadas del Congreso “por hacer posible que este proyecto sea hoy una realidad, pues de esta forma le estamos cumpliendo al país, al Sistema de Compensación Familiar y a los trabajadores colombianos”.

El impacto social de las Cajas de Compensación Familiar en las regiones es de gran relevancia porque se han convertido en las gestoras de acciones para cerrar las brechas sociales, al posibilitar que más de nueve millones de trabajadores con menores ingresos y sus familias accedan a programas y servicios brindados por ellas, con tarifas subsidiadas, garantizando de esta manera el derecho fundamental a una vida digna.

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