Huelgas en servicios públicos esenciales, a examen legislativo

El fallo que ratificó la ilegalidad del paro de pilotos de Avianca abre la puerta para que el Congreso dicte hasta qué punto pueden cesar actividades este tipo de trabajadores.

Avianca canceló 29 vuelos en cuarto día de paro de pilotos

El transporte aéreo como servicio público esencial debe ser una figura integral, es decir que se debería extender a la calidad y a los precios (...) El Congreso tiene ahora la tarea.

efe

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Portafolio
diciembre 04 de 2017 - 09:22 p.m.
2017-12-04

El paro de 51 días de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) fue ratificado como ilegal por la Corte Suprema de Justicia, pero sus efectos tendrían un nuevo capítulo en el 2018. En el fallo conocido por este diario, el alto tribunal confirmó la ilegalidad, por tratarse de un servicio público esencial, pero también le hizo un llamado al Congreso para que legisle sobre el núcleo de lo que son estos servicios públicos y cómo puede ejercerse el derecho a la huelga en dichas situaciones.

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“Como conclusión, la identificación de un servicio público esencial, respecto del cual está prohibida la huelga depende de la decisión del legislador en ese sentido, así como de que su suspensión afecte la salud, la vida y la seguridad de la población, dependiendo de las particularidades propias de cada contexto y sin importar si su alteración es parcial o si se produce un daño efectivo sobre esos derechos”, reza la sentencia, cuyo ponente es el presidente de la Corte Suprema, Rigoberto Echeverri.

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Sobre esto, Rodrigo Lara, presidente de la Cámara, señaló que “es incomprensible la convocatoria al tribunal de arbitramento por parte del Ministerio de Trabajo. Asimismo, y naturalmente, este fallo abre la puerta para que el Congreso legisle en la materia y eso deberá hacerse para el arranque de sesiones en marzo, cuando podríamos ver un proyecto de ley en esta materia”. Añadió que la actuación del Gobierno fue parcializada durante el paro y “priorizó al más grande y no al pequeño”.

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En cuanto a la tesis de la ley pendiente, Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la U. del Rosario, explicó que “desde que nació la Constitución, el Congreso no ha hecho la tarea de determinar los límites de cómo debe ser una huelga en un servicio público esencial. Por ejemplo, en Europa este se garantiza, pero la prestación debe seguirse dando, así sea de forma reducida”.

A su turno, Germán Efromovich, accionista mayoritario de Avianca Holdings, reiteró que “efectivamente el transporte aéreo se configura como un servicio público esencial, por lo previamente dicho y que expusimos durante la huelga. Pero también porque transportamos personas enfermas y órganos urgentes de llegar de un lugar a otro, entre otras cosas que son vitales”.

REGULACIÓN DE TARIFAS

Pero esto no fue lo único que dejó el fallo de la Corte Suprema. Tras ratificarse la cualidad de este servicio, salió a flote la propuesta de que los tiquetes aéreos sean regulados, no por oferta y demanda, sino por el Estado. En entrevista con este diario hace unos meses, Efromovich destacó que aceptaría dicho modelo, pero que ha sido un fracaso en otros países y que la oferta y la demanda son los factores más asertivos para este mercado.

A su turno, Emilio José Archila, exsuperintendente de Industria y Comercio (SIC), explicó que “si bien la Corte Constitucional ha dejado claro que el Congreso tiene el poder de regular los servicios públicos esenciales, no es correcto afirmar que si se cataloga de esta forma, la libre competencia deje de ser una de las modalidades por las que se opte”.

No obstante, para el presidente de la Cámara, “si el transporte aéreo es un servicio público esencial, debería regirse por fuertes regulaciones por parte del Estado. No puede ser que solo se considere esencial para los casos de huelga o en los tratos con los sindicatos; debe ser una figura integral, la cual debería extenderse a la calidad y a los precios”.

Así mismo opina el investigador de la Universidad del Rosario, quien explicó que “en este punto hay una contradicción y es que, ni la Aeronáutica Civil ni el Ministerio de Transporte se han pronunciado sobre los alcances del concepto de que el transporte aéreo no pueda ser paralizado en este sentido”.

Indicó que “esto demuestra que no hay un esquema coherente, además de que hace falta una definición taxativa de qué es y hasta dónde llega la esencialidad en la prestación de estos servicios público, y allí es donde volvemos a que el Legislativo no ha hecho su tarea en más de 26 años, cuando la Constitución dejó claros estos aspectos”.

Sebastián Londoño Vélez
seblon@eltiempo.com

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