Implementar el acuerdo es construir la paz

El cumplimiento de los acuerdos potencia una Colombia más justa, equitativa y equilibrada en su desarrollo.

Proceso de paz

El acuerdo con las Farc va más allá e involucra intervenciones estructurales del Estado para superar las condiciones de pobreza, marginalidad y desatención.

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Economía
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junio 13 de 2017 - 10:00 p.m.
2017-06-13

La implementación de los acuerdos de paz es con seguridad una tarea de mayor complejidad que la propia negociación. En el caso colombiano la implementación se vuelve aún más crítica ante una sociedad polarizada que parece percibir los acuerdos como una concesión particular al antiguo grupo armado y no como una oportunidad para transformar las condiciones estructurales que iniciaron y han mantenido el conflicto armado por más de cincuenta años. La implementación debería leerse como la oportunidad histórica que permitirá al país construir una sociedad más equitativa, más democrática, más justa y con la posibilidad de reivindicar a los habitantes rurales como sujetos históricos, que antes que protegidos y apoyados por el estado, por décadas han sido víctimas del abandono, la indolencia y la inacción del estado nacional. Implementar los acuerdos es construir la paz territorial.

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Por supuesto un acuerdo de paz con una fuerza insurgente obliga a que el Estado reconozca su carácter político y que por ello mismo pacte con ellos condiciones diferentes al simple sometimiento a la justicia.

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El Estado no se aviene a negociar con simples delincuentes, no falsea la justicia para transar con ilegales.


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Un acuerdo de paz es un acuerdo político en el que las partes se reconocen como sujetos que representan visiones encontradas del Estado, pero que antes que seguir con una guerra interminable, están dispuestos a concertar una imagen de Estado que supere las motivaciones de la confrontación y transforme positivamente la vida de los ciudadanos que cada uno dice representar.

Si las demandas del insurgente y los temas a tratar con el Estado estuvieran dirigidas únicamente a su situación legal, el pacto tendría un cariz de simple negociación jurídica.
El pacto debe permitir al insurgente recuperar sus derechos políticos, satisfacer las demandas de justicia de la sociedad respecto de sus acciones y las del Estado, pero sin reducir la dinámica de reparación de la sociedad a la privación de la libertad o al perdón y olvido.

En Colombia se ha ganado en ese sentido: no se pactó una amnistía, ni una ley de punto final y no se dobló la justicia para favorecer de manera asimétrica ni ilegal a los contendores. Y a su vez, se garantizó que los insurgentes puedan acceder al mundo electoral una vez hayan dejado las armas y que por ello el Estado y la sociedad puedan reconocer en ellos un actor político con un discurso que pretenden validar para acceder al poder político de manera pacífica.

Pero el acuerdo va más allá e involucra intervenciones estructurales del Estado para superar las condiciones de pobreza, marginalidad y desatención que han sido el caldo de cultivo de la violencia en el país.

El acuerdo toca múltiples aspectos de la vida nacional y se enfoca de manera privilegiada a cambiar la situación del campesinado y las comunidades étnicas, habitantes del mundo rural, para reconstruir la institucionalidad agraria, que tanto el conflicto como la inoperancia del estado terminaron por desmantelar.

El Estado se venía preparando para estas intervenciones a través del Censo Nacional Agropecuario, la Misión Rural y el proceso de reforma a la estructura institucional de los sectores relacionados con el agro.

Ahora el acuerdo cataliza esta transformación y enfila al Estado a que se convierta en el proveedor de bienes públicos rurales que se soporten el desarrollo de las regiones. Además, implica también un tema conexo: los cultivos de uso ilícito y la necesidad de pactar con los pequeños cultivadores formas reales de transición económica para que abandonen esta actividad y se integren a la vida productiva legal del campo colombiano.

Tal vez todo ello haga que la implementación del acuerdo sea tan compleja. Las intervenciones estructurales en el agro tocan intereses sensibles de un modelo anquilosado en una visión cuasi feudal del campo que ha mantenido la tierra como un símbolo de poder y prestigio, afectando la productividad y la función social de la propiedad.

Una visión diferente del problema de los cultivos de uso ilícito que no señale al campesinado cocalero como delincuente, sino que busque entender y transformar el contexto económico en el que se desenvuelve para ayudarlo a salir de la dependencia de una actividad criminalizada y empobrecedora, afecta los intereses de las mafias que someten al campesinado por su condición de pobreza.

La posibilidad de un ordenamiento real de la propiedad y el uso del suelo rural con criterios económicos, ambientales y culturales adecuados es visto por algunos sectores como un proceso de desconocimiento de la propiedad legítima cuando en realidad a lo que apunta es a fortalecer esa propiedad ganada a justo título.

Implementar los acuerdos es un proceso más complejo que la misma negociación, pero su cumplimiento potencia la posibilidad de una Colombia más justa, más equitativa, más equilibrada en su desarrollo.

Aquí no se trata de favorecer a un antiguo actor armado, de lo que se trata es de superar cincuenta años de guerra que han empobrecido y victimizado a los habitantes del campo.

El Estado debe honrar su palabra empeñada en el acuerdo. La institucionalidad del posconflicto ya empieza esa tarea.

Santos Alonso Beltrán,
gerente nacional de Contratos Plan para la Paz, del DNP.