Aumentar el grupo de delitos y personas que tengan que ir a la cárcel por evadir impuestos sería una realidad en la ley de financiamiento que está trabajando el Gobierno.
Así lo indicó José Andrés Romero, director de la Direción de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), quien aseguró que: “En este momento tenemos varios tipos penales para evasores. Vamos a asegurarnos de que las denuncias que se han realizado se adelanten de la mejor manera. Por eso hemos pedido una cita con el Fiscal General para pedirle que haya un grupo especializado en temas tributarios y aduaneros que nos ayude a agilizar los procesos.
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De este modo, además de los altos evasores del IVA –que hoy podría ser procesados y encarcelados– podrían incluirse a quienes no paguen tributos como la declaración de renta, ya sea de personas jurídica o naturales.
De igual forma, el director de la Dian indicó que podría incluirse también penalidades a aquellos que promueven mecanismos de evasión de impuestos, es decir, asesores y contadores que se prestan para subfacturar o maquillar gastos.
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“La evasión es un problema muy grande y es difícil cuantificarlo; las aproximaciones indican que esta puede tener cifras de 38% para al impuesto de renta y 22% para el impuesto al valor agregado –IVA–, y cuando la gente habla que hay que combatir la evasión fiscal, estamos de acuerdo”, explicó Romero.
Por lo anterior, afirmó también que otra tarea que realizará al frente de la entidad tributaria y aduanera es atacar la informalidad de las empresas, ya que aseguró que incluso unas 1,5 millones de compañías se quedan como tal, para no pagar impuestos. “Incluso, estas firmas le echan la culpa a la dificultad para cumplir las obligaciones tributarias”, indicó.
OTRAS MEDIDAS
Como otras medidas para contrarrestar la alta evasión de impuestos, Romero aseguró que tienen tres cartas bajo la manga.
La primera tiene que ver con el relevo generacional de la planta de personal de la Dian: “Necesitamos 17.000 personas y hay poco más de 9.000, y muchos de ellos están prepensionados, es decir, en cualquier momento podríamos quedarnos con 5.500 personas en total. Acá lo que necesitamos es gente que esté formada técnicamente en temas tributarios y aduaneros”, explicó.
El segundo punto tiene que ver con modernización de la entidad, donde se incluirían por ejemplo trabajos de big data y rastreo de operaciones, que en muchos casos se salen de la trazabilidad contable del Estado.
A propósito, Romero indicó: “Necesitamos conocer quiénes son los beneficiarios finales de los negocios que se hacen en Colombia y necesitamos saber quiénes están detrás de las transacciones en el país, de las operaciones entre sociedades y hacia dónde se van las utilidades”.
Y agregó que dicha información será clave para alimentar los sistemas de big data que están trabajando, de modo que, eventualmente, se conozcan las personas y empresas que están evadiendo.
De igual forma, indicó que podrían pedir información que se realiza en entidades financieras, por ejemplo la de los bancos, ya que, agregó, “a veces suenan muy extrañas y allí se mueve mucho dinero, pero estos recursos finalmente no tributan nada”.
Finalmente, reiteró que el Gobierno está trabajando para incluir en la ley de financiamiento el nuevo sistema para pequeños negocios, con el fin de reemplazar el monotributo, que fue creado en la reforma tributaria del 2016.
Este se llamaría ahora Régimen Simple de Tributación, cuya diferencia sustancial con el anterior impuesto es que se ampliaría el rango de ingresos que las empresas tendrían que tener para acceder al mismo, aunque todavía están estudiando cuáles márgenes dejar en cada uno de los sectores impactados.
Lo anterior se planteó con el fin de que esta vez los negocios sí ingresen al sistema tributario formal, si se tiene en cuenta que con el monotributo apenas 11 pequeñas empresas ingresaron al mismo.
