Un debate 'caliente' tendrá la votación de la ley de licores

Este miércoles, la Plenaria de la Cámara decide si aprueba la iniciativa. Vea el pulso entre Gobierno, comerciantes, políticos y regiones.

El volumen de licores importados ha aumentado desde el 2008.

Archivo particular

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Impuestos
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javier acosta
septiembre 20 de 2016 - 07:49 p.m.
2016-09-20

Este miércoles, la Plenaria de la Cámara de Representantes decidirá si convierte en ley de la República la iniciativa con que se reajustarían los impuestos a los licores, cuyo trámite ya alcanzó su aprobación en segundo debate.

De obtener el respaldo de la mayoría de los representantes, el proyecto de ley será sancionado y el esquema actual de cobro de impuestos a las bebidas alcohólicas cambiará.

Básicamente, la propuesta consiste en igualar la tributación que las compañías nacionales pagan frente a los impuestos que les cobran a las licoreras extranjeras (Lea también: Impuesto de licores preocupa a importadores y al comercio).

La idea, han insistido los ponentes de la iniciativa, encabezada por el senador Alejandro Chacón, es recaudar más recursos para salud, deporte y educación en los departamentos y combatir el contrabando, así como la venta de licor adulterado.

En la actualidad, el cobro del impuesto para los licores se hace a través de dos maneras: la primera, en la que se pagan 306 pesos por grado de alcohol para licores de menos de 35º, y la segunda, para los licores de más de 35º, en el que se paga 502 pesos, razón por la cual hoy las compañías que producen aguardiente pagan más que quienes producen una fina champaña, por su contenido alcohólico.

De aprobarse la iniciativa, el impuesto iguala a todos los licores en 220 pesos por grado de alcohol, y le suma un 25% de impuesto sobre el precio. La idea es que un licor de alto costo y bajo contenido alcohólico podrá medirse de acuerdo a su precio efectivo, cerrando la brecha de desproporcionalidad.

Con esta nueva forma de cobro, los proponentes aseguran que los departamentos recibirán un 20 por ciento más de lo que reciben hoy por este concepto, ya que como ha dicho el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, este dinero se irá a las regiones.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

La iniciativa no ha dejado de causar polémica en el país. El proyecto de ley tiene enfrentados a varios políticos curtidos y de amplia trayectoria e ideologías políticas distintas (Vea además: Ley de licores dispararía el contrabando y afectaría a los negocios locales).

Entre los que se oponen a que se apruebe el proyecto están los senadores Iván Duque (Centro Democrático) y Jorge Robledo (Polo Democrático), así como el presidente de Fenalco, Guillermo Botero.

En el bando contrario está el director de la Federación Nacional de Departamentos, Almykar Acosta, la ministra de Industria y Comercio, María Claudia Lacouture y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Quienes no están de acuerdo con el proyecto de ley insisten en que éste va en contra de la industria nacional y a favor de las transnacionales productoras y las 'contrabandistas' de licor.

“Es una ley diseñada para empujar a la ruina a la industria nacional de licores en beneficio de los importadores extranjeros, aumentándoles la participación en el mercado. Además, el aumento de impuestos a los licores en lugar de reducir aumentará el contrabando y la producción de licor adulterado”, señala el senador Robledo.

Para él, es falso que el proyecto de ley les garantice a los departamentos los ingresos que reciben por concepto de venta de licores.

“Las cifras del Gobierno están infladas. Por ejemplo, según las proyecciones del ministro Cárdenas, en 2017 el consumo de aguardiente, que representa el 50 por ciento del mercado, será de 88,9 millones de botellas, un crecimiento proyectado del 18 por ciento desde 2013. Sin embargo, entre 2012 y 2015 el consumo de aguardiente cayó 33 por ciento. Y sus proyecciones de ingresos dicen que por efecto de la reforma el recaudo de impuestos total crecerá en $270.742 millones. Para departamentos como Cundinamarca, dice el Gobierno, los ingresos subirán $87.074 millones, pero esa gobernación señala que por efectos de la reforma sus ingresos caerán anualmente en $58.899 millones entre 2016 y 2022, para un total de pérdidas de $412.291 millones”, asegura el senador Jorge Robledo, uno de los más fervientes opositores.

En la misma orilla está el senador Iván Duque. Sus afirmaciones han sido más vehementes.

“El país está ante un proyecto nefasto que se puede embellecer para tratar de reducir el impacto. No hay que desvertebrar la Constitución para favorecerse, así como lo ha hecho este Gobierno hasta ahora”.

Para el senador Duque, el proyecto, además de inconveniente, es inconstitucional porque acaba con el monopolio rentístico de licores protegido por el artículo 336 de la Constitución.  

El artículo 336 de la Constitución establece como excepción al principio de la libre competencia la existencia del monopolio de licores. Esta medida les da a los departamentos la posibilidad de controlar su producción y comercialización y establece arbitrios rentísticos destinados a fines públicos y sociales, especialmente para salud y educación. 

Según quienes se oponen a la iniciativa, la ley le prohíbe a los departamentos emplear los instrumentos para ejercer el monopolio como los precios mínimos y las cuotas de mercado.

En una reciente columna de opinión escrita para Portafolio, el senador Duque señaló que "en Colombia el 24 por ciento del mercado de licores es ilegal y se encuentran allí tanto el licor de contrabando como el licor adulterado. Al aumentar el impuesto a todos los licores -como lo señala el proyecto- se incentiva la ilegalidad". (Lea la columna de opinión: 'Guayabo departamental').

Duque también asegura que el proyecto de ley es "inequitativo" porque la mayor carga fiscal recae sobre los licores nacionales versus el licor importado e inclusive con la nueva modalidad tributaria, el ron importado queda en condiciones ventajosas frente al ron nacional.

Por su parte, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, ha dicho que el “aumento excesivo en los precios de los licores no necesariamente traerá el aumento en el recaudo que esperan” y que por el contrario aumentaría la falsificación y la adulteración de trago (“Nuevo impuesto a licores incentivará el contrabando y la adulteración”: Fenalco).

A FAVOR

Recientemente Almykar Acosta, director de la Federación Nacional de Departamentos, aseguró que la iniciativa que está en estudio es muy distinta a una propuesta de la ley de desarrollo, adelantada el año pasado, que no vio la luz por varias inconveniencias, que ya fueron ajustadas y que en la actualidad beneficiarían a los departamentos colombianos.

“Se dio una gran concertación, a través de múltiples foros abiertos en las regiones y se consultó a los gobernadores y gerentes de fábricas nacionales de licores. Adicionalmente, se establecieron normas que preservan el monopolio en toda la cadena, esto es en la producción, la introducción y la distribución”, dijo Acosta.

Asimismo, el ministro Cárdenas ha insistido en que aumentarán los recursos, con los cuales se desarrollarán proyectos en salud, deportes y educación.

Por su parte, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, ha indicado que el monopolio se mantiene en cabeza de los departamentos y se reglamenta para generar reglas claras, y que así, el aguardiente estará protegido tanto en materia de producción como de introducción por ser un licor nacional, desmitificando algunos señalamientos que se han hecho en contra de la ley.

OTROS PUNTOS DE LA INICIATIVA, ADEMÁS DE IMPUESTOS

Según el proyecto, los departamentos podrán licitar la producción de sus bebidas alcohólicas o autorizar a las empresas que desee a producir alcohol, es decir se mantendría el monopolio.

Además, su distribución sería regulada, ya que el proyecto autoriza a los departamentos a entregar licencias para la distribución de licores para tener mayor control.

Así mismo, el aguardiente será una bebida nacional, hecho que le otorga beneficios y protección.

Finalmente, se tendría más control sobre el contrabando porque se propone que los departamentos verifiquen la autenticidad de los licores, directamente desde las casas matrices.

Javier Acosta 
Portafolio.co