Cinco razones que justifican una reforma tributaria estructural

Guillermo Perry, de la Comisión Tributaria, afirma que si el país adopta lo propuesto se recaudaría lo suficiente para aumentar el gasto social.

Guillermo Perry / Ex ministro

Archivo Portafolio.co

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octubre 10 de 2016 - 12:13 p.m.
2016-10-10

Se aproxima la hora para que el Gobierno Nacional haga entrega ante el Congreso de la República del proyecto de reforma tributaria. 

Guillermo Perry Rubio, exministro de Hacienda (y quien formó parte de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria), argumentó que el país debe reformar su sistema tributario ya que este es demasiado complejo para los contribuyentes, quita incentivos a la generación de empleo y facilita el incremento de la evasión.

Las críticas en torno al estudio de la Comisión de expertos no se han hecho esperar.

¿Cómo las analiza?

Las críticas que he visto se refieren a puntos muy específicos: el IVA a tal o cual producto, el impuesto a las transacciones financieras y el gravamen a los dividendos.

Es importante recordar que se trata de una propuesta de reforma integral, como nos lo solicitaron el Gobierno y el Congreso. Por eso es necesario no perder de vista el bosque por concentrarse en un solo árbol, o en una rama.

A nuestro juicio, si esta propuesta se adoptara en su conjunto –por supuesto, con afinamientos puntuales–, el país quedaría con un sistema tributario que generaría suficiente recaudo para mantener y aumentar el gasto social y en infraestructura que los colombianos necesitamos; se distribuirían las cargas en forma más equitativa, haciendo que los que más tenemos paguemos más.

Se castigaría mucho menos la inversión y la creación de empleo, que es lo que sucede con el régimen actual; y, además, sería mucho más sencillo que el código actual, facilitando así al contribuyente el pago de sus obligaciones.

Estos son los cuatro criterios que debe cumplir un sistema tributario moderno. Confiamos en que los ciudadanos, el Gobierno y el Congreso, al conocer mejor la integralidad de la propuesta, coincidan en que cumple con ellos.

¿Por qué Colombia necesita reformar su sistema tributario?

Por cinco grandes razones. Primero, porque es demasiado complejo para el contribuyente común y corriente y para las empresas pequeñas y grandes, que prácticamente tienen que llevar dos contabilidades distintas (una para cumplir con las normas internacionales que adoptó el país y otra, la vieja, para la Dian).

Segundo, porque es tremendamente inequitativo, pues dos personas o dos empresas que ganan lo mismo pagan tasas enteramente diferentes, según los privilegios tributarios a los que tienen acceso.

Tercero, porque los muy ricos pagan muy poco y una gran parte de la clase media no paga nada de impuesto a la renta, a diferencia de lo que ocurre en los países serios.

Cuarto, porque castiga absurdamente la inversión productiva y la creación de empleo formal. Y, quinto, porque, ahora que se acabó el ‘boom’ petrolero, no permite recaudar ni siquiera para mantener el nivel actual de gastos en educación, salud e infraestructura.

Conviene recordar que los ingresos fiscales del petróleo se reducen drásticamente a partir de este año. No se disminuyeron en el 2015 porque todas las petroleras pagaron impuestos de renta todavía altos y Ecopetrol distribuyó dividendos muy considerables, liquidados sobre sus utilidades del año 2014, cuando los precios promedios del petróleo eran todavía superiores a los 90 dólares por barril. Hoy están por debajo de 40 y es improbable que vuelvan a subir siquiera a los 60.

¿Qué responde a quienes afirman que solo con combatir la evasión sería posible solucionar todas las necesidades en materia de ingreso?


Que eso por supuesto hay que hacerlo, pero que no basta. La Dian necesita una compleja reingeniería y un fortalecimiento importante, como los que proponemos, para que pueda controlar bien la evasión, pues su atraso tecnológico y sus necesidades de mayores capacidades especializadas son dramáticas. La complejidad actual del sistema tributario y la multitud de privilegios tributarios están hoy diseñados para facilitar la evasión.

¿En qué consiste el desequilibrio que existe entre las personas naturales y jurídicas y cómo se corrige?

Colombia grava en exceso a muchas empresas: a las que no tienen privilegios tributarios. Si bien eso no impidió que el país creciera cuando teníamos la fortuna de tener precios altísimos del petróleo y los minerales que exportamos, hoy está reduciendo el nivel de inversión, de crecimiento económico y, por tanto, de creación de empleo formal, lo que perjudica a todos los colombianos.

Con ello nos estamos pegando un tiro en el pie. En contraste, como ya dije, tanto las personas muy ricas, como una gran parte de la clase media, tributan muy poco en comparación con lo que ocurre en otros países del mundo.

¿Por qué se puede justificar el aumento de la base y las tarifas del IVA?


Permítame contestarle con un ejemplo. Los países escandinavos (Suecia, Noruega y Dinamarca) tienen las sociedades más igualitarias del planeta y el mejor Estado de bienestar para todos sus ciudadanos: educación, salud y protección social de primera calidad e infraestructura y servicios públicos envidiables. Y mantienen ese Estado de bienestar (lo que nuestra Constitución llama un Estado social de derecho) cobrando impuestos de renta altos a la mayoría de sus ciudadanos (más altos a los más ricos), prediales altos y un IVA con tasas entre 21 % y 24 % a la casi totalidad de los productos y servicios que consume la población.

Como diría Mockus, todos ponen y todos están mucho mejor. Prácticamente no existe ningún país moderno, ni en América Latina, en donde el IVA –o un impuesto a las ventas que tiene un efecto similar– no financie entre el 40 % y el 60 % de los gastos colectivos.

El IVA es un impuesto fácil de recolectar y que produce mucho recaudo si tiene muy pocas excepciones o productos y bienes exentos. No podemos darnos el lujo de seguir con un IVA tan perforado y que produce tan poco recaudo y cuya multitud de excepciones y productos exentos beneficia más el consumo de los más ricos, que el de los más pobres, como lo han demostrado estudios de Fedesarrollo.

¿Pero qué les dice a quienes aseguran que si se elimina la corrupción, se podrían mantener los gastos en educación, salud e infraestructura sin aumentar el IVA?

El Gobierno y el Congreso deberían comprometerse con nosotros los ciudadanos en un nuevo pacto social: ellos acaban con la mermelada y adoptan una política de cero tolerancia con la corrupción y nosotros contribuimos, en la medida de nuestras capacidades, al financiamiento que requiere una buena educación pública, un buen sistema de salud y una infraestructura pública decente para todos.

Y los ciudadanos deberíamos vigilar más estrictamente el gasto público, a través de organizaciones como las que hoy hacen seguimiento al funcionamiento de las alcaldías, y castigar con nuestro voto a los que no cumplen.

Así es como funcionan las sociedades más avanzadas que la nuestra. No cabe duda de que habría más disposición a contribuir, si los ciudadanos percibiéramos un mayor compromiso del Gobierno y los partidos para frenar la corrupción y el uso clientelista de recursos públicos.

¿Qué se debe hacer con las entidades sin ánimo de lucro?

El país tiene excelentes entidades sin ánimo de lucro que hacen una gran tarea social. Pero, el régimen actual extiende beneficios tributarios y de contratación pública a muchísimas otras que tienen ánimo de lucro o que son simplemente vehículos de elusión y evasión de impuestos por parte de algunas empresas y personas, incluyendo muchos políticos, y que han sido fuente de repetidos escándalos.

Nuestra propuesta trata de separar las peras y las manzanas: mantener beneficios tributarios para las entidades sin ánimo de lucro que cumplen una función social importante y quitárselos a las demás. Consideramos, además, que ni estas entidades ni ninguna otra deben tener preferencias en la contratación pública.

¿Qué hay respecto a la Dian?


Planteamos una propuesta de reforma institucional y fortalecimiento tecnológico, de personal especializado y presupuesto, que permitiría que en unos años tengamos una administración tributaria que controle la evasión y que se cuente entre las mejores de América Latina, lo que hoy no ocurre.

¿Qué más tiene la propuesta?


Hace propuestas sobre los parafiscales, los impuestos a los combustibles, los tributos y gravámenes departamentales y municipales y las regalías petroleras y mineras.

Los trataremos en otra ocasión, pero ¿qué le dice a quienes afirman que pasar una reforma estructural en Colombia es un imposible político?

Que eso depende de todos nosotros. Veo que hoy día hay una mayoría de empresarios conscientes de que la feria de privilegios tributarios para algunos acabó haciéndole muchísimo daño a todo el sector empresarial, pues llevó a imponerle impuestos absurdos y altísimos a la mayoría de las otras empresas.

Hace falta, sin embargo, que todos los ciudadanos nos convenzamos de que sin una tributación moderna y equitativa, donde todos pongamos de acuerdo con nuestras posibilidades, y sin un gasto público más eficiente y con menos corrupción, no tendremos la sociedad que deseamos para nuestros hijos. Y que le exijamos, en consecuencia, mayor seriedad al Gobierno, al Congreso y a los partidos en esto.

¿Qué pasa si no se hace nada?

Un problema grave a corto plazo y un desastre a largo plazo. El problema de corto plazo consistiría en que, sin un aumento de recaudos y una reducción de gastos públicos improductivos, Colombia dejará de tener el relativo buen comportamiento económico que señalaba el viernes el Presidente del Banco Mundial.

Peor aún, podría acabar en una crisis económica como la que tiene Brasil, por no haber arreglado a tiempo su desequilibrio fiscal. El desastre de largo plazo sería el de seguir estancados en una sociedad tan desigual, tan poco solidaria y tan poco competitiva.

Pero el propio presidente Santos pareció distanciarse del trabajo hecho por ustedes...

Nosotros entregamos nuestro trabajo al Gobierno el 24 de diciembre, unos días antes del plazo fijado por la ley. El Ejecutivo está procediendo a estudiarlo y decidirá si acoge o no nuestras propuestas, o parte de ellas, y, si las acoge, cuándo las presenta al Congreso.

Los exmiembros de la Comisión nos habíamos abstenido de hacer declaraciones públicas sobre la propuesta, para darle un tiempo prudencial a todo el Gobierno para que las estudiara en mayor profundidad (la Dian y el Ministerio de Hacienda las conocen bien, pues participaron en las deliberaciones de la Comisión con voz aunque sin voto) y distribuyera oficialmente el documento completo.

Pasado un mes entendemos que estos trámites se han cumplido y, comoquiera que ha comenzado a discutirse la propuesta por pedazos, lo cual nos parece inconveniente, hemos considerando nuestra obligación comenzar a explicar lo mejor posible su verdadero alcance.

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TRIBUTARIA


Con la aprobación de la reforma tributaria del 2014 (Ley 1739), fue creada una Comisión de Expertos ad honorem la cual tuvo como objetivo hacer un estudio detallado del actual sistema tributario nacional y proponer una serie de reformas enfocadas a hacerlo más equilibrado y eficiente. La Comisión presentó al Gobierno tres informes trimestrales y uno final con las propuestas para modificar el régimen tributario.

Los integrantes de la Comisión, presidida por el director de la Dian (Santiago Rojas) fueron: Ricardo Bonilla González, Rosario Córdoba Garcés, Alfredo Lewin, Soraya Montoya González, Óscar Darío Morales, Guillermo Perry Rubio, Julio Roberto Piza, Miguel Urrutia, y Leonardo Villar.

Ricardo Ávila Pinto
Director de Portafolio