Gobierno revisará si debe actuar frente
a la condena en Brasil contra Odebrecht

Su grupo empresarial tiene contratos en Colombia con proyectos como la
Ruta del Sol Sector 2 y la recuperación de la navegabilidad del Magdalena.

Obredecht

Odebrecht tiene contratos en las obras Ruta del Sol Sector 2, la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena y la Transversal de Boyacá Fase 2, cuyos costos ascienden a los $6 billones.

Archivo Portafolio.co

Infraestructura
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con información de agencias
marzo 08 de 2016 - 10:58 p.m.
2016-03-08

El Gobierno Nacional le ‘salió al pasó’ a la condena que se conoció este martes contra Marcelo Odebrecht, expresidente ejecutivo de Odebrecht SA, quien deberá pasar 19 años en la cárcel en Brasil por su rol en el escándalo de corrupción de Petrobras.

Odebrecht tiene contratos suscritos e inversiones en empresas que están llevando a cabo en Colombia las obras Ruta del Sol Sector 2, la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena y la Transversal de Boyacá Fase 2, cuyos costos ascienden a los $6 billones.

Ante este escenario, el Ministerio de Transporte informó que le solicitó al Gobierno brasileño copia de la sentencia proferida contra Odebrecht y otros directivos.

Teniendo este documento, la Cartera definirá si la información debe pasar a manos de la Superintendencia de Sociedades, la cual revisaría si se deben proferir sanciones contra Odebrecht, o si la responsabilidad recae en la entidad contratante.

Respecto a los contratos de las obras en manos de la firma brasileña condenada, Mintransporte aseguró que vigilarán su avance para asegurarse de que esta situación no afecte el patrimonio público.

ODEBRECHT, CONDENADO

Marcelo Odebrecht, quien hasta su arresto dirigía el conglomerado familiar conocido como Odebrecht SA, fue condenado por soborno, lavado de dinero y crimen organizado.

La condena de Marcelo Odebrecht, el nieto de 47 años del fundador de una compañía que en las últimas décadas se convirtió en sinónimo de grandes proyectos públicos, es la más notoria hasta el momento entre decenas de ejecutivos acusados en la operación de casi dos años llamada "Lavado de Autos".

El abogado de Odebrecht, Nabor Bulhoes, dijo que la condena era "un grave error judicial", en un comunicado en el que anunció que apelará la decisión.

La investigación ha desestabilizado al Gobierno de Brasil y ha conducido al arresto de ex colaboradores y aliados de la presidenta, Dilma Rousseff.

La semana pasada, alcanzó un punto de inflexión político cuando los fiscales detuvieron brevemente al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser interrogado.

El escándalo, que se remonta a la administración de Lula y a un momento en que Rousseff encabezaba el directorio de la compañía petrolera estatal Petrobras, gira alrededor de una intrincada trama de sobrefacturación y miles de millones de dólares en sobornos que contratistas pagaban a políticos, partidos y ejecutivos de empresas a cambio de trabajos.

De acuerdo al veredicto de Sergio Moro, el juez federal de la sureña ciudad de Curitiba que lleva adelante la investigación, Odebrecht formó un "cártel" con otras compañías a través de las cuales, desde 2006, amañaron "sistemáticamente" las licitaciones de proyectos de Petrobras.

"Los contratistas, unidos en algo que ellos llamaban un 'club', acordaban previamente entre ellos quiénes serían los ganadores de los contratos de Petrobras, manipulando los precios presentados durante las licitaciones", escribió Moro.

"Fueron capaces de, sin ninguna competencia real, ser contratados al precio más alto posible", agregó.

Autoridades de la sede central de Odebrecht en la ciudad de Salvador no respondieron los llamados pidiendo comentarios.

Una portavoz en la oficina de la compañía en Sao Paulo prefirió no hacer declaraciones.
El ex ejecutivo es considerado una figura crucial en el caso debido al peso de la compañía y a sus vínculos cercanos con líderes políticos actuales y pasados, como Lula, quien según los fiscales habría recibido pagos ilícitos o favores de Odebrecht y otras constructoras.

Lula, quien sigue siendo uno de los políticos más populares de Brasil, ha negado haber cometido un delito.