Habría nuevas reglas para liquidar APP antes de tiempo

Con un proyecto de ley, el Mintransporte busca eliminar un artículo de la reforma de la contratación pública, aprobada en diciembre pasado.

Infraestructura

Se podría hacer extinción de dominio, en caso de que el contratista cometiera un delito.

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julio 26 de 2018 - 09:08 p.m.
2018-07-26

Con la radicación de un proyecto de ley del Ministerio de Transporte, el país podría tener nuevas reglas de juego para la terminación anticipada de megacontratos.

El documento, conocido por el noticiero Tu Mundo Hoy de Citytv, revela que el articulado fue radicado ante la Secretaría del Senado el pasado 12 de junio, pero no se le asignó ponente, por lo cual será tarea del nuevo gobierno darle continuidad.

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No obstante esto, un grupo de congresistas del ala liberal y de los ‘verdes’ aseguró que ellos planean sacar adelante el proyecto y aplaudieron que el ministro Germán Cardona cumpliera con lo que prometió en el Senado, donde dijo que presentaría dicha iniciativa legislativa.

La propuesta busca eliminar el artículo 20 de la reforma a las leyes de contratación, infraestructura y asociaciones público - privadas (APP), que en su momento fue denunciado por varios actores como un ‘mico’, ya que –según ellos– abría la puerta a que potencialmente se les devolvieran recursos a contratistas que pagaron coimas por obtener las obras.

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De hecho, en la exposición de motivos del documento, el Mintransporte asegura que “los procesos de contratación estatal en ciertos casos se han visto permeados por factores de corrupción”, con lo cual se presenta esta propuesta, “con el fin de aclarar las reglas que permitan la salvaguarda de los derechos e intereses de terceros de buena fe, en caso de terminación anticipada de un contrato de APP, originada en causales de nulidad absoluta”.

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REGLAS CLARAS

De allí que se incluyera una hoja de ruta sobre cómo proceder, en caso de que una autoridad judicial anulara plenamente el contrato de APP, de modo que se les reconozcan las inversiones hechas, pero sería la interventoría la que daría el visto bueno para aprobar dichos beneficios.

La norma establece los “cuatro criterios que debe validar la interventoría para permitir estos reconocimientos a favor del contratista”, que deben destinarse a pagar prestaciones ejecutadas por terceros, aunque este capital no podrá sobrepasar los aportes de capital de los socios, ni superar el precio del contrato anulado.

El segundo parágrafo del proyecto de ley presentado mantiene vivas las posibles consecuencias que tendría que enfrentar el concesionario involucrado, en caso de que cometieran un delito y que esto llevara a que anulara el contrato, por lo cual se le abriría la puerta a la Superintendencia de Industria y Comercio, de Sociedad o Financiera a remover las ‘cabezas’ de la sociedad salpicada.

“Únicamente, una vez culminado el proceso de pagos a terceros, cesarán los efectos de la remoción de los administradores por parte de la Superintendencia competente y la sociedad estará de nuevo en la libertad de efectuar los nombramientos que correspondan. Adicionalmente, esta norma va más allá y establece explícitamente que ese contratista no podrá recibir remanente alguno de la liquidación”, señala el Mintransporte.

El último parágrafo incluido se da como triunfo a la Contraloría General de la República, ya que permitirá que efectivamente se resarzan el patrimonio público que pudo afectarse con la liquidación o caducidad del contrato.

Además, le abre la puerta a que se use la figura de la extinción de dominio en los casos en que se cancelen las concesiones por cuenta de que sus ganadores cometieron delitos, como fue el caso de la firma brasileña Odebrecht, que se quedó con los contratos de la Ruta del Sol II y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.

OPINIONES ENCONTRADAS


Por un lado, los entes de control y un grupo de congresistas aplaudió el hecho de que sí se presentara el proyecto de ley ante el Congreso, y ellos planean hacerle la solicitud al nuevo gobierno para que le dé continuidad y le ponga un ponente en la respectiva comisión.

De hecho, el mismo contralor general, Edgardo Maya, había indicado que, de no presentarse el proyecto, demandaría la reforma inicial: “En el evento en que no haya corrección, tenemos lista la demanda para presentarla”. En tanto, por el lado de los privados, este diario conoció que están estudiando el articulado radicado por el Ministerio de Transporte, a la par que indicaron que la ley aprobada en diciembre les dio seguridad jurídica y reactivó los cierres financieros de las vías 4G.

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