Al país todavía le quedan más de 30 tribunales de arbitramento por resolver en el sector de infraestructura, situación que, eventualmente, podría retrasar algunos proyectos involucrados.
De acuerdo con la información más reciente, revelada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), actualmente hay en curso 34 tribunales de arbitramento activos en los que dicha entidad participa.
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El mecanismo, que busca resolver problemas contractuales que puedan presentar los proyectos de infraestructura, ha sido la manera más rápida utilizada por las partes para solucionar sus conflictos.
Por otro lado, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en su Centro de Arbitraje y Conciliación, una de las instancias más utilizadas para resolver diferencias entre las partes, al cierre del año pasado se radicaron 28 casos, de los cuales 24 siguen activos.
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Dentro de los recursos presentados, según la CCB, 19 eran por temas de infraestructura y otros 9 corresponden a pleitos relacionados con derecho administrativo.
Del total de demandas presentadas, 20 tienen un valor superior a los 400 salarios mínimos legales vigentes, es decir, aproximadamente unos $314 millones cada uno.
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Según Santiago Pérez, director jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), este es sin duda uno de los mejores mecanismos para que se pueda llegar a un acuerdo cuando hay problemas contractuales.
“Para el gremio es muy importante que los contratos de infraestructura tengan cláusulas compromisorias claras, que brinden seguridad jurídica a las partes y que permitan resolver los conflictos que se presentan en los proyectos”, manifestó el directivo.
Sin embargo, Pérez indicó que a este mecanismo todavía falta hacerle ajustes.
“Es importante mejorar los tiempos de los arbitrajes. Hoy en día el promedio es de 31 meses, y frente a la jurisdicción ordinaria es un buen referente, pero sigue siendo un periodo muy largo frente a las necesidades de pronta decisión en los proyectos”, explicó el Director Jurídico de la CCI.
Otra de las observaciones que hace el gremio de la infraestructura es que debe reducirse el “excesivo procesalismo, que actualmente contempla el trámite, y que genera que una demora de más de un año en la fijación del litigio. Es importante la capacitación de los arbitros en temas técnicos y financieros relacionados con infraestructura”, explicó Pérez.
Aún así, los principales actores del sector coinciden en que ese mecanismo legal es cada vez más utilizado, ya sea por su agilidad, o por las dificultades contractuales que los proyectos de infraestructura presentan.
“ El incremento en los tribunales se presenta porque en la gestión de los contratos no se toman decisiones oportunas y correctas. El funcionario público no cuenta con un respaldo jurídico y normativo que le dé confianza y seguridad frente a la toma decisiones”, anotó.
“Por esa razón las entidades contratantes prefieren postergar las decisiones y dejarlas en cabeza del juez del contrato”, concluyó el directivo del gremio de la infraestructura.
LO QUE SE HA AHORRADO
Si bien los tribunales de arbitramento han sido una manera más rápida para solucionar conflictos en los contratos, también han servido para que el Estado pueda defenderse y ahorre dinero en los procesos.
Según la ANI, desde el 2011 la entidad logró evitar que el Estado pague $2,4 billones en pretensiones económicas formuladas por concesionarios ante 39 tribunales de arbitramento.
“Esta es una muestra del acierto que tuvo el Gobierno al crear a la ANI como entidad técnica capaz de estructurar, contratar y ejecutar las más importantes obras de infraestructura que requiere el país, y de un equipo calificado”, manifestó Dimitri Zaninovich, presidente de la ANI.
