La reforma a las leyes de contratación pública y asociaciones público - privadas (APP) e infraestructura tendría varios alcances agridulces, según distintos analistas.
“La parte que no me gusta para nada es que la ley establezca una responsabilidad para consultores, asesores e interventores”, señaló Carlos Gustavo Arrieta, abogado socio de Arrieta Mantilla & Asociados.
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“Como quedó planteada en la ley, se parte de una premisa que me parece ridícula y es que la entidad estatal que contrata, se hace a un lado y pareciera que no tiene nada que ver en ese proceso de contratación o de ejecución del contrato”, agregó.
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A propósito de esto, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), explicó que “si bien la ley no pretende reformar toda la contratación pública, sí se debe aclarar que en lo referente a lo dicho por Arrieta, no es un artículo nuevo; la cuestión es que el Estatuto Anticorrupción le acuñó a interventores responsabilidades que no les correspondían, y esta ley lo que hizo fue acotarlas”.
Comentó que, de hecho, en ese momento “se generó un alto desincentivo de interventores, porque ya no sabían qué hacer; es decir que no solo debían responder por su actuar, sino por el del contratista o concesionario, y en un estado de derecho las responsabilidades son solo propias. Ahora, esto no quiere decir que queden sin las suyas, que son por omisión o actuación”.
A su turno, Paola Larrahondo, abogada de la firma Gómez Pinzón, quien fue citada por Juan Martín Fierro en una columna de este diario, resaltó que “la ley trae soluciones puntuales, sobre todo en el tema predial. Pero está lejos de ser esa reforma ambiciosa que todos esperábamos para solucionar específicamente los problemas de financiación de las vías de cuarta generación (4G)”.
Añadió que “solo quedó un artículo con una solución muy discreta a partir de una fórmula de liquidación donde se tienen en cuenta unas consideraciones para que, en caso de que se declaren nulidades, los bancos puedan ser resarcidos”.
Frente a esto, el dirigente gremial respondió que “los ajustes hechos brindan seguridad jurídica, fortalecen y restauran la confianza inversionista en los proyectos de infraestructura de transporte”. Lo anterior, dijo, “se ha venido evidenciando al acelerar el ritmo de varios cierres financieros del programa 4G”.
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