Con solo 4 años, reformarían la ley de infraestructura

El Congreso está cerca de retomar, en tercer debate, las discusiones para reformar dicho articulado.

Obras

Regulación en cuanto a hallazgos arqueológicos, uno de los temas pendientes de la ley de infraestructura.

Luiz Lizarazo/CEET

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agosto 22 de 2017 - 07:41 p.m.
2017-08-22

La Ley 1682 del 2013, más conocida como de infraestructura cumplirá, en tres meses, cuatros años de haberse promulgado y su balance es agridulce.

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Así lo detalla un informe de Santiago Pérez Buitrago y Efrén Ordóñez, quienes son –respectivamente– el director y coordinador jurídicos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), y quienes concluyeron, en principio, que las percepciones sobre dicha ley “son disímiles y los interrogantes aún subsisten”.

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BALANCE AGRIDULCE

Puntualmente, destacan que si bien el articulado tendría un saldo de uno a cero a favor, es claro que desde el mismo Ministerio de Transporte se presentó otro proyecto para reformar dicha ley, y que hoy está a punto de surtir su tercer debate.

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El informe especifica, por un lado, que en cuanto a normatividad y competencia, “la ley brindó un marco mejor definido, en relación con la regulación anterior, pues se concretó la participación de entidades, jueces, operadores, dueños de las redes y el Mintransporte”.

En segundo lugar, agrega, en materia predial se presenta un avance significativo y “las disposiciones normativas pretenden resolver, de un solo tajo, la indefinición existente en relación con predios de historial registral dudoso”. Sin embargo, Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), indicó hace unos meses que en materia de avalúo de terrenos, se ha registrado un aumento de cerca del 100%, en comparación con los cálculos iniciales de los concesionarios.

Y aunque el informe destaca que la ley ‘pasó el examen’ en los puntos relacionados con especificaciones ambientales, traslado de redes e impacto en asuntos mineros, otros resultados no fueron tan favorables.

Es el caso de expropiación de predios, “la percepción de quienes piensan que hay mejoras y consideran que estas han sido leves presenta un empate del 48% cada uno”, mientras que en licenciamiento ambiental este índice fue de 52%. Finalmente, relacionado a las consultas previas y el traslado de redes, “hay un sector con un 35% que afirma no haber mejores, y otro grupo con 52% que considera que apenas son leves”.

Lo anterior, según la CCI, fue la percepción punto a punto que hicieron los contratistas, con corte a julio de este año.

Igualmente –destacan los funcionarios de la CCI– aún quedan varios asuntos por resolver, como los temas arqueológicos, que se han “convertido en el nuevo fantasma de las ejecuciones contractuales y sus quehaceres resultan de muy difícil manejo por parte de los ejecutores”.

Para estos casos, apuntan, la licencia y trabajos se asignan a un arqueólogo, con lo cual proponen que sean dados al proyecto y que las “actividades de extracción y custodia puedan ser ejercidas por profesionales subordinados al mismo, pero con la supervisión del experto delegado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh)”.

Otro de los puntos que señala la Cámara es el de las consultas previas, en el que se mantienen firmes al decir que es vital que se apruebe el proyecto de ley estatutaria, que el Gobierno comenzó a socializar la semana pasada.

Finalmente, agregan Pérez y Ordóñez, hay otras dos aristas que requieren de reglas claras o detalles: la tributaria y la administrativa. Con respecto a la primera, afirman que “las recientes reformas y la expedición del marco regulatorio han acrecentado la desconfianza en torno a la seguridad jurídica de los contratos, pues pese a que se han incorporado reglas para el manejo de la transición y del riesgo, no se están aplicando”.

Sobre la segunda, identificaron una falta de apoyo por parte de autoridades locales frente a ocupaciones ilegales, “entidades que se niegan a practicar desalojos y restituciones, conforme lo ordena la ley, cuando es requerido por el contratista”.

DEBATE DE LA 'REFORMA'

Ahora, buena parte de dichos aspectos quedarían solucionados con la reforma a la ley de contratación pública que está tramitando el Congreso y que le restan aún dos debates para ser promulgada.

Sin embargo, su paso legislativo está frenado hace dos meses, desde el 21 de junio pasado, cuando fue publicada la ponencia para su tercer discusión.

Consultado sobre esto, el representante conservador Telésforo Pedraza, ponente del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara, afirmó que pronto retomarán las discusiones. “Estoy pendiente de hablar con el nuevo ministro de Transporte (Germán Cardona), a quien veré hoy, y después habrá una audiencia pública”, añadió.

Y concluyó que en el Congreso hay buen ambiente para el debate, pero “hay algunas observaciones”

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