Los ajustes que empresarios y gremios proponen para las consultas previas en el país

Implementar un censo adecuado, registrar cada una de las comunidades de las zonas de influencia y radicar urgentemente el proyecto de ley estatutaria, entre los pedidos.

El proyecto reglamentaría que las consultas previas no pueden durar más de 9 meses en protocolizarse.

El proyecto reglamentaría que las consultas previas no pueden durar más de 9 meses en protocolizarse.

Yomaira Grandett/EL TIEMPO

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Portafolio
noviembre 28 de 2017 - 10:20 p.m.
2017-11-28

La última legislatura del Congreso de la República está en la recta final y, aún así, el Gobierno todavía no ha presentado el proyecto de ley que reglamenta las consultas previas en el país.

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Este fue uno de los comentarios que más se escuchó durante el XIV Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) la semana pasada, teniendo en cuenta que es uno de los puntos que tiene en vilo el avance de obras de varias concesiones de cuarta generación (4G).

De hecho, Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, le hizo un llamado al Ministerio del Interior para que radique el articulado, del cual la cartera publicó su borrador hace unos meses en la página web, pero que sigue sin presentar.

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“No podemos darle más largas al trámite de una ley estatutaria de consultas previas. Como lo manifesté en una reciente columna de opinión, las consecuencias de mantener esta iniciativa en los anaqueles del olvido, ahora empiezan a sentirse con mayor rigor”, aseguró el directivo gremial.

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Y es que dicha dilatación ha llevado a que tiempos, costos y procesos que giran en torno a las consultas, sigan afectando los cronogramas de los proyectos, además de que “obstaculizan la consecución de la financiación necesaria para ejecutar las obras y truncan el anhelo de extender las vías modernas y seguras que tanto requiere el país”, agregó Caicedo.

De hecho, los concesionarios de las 4G vienen trabajando con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Mininterior, con el fin de protocolizar varios de estos procesos. Entre estos, se encuentran la Concesionaria Vial Unión del Sur (vía Pasto - Rumichaca), y hasta hace unos meses estaba también Construcciones El Cóndor (en la autopista Cesar - Guajira).

Este último proyecto se convirtió en la primera 4G liquidada por cuenta de las consultas previas, debido a que el mecanismo de participación no les dejó instalar un peaje, dejando inviable la concesión de $1,6 billones. En su momento, Luz María Correa, presidenta de la firma, señaló: “Uno de nuestros peajes estaba habilitado, pero quedó frenado por cuenta de un proceso de consultas previas, ordenado por la Corte Suprema de Justicia, y que las comunidades frenaron”.

Por este ejemplo, los privados esperan con urgencia la radicación de dicha iniciativa ante el Legislativo.

EN EL LIMBO


De otro lado, varios asociados de la CCI comentaron que entre los principales ajustes necesarios a la hora de reglamentar las consultas previas, están robustecer la institucionalidad y hacer un censo y registro expedito de las comunidades, de modo que no lleguen nuevos grupos alegando que pertenecen a la zona de influencia, cuando históricamente no han existido.

“Además, se deben tener en cuenta asuntos exentos de consultas, tales como medidas administrativas o legislativas, los proyectos, obras o actividades en los que haya sido agotado el procedimiento consultivo”, señaló un investigador jurídico de un concesionario de 4G.

A su turno, desde la Financiera de Desarrollo y también varias constructoras señalaron que estos mecanismos de participación son buena parte de los causantes de que se hayan retrasado las concesiones, incluso al mismo nivel del efecto que ha tenido la falta de cierres financieros definitivos.

CON FUERZA DE LEY

Aunque la cartera del Interior no ha radicado la iniciativa estatutaria, sí publicó en su página un borrador de decreto que busca regular el ‘Espacio Nacional de Consulta Previa’, es decir, el órgano que daría reglas claras sobre número de delegados que le corresponderían a cada departamento, al Distrito Capital y a otras expresiones organizativas en dicho espacio.

Las funciones de dicho ente serían promover el diálogo, concertar con el Gobierno, adelantar la etapa de protocolización y crear y adoptar un protocolo de consulta, además de que dicta las etapas del proceso, cómo se elegirán los delegados y cómo será su funcionamiento, entre otras cosas.

De este modo, el Ministerio alista el terreno, con el fin de que esté listo para cuando sea aprobado el proyecto de ley en mención.

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