A Navelena se le agota el tiempo para financiación y busca recursos en bancos del exterior


Jorge Barragán dice que están agotando los medios para cumplir con el cierre financiero y presentar la carta crédito. 

Colombia invertirá US$390 millones en el río Magdalena
Infraestructura
POR:
María Trinidad León
abril 07 de 2016 - 10:13 p.m.
2016-04-07

“No solo estamos trabajando con la banca nacional, buscamos el apoyo de bancos extranjeros, como lo permite el contrato, para obtener la carta de crédito y cumplir con el cierre financiero”.

Estas son las declaraciones de Jorge Barragán, presidente de Navelena, firma a la cual se le adjudicó la recuperación del río Magdalena como único proponente, mediante un contrato cuya continuidad depende de una carta crédito otorgada por una entidad financiera por un monto que supera los 662 mil millones de pesos.

Pese a esto, expertos consultados por Portafolio dicen que el concepto del Consejo de Estado (ver recuadro) puede complicar la actuación del grupo Odebrech, socio mayoritario de Navelena.

Y es que para muchos allí radica quizá uno de los temores de las firmas de financiamiento en Colombia para realizar dicho préstamo, al conocer que Obredecht se encuentra involucrado en procesos judiciales delicados en Brasil.

De hecho, en días pasados, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), se pronunció ratificando lo anterior, pero, por su cuenta, Barragán señala que las dudas por parte de los bancos, y de las que ellos tienen conocimiento, son distintas.

“La banca nacional nos ha comunicado que el temor de ellos se encuentra vinculado a que no están acostumbrados a manejar el activo río, de allí vienen las inquietudes”, enfatiza el directivo.

A propósito, el senador de la República, José David Name, considera que el hecho de que el ejecutivo de la firma en Brasil se encuentre involucrado en líos con la ley no significa que esa empresa esté quebrada o inhabilitada para seguir ejerciendo sus negocios en países como Colombia.

No obstante, señala que hay que ser precavidos y que indudablemente el incumplimiento en la entrega de los informes y la carta crédito están relacionados con dicha situación, “nadie arriesgará a futuro en un tema al que le falta definición jurídica”, agrega.

Y es que al parecer las autoridades nacionales siguen muy atentas a la información que pueda llegar del ente judicial de Brasil, ya que según tuvo conocimiento este medio, los delitos en los cuales se vio involucrado Obredecht pueden ser transnacionales, con lo cual podrían afectar el contrato de Navelena en el territorio nacional.

De hecho, Name recomienda averiguar hasta el último detalle al respecto para darle seguridad jurídica a la operación. “Estamos hablando de una inversión del orden de los 2,5 billones de pesos y si no existe certeza jurídica respecto del contrato, no habrá definiciones financieras”, manifiesta.

Ante esto, la ministra de Transporte, Natalia Abello, formuló que el Consejo de Estado les dio un concepto: “si hay una relación directa de la condena con los hechos ocurridos en Colombia, por supuesto habría un delito contra la administración pública, pero en este caso no tenemos ninguna información de que los delitos ocurridos tengan una relación directa con la actuación contractual en Colombia o delitos contra la administración pública en Colombia”, aunque destacó que por parte de la justicia se está analizando la situación casi con lupa.

Tiempos y distribución de recursos

En cuanto a los tiempos, el Presidente de Navelena dice que el contrato establece un procedimiento de cierre financiero que vence el 11 de junio, pero tiene hasta el 11 de mayo para entregar la documentación a Cormagdalena, y aclarar las dudas que surgieron en la pasada revisión de documentos.

“Cormagdalena los revisará, los aprobará, y el 11 de junio se dará el cierre financiero e iniciará la etapa de construcción del proyecto”, declara con seguridad Barragán.

Respecto a las cifras enuncia que ya han conseguido parte del dinero, “incluso nosotros ya hemos hecho inversiones en el proyecto por más de 180 mil millones de pesos, que es lo que se ha visto en el trabajo que se viene realizando desde hace más de un año en el río con unos resultados favorables”.

Aclara que una cosa son las cifras para acreditar el cierre financiero, las cuales están compuestas por un ‘equity’ de aproximadamente 96 mil millones de pesos y créditos por $662 mil millones; señala que de los $96 mil ya han aportado $74 mil millones, que son aportes de capital o de patrimonio de los accionistas; agrega que hay más $120 mil millones de un crédito que tienen en el patrimonio autónomo.

Mantenimiento del río, obras de construcción, recursos para el manejo ambiental, predial, interventoría, supervisión de gerencia de contrato de Cormagdalena, entre otros, son los usos que le darán al dinero del contrato que, pese a todas las dificultades, Navelena da por hecho.

Concepto del Consejo de Estado

“Están inhabilitadas para proponer y contratar con las entidades estatales colombianas las personas naturales que sean condenadas en Colombia o en el extranjero por la comisión de cualquiera de los hechos ilícitos que en Colombia son calificados como delitos contra la Administración Pública y cuya pena sea privativa de la libertad, o por el delito de soborno transnacional, con excepción de los delitos culposos. Esta inhabilidad se aplica también a las sociedades en las que dichas personas sean socias (que incluye sus sucursales), a sus matrices y a sus subordinadas. (ii) Están inhabilitadas para proponer y contratar con las entidades estatales colombianas las personas jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras, cuyo representante legal sea objeto de medida de aseguramiento en firme o de sentencia penal condenatoria ejecutoriada, dictada por autoridad judicial colombiana por hechos u omisiones relacionados con su actividad contractual en relación con el Estado colombiano. También pueden configurarse tales causales cuando la medida de aseguramiento en firme o la sentencia condenatoria ejecutoriada sea dictada por un juez extranjero, siempre que los hechos u omisiones que den lugar a las mismas se relacionen directamente con actividad contractual realizada frente al Estado colombiano en Colombia o en el exterior, por el representante legal investigado o condenado”.