‘Se pierden $2,2 billones por fallas en contadores de agua’

El delegado para Reglamentos Técnicos de la Superindustria, Alejandro Giraldo, anuncia nueva regulación para esos aparatos y los que miden el consumo de energía, cuyo cambio tardaría cerca de dos décadas.

Alejandro Giraldo, superintendente delegado.

Alejandro Giraldo, superintendente delegado.

Néstor López/Portafolio

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Portafolio
enero 10 de 2018 - 08:53 p.m.
2018-01-10

El país pierde más de $2 billones anuales por fallas en los medidores del consumo de agua, y este cálculo es el punto de partida para que la Superintendencia de Industria y Comercio quiera regular la calidad de estos aparatos; de hecho, tiene en proceso la formulación de un reglamento técnico que regiría desde los primeros meses del año entrante.

El superintendente delegado para Reglamentos Técnicos de la entidad, Alejandro Giraldo, habla de este y otros temas que afectan a los consumidores.

El trabajo de su área suena algo etéreo, ¿pero qué hacen realmente?

Hay muchos instrumentos de medición en la vida diaria que nos afectan en temas económicos, de comercio, de salud y judiciales. Por ejemplo, en un hospital hay instrumentos como el esfignomanómetro con el que miden la presión, el termómetro, la báscula, etc. Igual pasa en el comercio: cuando uno va a una estación de servicio y pide diez galones de gasolina, no sabe si le echaron esa cantidad o menos. Y es obligación del Estado garantizar que esos aparatos de medición funcionen bien.

¿Cómo lo hace?

Lo primero es regulando la calidad de los instrumentos. Fue lo que se hizo con los taxímetros hace poco, pero también hemos expedido regulaciones técnicas para medidores de combustibles, balanzas y básculas camioneras y alcoholímetros. Ahora estamos trabajando en los medidores de energía eléctrica y de agua, dos instrumentos que no tienen condiciones de calidad establecidos; nos están poniendo en nuestras casas aparatos poco confiables y no sabemos cuánto nos quitan del bolsillo por eso.

¿Y qué hacer?

Cuando compran en China esos aparatos, uno no sabe si van a funcionar bien o mal; y en caso de falla, si será a favor o en contra del consumidor. Entonces, lo que hace la Súper es establecer unos mínimos de calidad, para que se garantice por lo menos una vida útil, que en los medidores de energía y agua debe ser por lo menos de 20 años.

¿Cuánto se pierde por eso?

El Análisis del Impacto Normativo (AIN) que hicimos el año pasado indica que las pérdidas para un año corriente, solo en agua, es de casi $2,2 billones para los consumidores por malas mediciones y esa cifra se traslada al costo de la tarifa que cobran las empresas de servicios públicos.

¿Quién los asume?


La Comisión de Regulación de Agua permite que estos costos de pérdidas sean recalculados y sumados a la tarifa, por lo cual los consumidores quedamos pagando por culpa de los instrumentos que instalan en nuestros hogares. Por eso su cambio es mucho más eficiente y no es algo que tengamos que hacer mañana, sino que estos se van desgastando y cuando los vayan a cambiar lo tendrán que hacer por otros certificados.

¿Y quién costearía el cambio de medidores?


Según la Ley de Servicios Públicos, el medidor es del ciudadano y este tiene que pagarlo. Además, si bien la norma dice que cualquiera puede salir a buscar un contador a cualquier lado, eso no lo hace nadie, porque uno no tiene el conocimiento y habría que pagarlo por fuera, más caro, aparte del costo de instalación y de una homologación que hace la empresa; pero la compañía también tiene un negocio redondo, porque va a China, compra medidores a siete dólares y a la gente se los cobra a 300.000 o 400.000 pesos.

Parece contradictorio que el usuario tenga que pagar el contador.

Nosotros hemos insistido mucho en que la mejor forma de proteger al consumidor es que el medidor no sea de este, sino de la empresa de acueducto o energía, porque cuando yo voy a un supermercado por un kilo de arroz o de carne, no llevo la báscula, sino que esta es del almacén. Hasta que la ley no se modifique será así.

¿Hay algún proyecto sobre el tema?

No, hemos tratado de introducir esa modificación ya en cuatro oportunidades en las que ha habido proyectos para modificar la Ley de Servicios Públicos, pero no ha sido posible.

¿Qué falta para que rijan los reglamentos técnicos en agua y luz?

Estos ya se pusieron en discusión pública y ahora están en notificación internacional ante la OMC, porque se consideran obstáculos técnicos al comercio. Más o menos a mediados de marzo vuelven los textos con las observaciones que hagan los demás países, se corrigen y se haría la última versión entre junio o julio, y para agosto o septiembre ya debe estar emitiéndose el reglamento técnico.

¿De ahí qué vendría?

Se darían seis meses para que los fabricantes e importadores se adapten y sigan el reglamento técnico con los nuevos aparatos. Para los que ya están instalados, como el cambio es a cargo de los ciudadanos, esto puede durar 20 años con el fin de que no tengan que incurrir en más costos.

¿Qué procesos llevan por infracción a normas de pesos y medidas?

El año pasado impusimos sanciones por más de $14.000 millones a empresas que no cumplían con medidas o que tenían instrumentos adulterados. Por ejemplo, hemos hecho un trabajo grande en preempacados de comida de mar, que le cobran al ciudadano el peso del hielo. Igualmente, hay entre 25 y 27 procesos en curso, de los cuales no se puede decir nada aún.

¿Cuántas multas fueron?

Fueron 229 sanciones en total. Por sector, en Metrología Legal, fueron 123 sanciones a surtidores, 31 a empacadores y 4 por balanzas. Por otro lado, en cuanto a reglamentos técnicos, visitamos unos 108 establecimientos e impusimos sanciones por 11.580 millones de pesos.

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