Los proyectos de infraestructura que se están ejecutando en el país, sobre todo el del programa de autopistas de cuarta generación, están entrando en un ambiente cada vez más conflictivo.
(Lea: El Gobierno vuelve a revisar la APP del río Magdalena)
Eso es lo que el Ministerio de Transporte encontró cuando empezó a revisar lo que se ha venido haciendo en esa materia en el país. Según el viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, ha habido malos manejos en la toma decisiones, lo que ha hecho que las concesiones tengan que utilizar los tribunales de arbitramento para solucionar diferencias relacionadas con los contratos.
(Lea: Los retos para el 2019, tema central de la Reunión del Concreto)
Según Gutiérrez, en la reunión de empalme que la nueva administración hizo con la anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entregó un balance de lo que había en materia de pleitos legales. “Tenemos 31 tribunales de arbitramento de todas las concesiones. No obstante, gran parte de ellos se relacionan con vías 4G”, indicó el directivo.
(Lea: ‘Las vías todavía no están listas para una ola invernal’)
Y lo preocupante en ese sentido, recalca el funcionario, es que en esas reuniones “nos advirtieron que estaban esperando 12 tribunales de arbitramento más”, agregó.
Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), y parte de la junta directiva de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), le explicó a este diario que es cierto que ha sido difícil que la ANI y los concesionarios lleguen a acuerdos, por lo que se vuelve más probable que tengan que recurrir a demandas.
En ese sentido, el Viceministro apuntó que la salida de Luis Fernando Andrade de la ANI fue una de las causas de esas dificultades. “Después de lo que ocurrió con Andrade, la ANI no tomó decisiones que eran necesarias para viabilizar los proyectos. Muchas veces por temor”, manifestó.
Un ejemplo de ese tipo de desacuerdos es el que ha surgido con varias concesiones, las cuales han sufrido ataques por parte de grupos al margen de la ley, quienes les han quemado sus equipos de construcción. “Por ejemplo, los concesionarios tienen derecho a que les reconozcan los eventos eximentes de responsabilidad, y no se los reconocen. Por eso, la respuestas de ellos son las demandas”, afirmó Gutiérrez.
Esos pleitos legales también pueden terminar en que la agencia gaste grandes sumas de dinero para defenderse. “Cada tribunal de arbitramento le puede costar a la ANI cerca de $2.000 millones. Eso significa que al sumar el valor de todas las defensas pendientes, el monto es casi igual al presupuesto de funcionamiento de la entidad, es decir, unos $100.000 millones; pues en tribunales estamos casi en los $90.000 millones, de acuerdo a la proyecciones”, dijo el funcionario.
LOS POSIBLES PLEITOS
En cuanto a cuáles son los pleitos legales que se vienen, por temas de confidencialidad Gutiérrez aclaró que no es posible revelarlos. “No podemos decir cuáles son. Es un tema delicado”, subrayó.
Fuentes cercanas a ese proceso le dijeron a Portafolio que esas demandas, aunque no se han hecho formales todavía, no tienen marcha atrás.
Sin embargo, Gutiérrez hizo énfasis en que con la posesión del nuevo presidente de la ANI, Louis Kleyn, se espera que se empiecen a tomar decisiones certeras, lo que podrá mejorar la relación de los concesionarios con la agencia estatal.
“Ya se está cambiando la forma de proceder, en cuanto a la toma de decisiones. Con las mesas de trabajo que estamos entablando, la idea es hacer lo posible para que esos nuevos pleitos no se lleven a cabo y le podamos ahorrar un dinero al Estado. La idea es evitar ambientes litigiosos”, reiteró Gutiérrez.
Por otro lado, cabe destacar que la ANI ya ha logrado ganar varios de esos pleitos legales con los concesionarios. De hecho, en 39 tribunales de arbitramento le han ahorrado al menos $2,4 billones en pretensiones económicas al Estado, desde el 2011.
Además de eso, la entidad estatal ha destacado que ese método es el más rápido para resolver conflictos, pues tiene una duración promedio de dos años y medio, mientras que el tiempo promedio utilizado para solucionar este tipo de diferencias en la jurisdicción administrativa es de unos diez años.
“La idea es que las obras no se vean afectadas, porque eso no le conviene al país”, puntalizó Gutiérrez.
LOS LÍOS PENDIENTES
Una de las instancias más utilizadas, sino la más común, para resolver dichos tribunales de arbitramento es el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).
Según información revelada a este diario, al cierre del año pasado se radicaron 28 casos de tribunales, de los cuales 24 siguen activos.
Dentro de los recursos presentados, según la CCB, 19 eran por temas de infraestructura y otros 9 corresponden a pleitos relacionados con derecho administrativo.
Y del total de las demandas presentadas, 20 tienen un valor superior a los 400 salarios mínimos legales vigentes y una más con una pretensión inferior a ese valor, que es aproximadamente de unos $314 millones cada uno.
María Camila González
marola@eltiempo.com
