Mientras la Fiscalía decidió archivar el proceso penal que adelantaba contra las exministras Cecilia Álvarez (de Transporte) y Gina Parody (de Educación) por el caso Odebrecht, la Procuraduría las citó a juicio disciplinario.
De acuerdo con el Ministerio Público, Álvarez y Parody habrían incurrido en un conflicto de interés en la toma de decisiones relacionadas con la adjudicación del proyecto de la Ruta del Sol II y el de Navelena.
"El órgano de control cuestionó a las disciplinadas la aprobación del Conpes 3817 que declaró la importancia estratégica del corredor Ocaña (Río de Oro – Agua Clara – Gamarra), y las conexiones a los puertos fluviales al norte y al sur de Gamarra, y lo adicionó al proyecto de inversión Ruta del Sol II; pese a estar incursas presuntamente en causal de impedimento porque derivado de la decisión, pudieron verse favorecidos familiares de las exfuncionarias", dice la Procuraduría en un comunicado.
El órgano de control también asegura que Álvarez habría incurrido en irregularidades cuando, en calidad de ministra de Transporte, no se declaró impedida para participar en la aprobación del Conpes 3758 del 6 de agosto del 2013 que definió el plan para recuperar la navegabilidad del río Magdalena y las acciones de fortalecimiento de los servicios de transporte e inversiones para cuatro puertos, entre ellos el de Gamarra.
“Los impedimentos son mecanismos que tienen como finalidad garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y garantizar la transparencia previniendo que se presenten situaciones en las que el interés particular prevalezca o entre en conflicto con el interés público”, dice el Ministerio Público.