SIC formula pliego de cargos por Ruta del Sol II

La entidad advierte que sus socios habrían intentado celebrar un acuerdo anticompetitivo.

Ruta del sol 2

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septiembre 14 de 2018 - 02:21 p.m.
2018-09-14

Este viernes, la SIC anunció la apertura de pliego de cargos a empresas y personas vinculadas con las obras de la Ruta del Sol, tramo II, luego de advertir la posible ejecución de prácticas anticompetitivas presuntamente acordadas entre los investigados.

(Lea: Adjudican contratos para revivir la carretera Ruta del Sol sector II). 

Los hechos que son objeto de análisis por parte de la entidad están relacionados con el pago de sobornos, admitidos por algunos de los implicados en las investigaciones penales, a altos funcionarios del Estado para quedarse con el contrato de la obra, el presunto aprovechamiento de conflictos de intereses y la eventual violación de la regla que prohíbe los contactos entre personas vinculadas al proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador.

El superintendente Pablo Felipe Robledo explicó que la investigación que derivó en este pliego de cargos se vienen desarrollando desde enero de 2017 y se desarrolló con visitas administrativas de inspección con recolección de información, declaraciones, documentos físicos, documentos y correos electrónicos de varias empresas como Odebrecht, Corficolombiana, Episol, y Concesionaria Ruta del Sol.

“La Superindustria realizó una primera imputación de cargos por hechos y conductas relacionadas con el pago de un soborno a Gabriel Ignacio García Morales (Viceministro de Transporte y Gerente General encargado del INCO), quien tenía a su cargo la tramitación del proceso licitatorio y la adjudicación del Contrato de Concesión de la Ruta del Sol Tramo II”, dijo Robledo.

Y añadió que se pudo establecer que el soborno se habría producido a partir de una práctica deliberada de Odebrecht y habría ascendido a 6,5 millones de dólares por facilitar la concesión de la obra.

“Luiz Antonio Bueno Junior, a nombre de Odebrecht, habría acordado con José Elías Melo Acosta, a nombre de Corficolombiana, que después de pagado el soborno de 6,5 millones de dólares por parte de Odebrecht a Gabriel Ignacio García Morales, se dividirían el costo del mismo a lo largo del proyecto, asumiéndolo Odebrecht y Corficolombiana en proporción a su participación en Ruta del Sol Tramo II”, precisó el Superintendente.

(Ruta del Sol II: 28,6% de los proponentes fueron internacionales). 

También aclara que Bueno Junior y Melo Acosta habrían acordado no contarle a Carlos Alberto Solarte Solarte ni involucrar a su empresa CSS Constructores en el pago del soborno. Y, además, que en febrero del 2017 la Fiscalía logró que el exviceministro García Morales aceptara haber recibido el mencionado soborno.

De hecho, estos testimonios están en poder de la Fiscalía y está por probarse si las declaraciones de Odebrecht contra Melo son ciertas o no.

“La Superintendencia también pudo establecer que para poder realizar pagos por parte del consorcio se requería la autorización de, al menos, un funcionario de Odebrecht y del representante de Corficolombiana en Consol, es decir, de Mauricio Millán Drews, quien en su declaración dijo que al momento de realizar los pagos y en atención a que le habrían parecido sospechosos, los había autorizado bajo la orden impartida directamente por su jefe José Elías Melo Acosta, Presidente de Corficolombiana”, enfatizó Robledo.

La entidad también formuló pliego de cargos por supuesto aprovechamiento de conflicto de intereses a directivas del Grupo Aval y Corficolombiana, por una presunta violación a las normas que regulan la competitividad. Este punto tiene que ver con el hecho de que Diego Solano, vicepresidente de Planeación corporativa de Aval, está casado con María Victoria Guarín, quien se desempeñaba como oficial de inversiones de la Corporación financiera internacional (IFC, por sus siglas en inglés).

('Odebrecht no ha demandado al Estado colombiano'). 

Esta institución multilateral fue la seleccionada por el Estado para llevar a cabo la estructuración del proyecto.

Finalmente, la SIC aclaró que estos procesos son de tipo administrativo y que las multas por estos pliegos de cargos podrían superar para las personas naturales los 1.500 millones de pesos, y para las empresas los 78.000 millones de pesos, si finalmente se confirman las responsabilidades de los involucrados.

Unidad Investigativa
u.investigativa@eltiempo.com

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