El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aseguró que habrá más regulaciones.

Hace algunos meses, la multinacional estadounidense Cargill -la mayor comercializadora del mundo de materias primas agrícolas- emprendió en la altillanura colombiana un proyecto de producción de cereales que involucra 90.000 hectáreas en el departamento del Meta, y ya invirtió 100.000 millones de pesos en la compra de tierras.

Mientras en otros países los negocios que llevan a la propiedad extranjera sobre la tierra son motivo de alarma para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y a endurecer las leyes, como en Argentina, en Colombia es un fenómeno que toma impulso y se ve como una oportunidad.

"No podemos caer en esa exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero, de considerar así la inversión foránea", dijo a EL TIEMPO, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

De hecho, en el caso específico de la altillanura -una enorme extensión que abarca tierras de tres departamentos-, la presencia extranjera es la que está moviendo inversiones en una zona que, de considerarse improductiva y atraer poca inversión de empresarios nacionales, ahora es la más prometedora.

Antes de Cargill, visitó al ministro un grupo de empresarios indios y chinos. Se llegó a comentar que querían comprar medio millón de hectáreas, traer la maquinaria y la mano de obra, producir cereales y exportarlos a sus países. Al final, el proyecto resultó poco viable y a algunos les despertó desconfianza.

Entre tanto, sí han avanzado negocios más aterrizados: en Puerto Gaitán, la boliviana Mónica Semillas tiene 12.000 hectáreas, en las cuales ha hecho inversiones por 20 millones de dólares, representados en la compra de tierras, maquinaria, equipos, silos, adecuación de tierras, obras civiles, insumos, semillas e infraestructura.

Por su parte, en Pivijay (Magdalena), el grupo empresarial israelí Merhav ha invertido 300 millones de dólares en la compra de 10.000 hectáreas, en las obras civiles y en la evaluación de las variedades de caña que se sembrarán para poner en marcha un proyecto de etanol.

En el Magdalena Medio, el Grupo Ingacot (Argentina) explota no menos de 1.000 hectáreas de cultivos de soya y maíz, pero no en tierras compradas, sino tomadas en arriendo a sus propietarios.

Las dimensiones de las áreas agrícolas del país en manos extranjeras están lejos de los niveles de Brasil y Argentina, que ponen nerviosa a la FAO: no sobrepasan las 115.000 hectáreas.

En el sector forestal, son 100.000 las hectáreas en manos de la sueco-ecuatoriana MS Timberland Holdings (Reforestadora El Guásimo), la europea Smurfit-Kappa, las chilenas Compañía Agrícola de La Sierra y Reforestadora del Sinú, y los fondos de inversión multinacionales Inverbosques y Forest First.

También fracasos

Los proyectos de etanol con remolacha en Tuta (Boyacá) y de etanol con caña panelera en la hoya del río Suárez se convirtieron en los fracasos más sonados en el sector agrario.

Habrá más regulaciones de la inversión

Dice el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo

Además de la reglamentación de los llamados proyectos especiales de desarrollo agropecuario y forestal de una extensión mayor de diez UAF (unidades agrícolas familiares), contemplados en la ley de desarrollo rural, aprobada a finales del año pasado, el Gobierno está pensando en un marco regulatorio para la inversión extranjera en el sector agropecuario.

"Este prohibirá la adjudicación de tierras baldías a extranjeros y se tendrá en cuenta que las inversiones deberán tener criterios mínimos de productividad, tecnología y de generación de empleo", dijo el ministro.

JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ - REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS