La Corte Constitucional confirmó consultas mineras

El alto tribunal le ordenó al Gobierno crear mesa de trabajo para establecer los impactos de la actividad minera.

El carbón fue el que más regalías generó entre las mineras.

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Economía
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octubre 11 de 2016 - 07:47 p.m.
2016-10-11

Un fallo de la Corte Constitucional que protegió el derecho de los habitantes del municipio de Pijao (Quindío), de vocación agrícola, para expresarse a través de las urnas por un proyecto de minería a gran escala en la zona, de paso confirma que las cabeceras municipales sí se pueden oponer a su ejecución.

En la sentencia proferida por la Sala Sexta de Revisión del alto tribunal se precisa que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.

El texto indica además que los entes territoriales, con el fin de oponerse en determinados casos a las actividades mineras, se pueden amparar en investigaciones o estudios para reforzar los argumentos e impedir vía consulta las actividades mineras.

Señala también que, conforme al actual diseño constitucional, la propiedad de los recursos naturales no renovables está en cabeza del Estado, definición que incluye a los municipios, y por esa razón su opinión debe ser adecuadamente escuchada a la hora de definir si estos deben o no ser explotados.

El alto tribunal, en su veredicto, critica que el Estado haya fomentado una política minera sin contar con los estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos en las regiones con el desarrollo de actividades extractivas.

Por esta razón, en la sentencia la citada, la Corte le ordena al Gobierno nacional que, a más tardar en dos años, conforme una mesa de trabajo para realizar una investigación en la cual se identifiquen y se precisen las conclusiones gubernamentales con respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano.

Dicho organismo deberá ser constituido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y la Contraloría General de la República, entidades que podrán incluir a miembros de la sociedad civil y a más entidades.

Cabe recordar que el próximo domingo 30 de octubre, en Ibagué se celebrará una consulta popular en la que lo habitantes de la capital del Tolima decidirán si en su región se pueden adelantar proyectos de minería a gran escala.

Todo porque entre los títulos mineros vigentes y los que cursan etapa de solicitud comprenden el 53% del área total de su territorio y existen fuerzas sociales que se oponen al presunto daño que ocasionaría esta actividad.

Un fallo del Tribunal Administrativo del Tolima declaró constitucional en agosto pasado la solicitud de consulta, así como la pregunta, elevada por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, para que en las urnas terminen por definir el tema.