La implementación de lo rural es el reto para la paz

Luego de la firma del acuerdo, arranca una nueva etapa de tipo procedimental, particularmente en el sector agrario.

Ricardo Sánchez Rondón

Ricardo Sánchez Rondón es el presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas (Unaga).

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Economía
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Portafolio
noviembre 27 de 2016 - 02:01 p.m.
2016-11-27

El proceso no terminó el jueves pasado con la firma del nuevo acuerdo con las Farc; por el contrario, arrancó una nueva etapa en la que deberán normalizarse las relaciones económicas, políticas y sociales.

Hacer que la gente se quede en el campo, que cada uno recupere lo suyo y que se dinamice la producción agraria, son algunos de los temas tratados en la entrevista de Portafolio con Ricardo Sánchez Rondón, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas (Unaga).

¿Hay brechas para lograr un país rural productivo?

Frente al primer acuerdo de paz expresamos la inconveniencia de mantener un país segregado, sea a partir de unas regiones privilegiadas por su cercanía a las metrópolis, por tamaño o por sistema productivo, como podría haber ocurrido con las zonas de reserva campesina.

¿Qué propone como dirigente gremial?

Hemos abogado por una distribución equilibrada del desarrollo, con clústeres en regiones deficitarias en proteínas de origen animal, así como la integración entre los pequeños productores con los empresarios para proyectos como las Zonas de Reserva Campesina o las llamadas Zidres.

¿Qué hacer frente a un tema álgido como la inequidad?

La movilidad socioeconómica es un imperativo para ganar equidad, eficiencia y sostenibilidad.

A partir de esta realidad, planteamos la necesidad de incluir explícitamente en el acuerdo de paz un conjunto de políticas redistributivas para activos como ganados, maquinaria e infraestructura. Hemos evidenciado que es prácticamente nulo el acceso de los pequeños ganaderos a la asistencia técnica, al riego, al crédito de fomento o a la mecanización.

¿Y frente a la propiedad de la tierra?

Hay temores entre los ganaderos de buena fe por los programas de restitución, los cuales considero comprensibles, si se tiene en cuenta que al menos un 70 por ciento de la tierra productiva nacional se dedica a pastos, en regiones que estuvieron expuestas al conflicto y al despojo.

La formalización de tierras implica clarificar los cuestionamientos que recaen sobre los usuarios de estas, que anteriormente fueran despojadas y quienes hoy deben probar su buena fe.

¿Se esperaría ‘reacomodar’ las tierras ganaderas para la agricultura?

Es necesario intensificar el uso de las tierras ganaderas mediante el uso de la ciencia, la tecnología, el trabajo calificado y la mecanización, lo que permitirá liberar terrenos para otros usos productivos.

¿Eso guarda relación con el proceso de paz?

En el capítulo de Reforma Rural Integral (RRI) el texto del acuerdo hace precisiones necesarias respecto a: el universo de intervención y los beneficiarios; la participación de la sociedad civil y el papel del Estado.

Algunas de estas precisiones convergen en el mismo sentido de las observaciones planteadas.

¿Pero hay ‘balance de las cargas’?

En el primer caso, propone la necesidad de un balance entre distintas formas de producción (empresarial y familiar, así como pequeña producción) y la posibilidad, bajo condiciones de equidad, de actuar de manera encadenada o por integración vertical u horizontal en distintas escalas.

Los cambios en el nuevo acuerdo respecto a la intervención de la sociedad civil podrían ocurrir de la siguiente forma:

En primer lugar, se conformaría un grupo de tres expertos que en el plazo no mayor a tres meses debe hacer recomendaciones de reforma normativa y de política pública que permitan regularizar la situación de los propietarios, poseedores u ocupantes de buena fe, garantizar la función social y ecológica de la propiedad, promover el uso productivo de la tierra y facilitar su acceso a los trabajadores que no la poseen.

El segundo punto consiste en que los propios beneficiarios hagan veeduría y seguimiento a los proyectos en los Planes con Enfoque Territorial.

¿El Estado asumiría qué tipo de responsabilidades?

Tendría la obligación directa, con la participación de las comunidades, en la selección de los beneficiarios del plan de adjudicación gratuita y del subsidio integral, en el proceso de conformación de las Zonas de Reserva Campesina (en el acuerdo anterior eran las comunidades las que intervenían) y en los mismos procesos de planificación regional.

¿El Fondo de Tierras habría que agilizarlo?

Sí, Habría una moderación en el ritmo de ejecución del Fondo de Tierras en tanto que el plazo para intervenir 10 millones de hectáreas se haría en doce años y no en los diez años iniciales, con un ritmo más intenso en las regiones con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), mediante la formalización de tierras.

¿Sí fueron efectivos los cambios hechos al acuerdo?

Considero que facilitarán la integración de la sociedad rural por tamaños y sistemas productivos con los incentivos necesarios y van en la misma dirección de las observaciones.

Un grupo de alto nivel que hará recomendaciones normativas y de política para regularizar la situación de los usuarios de las tierras podría ayudar a aclarar y a definir criterios y líneas de acción en condiciones de gran ambigüedad, como son muchos de los procesos de restitución de tierras.

¿Y para la implementación?

Ese es un campo mucho más amplio que el mismo acuerdo de paz.

En esta etapa podrán adelantarse proyectos ambiciosos y necesarios de desarrollo regional descentralizado, así como de integración entre sistemas productivos, agentes y beneficiarios.

¿Todo eso implica grandes desafíos?

De una parte se pondrán en marcha propuestas novedosas y exigentes en un país que requiere unidad de propósitos antes que polarización.

Aquellas propuestas relacionadas con la formalización de la tierra y del trabajo implican preparación previa, sensibilización social, facilidades de gestión y pedagogía de amplia cobertura.