Para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) el salario mínimo en Colombia no debería incrementarse en más de 42.200 pesos, lo que equivale al 4,5%, para el próximo año. Por lo que con esta propuesta, el salario mínimo subiría de los 737.717 pesos actuales a 779.900 pesos.
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El centro de estudios económicos hace la recomendación basado en las variables que dependen el salario mínimo así como en los riesgos económicos para el país, entre los cuales están que un mayor aumento podría mermar la buena generación de empleo que se ha tenido durante 2017, debido a las rigideces estructurales del mercado laboral colombiano.
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El costo del salario mínimo es de principal importancia para la economía del país, ya que entre el 60 y el 80 por ciento de los trabajadores están entre uno y dos salarios mínimos. "El desafío consistirá en seguir promoviendo la generación de empleo formal en Colombia, pero manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores", dice el centro de estudios.
La Anif asegura que la coyuntura para este y el próximo año es desafiante por la aún elevada inflación, “perfilándose hacia el 4,2% al cierre de 2017 (incluso al 5% la inflación subyacente), desbordando por tercer año consecutivo el rango meta de largo plazo del Banco de la República (2%-4%), con un estimado de 3,3% para el año entrante.
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El deterioro del mercado laboral hacia tasas de desempleo promedio de 9,5% en 2017-2018, comparada con 9,2 en el 2016, donde el desempleo urbano se ha mantenido persistentemente cerca de un preocupante 11% y el inicio del período de posconflicto, lo cual seguramente resaltará el tinte político que ha tenido históricamente la fijación del salario mínimo, al desbordar en cerca de 0,5 puntos porcentuales lo que Anif ha denominado la ‘fórmula universal’, teniendo encuenta la variación porcentual del salario mínimo, la inflación y la productividad laboral.
Cabe señalar que esta última ha venido deteriorándose hacia valores cuasi nulos del 0.3% en 2017 (vs. el promedio del 0.8% de la última década).
Otra de las razones, de acuerdo al centro de estudios económicos, tiene que ver con la presión que sobre el salario mínimo ejercen las “dádivas” otorgadas a los maestros y a los servidores públicos, al “calor” de los recurrentes paros de 2016-2017.
“Recordemos que allí se acordaron alzas acumuladas hasta del 12% real en los salarios de los maestros, más bonificaciones escalonadas del 6%-15% en 2018-2020, además de mejoras en los gastos de salud y abriéndose el peligroso expediente de entrar a negociar el SGP, nivelación salarial a cerca de 1,2 millones de servidores públicos, con un aumento retroactivo del 6,75% en 2017 y ajuste salarial del 1% real en 2018”, añade la Anif.
De la misma manera, enumera las tareas para el próximo gobierno Nacional, las cuales incluyen estudiar cuidadosamente cómo superar la inflexibilidad laboral, siendo los principales escollos: los elevados costos no salariales, los cuales bordean el 50% aun después de la reducción de 13,5 por ciento ordenada por la Ley 1607 de 2012, y los elevados costos de despido que enfrentan las firmas (representando casi 60 semanas de salario para trabajadores con más de 20 años de antigüedad; para el caso de cinco salarios mínimos, sobrecosto que se eleva a $50 millones por trabajador.