Las firmas de abogados y la reforma a la justicia

Los socios de algunos de los principales despachos analizan la viabilidad de una Constituyente para introducir ajustes al poder judicial, y
dan sus puntos de vista sobre los pros y contras de una ‘Supercorte’.

Palacio

El debate sobre la reforma a la Justicia en Colombia debe darse abiertamente y convocar no solo a los candidatos a la Presidencia, sino a los ciudadanos, a la academia, a los medios, a la propia rama y a todos los operadores jurídicos.

Archivo CEET

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Portafolio
abril 04 de 2018 - 09:18 p.m.
2018-04-04

Desde hace unos días, cuando el candidato presidencial Iván Duque presentó, en medio de un debate público en la Universidad de Columbia, su propuesta de reformar la Justicia colombiana sin descartar la creación de una ‘supercorte’ que asumiera las competencias que hoy tienen separadamente los más altos tribunales del país, se alzaron en simultánea las voces de indignación que pregonaban el regreso al modelo centralista de la Constitución de 1886, y las de quienes consideran que en efecto, la estructura de la administración de Justicia concebida en la Carta de 1991 adolece de problemas estructurales que no han podido resolverse en sucesivos y fallidos intentos de reforma.

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La propuesta de Duque, sin embargo, no es nueva. El propio candidato ya la había ventilado en estas mismas páginas al publicar una columna titulada El laberinto de la Justicia, en septiembre del año pasado. Allí argumentó, palabras más, palabras menos, que el aparato judicial colombiano está asfixiado por problemas de ineficiencia, burocracia y corrupción que hacen ineludible el camino de una reforma estructural.

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Según Duque, el país tiene demasiados magistrados y más órganos de cierre de los necesarios. Esto se traduce en un exceso de fallos y en muchos criterios de interpretación que hacen casi imposible el objetivo de consolidar líneas jurisprudenciales y de afianzar la seguridad jurídica, tan afectada por conflictos de competencia y ‘choques de trenes’.

Duque, además, aporta cifras: incluidos los magistrados de la JEP, el país tiene hoy más magistrados en las altas cortes que senadores de la República. Y si a esto se añade un creciente fenómeno de politización y descomposición ética de la rama, en parte propiciado por las debilidades del sistema de pesos y contrapesos, en parte por las funciones electorales que aún recaen sobre órganos que deberían dedicarse exclusivamente a administrar justicia, el panorama resulta desolador.

Se puede estar o no de acuerdo con la propuesta de Duque de tener una corte única que opere con distintas salas y un menor número de magistrados, o con su idea de meterle más gerencia a los circuitos jurisdiccionales y fortalecer el arraigo territorial de los jueces, pero si hay algo que no admite discusión, es que el debate sobre la reforma a la Justicia debe darse abiertamente y convocar no solo a los candidatos presidenciales, sino a los ciudadanos, a la academia, a los medios, a la propia rama y a todos los operadores jurídicos. Sin justicia no hay Estado, y si lo hay, será siempre un Estado débil, incapaz de solucionar las diferencias sociales por pequeñas que sean.

En este gran diálogo nacional, también están llamadas a participar las principales firmas de abogados del país, y por esa razón, consulté a los socios de algunos de los principales despachos acerca de tres temas fundamentales: uno, si consideran necesaria una reforma estructural a la Justicia; dos, si creen que debe hacerse por vía de una Constituyente; y tres, si estarían de acuerdo con la propuesta de crear una ‘Supercorte’ con distintas salas especializadas. Para poder opinar sin pelos en la lengua, los entrevistados pidieron mantener en reserva sus nombres y los de sus firmas. Estos son sus puntos de vista.

¿SÍ O NO A LA REFORMA?

Sobre este punto, algunos socios se mostraron a favor y otros en contra. “Estoy de acuerdo con reformar la Justicia. Es absolutamente imprescindible no solo para mejorar la efectividad de todo el aparato judicial, sino para poder recuperar la credibilidad en sus instituciones. En la mayoría de las democracias modernas la justicia es más que un sistema de resolución de controversias: es un símbolo y un pilar esencial de la comunidad, lo que no ocurre en Colombia, donde se sigue percibiendo como un foco de desgreño o corrupción. Pero la reforma que requiere el país no es una reforma a medias, ni una reforma de Códigos, ni algo menor o superficial como ocurre con los proyectos de reforma que se han planteado en los últimos años. El país requiere una reforma integral y completa, con reestructuración de las cortes y de todo el sistema judicial”, dijo uno de los entrevistados.

En el mismo sentido, opinó la socia de una importante firma: “Estoy de acuerdo en que se tramite una reforma a la Justicia. El diseño del Constituyente de 1991, luego de más de 25 años de haber sido puesto en práctica, ha evidenciado sus virtudes y aciertos, pero también sus inconvenientes. Sin duda, las funciones de elección asignadas a las altas cortes han mostrado inconvenientes, como también el hecho de concederse tutela a las decisiones judiciales”.

Sobre este mismo punto, otra importante abogada se mostró a favor de la reforma, pero la consideró inviable en este momento: “Ya es suficiente con tener que digerir las reformas en el bloque de constitucionalidad y los ajustes legislativos que traen consigo el acuerdo y la implementación de la paz. Reformar la Justicia sería crear más caos en este momento. Lo que sí debe reformarse de inmediato es la acción de tutela, pues se ha convertido en una acción ordinaria más para burlar las formas propias de cada juicio, y por tanto, el debido proceso; también modificaría la forma de elegir a jueces y magistrados implementando verdaderos controles sobre su gestión y su actualización de conocimientos. Por último, es necesario crear medidas severas de castigo en contra del abuso del litigio y del ejercicio de la profesión”.

Por su parte, uno de socios de uno de los despachos líderes manifestó que, “en principio, me haría la pregunta acerca de si la Justicia debe ser reformada o si lo que se necesita es ponerla a andar. Siento que muchos de sus males tienen que ver sobre todo con su operatividad y ahí tal vez se necesitan pocos abogados y más expertos en el manejo del recurso humano y la tecnología, entre otros aspectos. Creo que una reforma a la Justicia debería pasar por la educación de los abogados, por la conformación de una colegiatura obligatoria que establezca estándares de primer nivel acerca de la práctica del derecho, la prestación de servicios de calidad, la seguridad social para quienes ejercen el derecho; de conceptos como el trabajo pro-bono, y en general, afincar la noción del abogado como auxiliar de la Justicia. El tema de la educación de los abogados debe obligarlos a estar siempre actualizados, so pena de verse excluidos de la profesión. Otro tema crítico es la ley. ¿Se sabe cuál es la ley? ¿Se sabe cuándo una norma quedó derogada por otra? ¿Se discuten los proyectos de ley con el rigor que merecen para saber qué normas se derogan y por qué? Una buena reforma a la Justicia sería codificar la ley o reunirla en decretos reglamentarios, como trató de hacerlo con éxito el ahora Fiscal General de la Nación sin que se terminara esa labor. Y otra reforma de carácter práctico sería la de identificar qué es lo que debe reglamentarse. Sorprende que casi no haya reglamentación para los Códigos, ni una política de reglamentación de leyes coherente y sistemática. Abundan los proyectos de ley sobre materias que podrían regularse por decreto reglamentario. En suma: la regulación exige una agenda política para hacer que la ley sea predecible y otorgue seguridad jurídica al ciudadano. Una última cosa: creo que el tema de la Justicia no debe tratarse como algo mecánico donde los que presentaban ternas dejan de hacerlo para que otros lo hagan. Es más importante hacer un ejercicio de benchmark para ver dónde están las mejores prácticas internacionales de aparatos judiciales y para hacer rigurosa y eficiente su operación en Colombia. Debemos dejar de utilizar la Justicia como un barril sin fondo donde pueden iniciarse tres o más acciones frente a una sola problemática, o donde cabe la misma acción para ser propuesta por miles de personas, como pasa con la tutela”.

¿SE NECESITA UNA CONSTITUYENTE?

Sobre si es o no la Constituyente la mejor opción para reformar la Justicia, las posiciones estuvieron nuevamente divididas: de un lado, están quienes sostienen que es el único camino para “desligar de manera definitiva la elección de las Altas Cortes, del Fiscal y de los organismos de control, que actualmente imparten justicia a su manera; también del clientelismo político y de la corrupción que conlleva el pago de favores. Por decisión del constituyente primario, es necesario que se legitime de una vez por todas el carácter independiente e imparcial que debe predicarse de la Justicia”, dijo una de las fuentes.

Otra firma consultada también coincidió en que este sería el mecanismo más idóneo para implementar las reformas.

La Constituyente es necesaria. El Congreso y las cortes han demostrado que no son capaces de hacer reformas por razones políticas o de interés personal o, inclusive, por la existencia de un sistema de controles cruzados entre ellos que hace que ninguno se atreva a afectar al otro”, dijo una de ellas.

Otra más opinó pero en sentido contrario: “No creo necesario abrir el capítulo de una nueva Constituyente. Las reformas deberían ser puntuales, mediante Actos Legislativos. No se trata de rehacer todo el aparato judicial, sino de ajustar las estructuras que no están funcionando. Es el caso del Consejo Superior de la Judicatura, especialmente en la Sala Administrativa. Aunque ha hecho un gran esfuerzo, el manejo de los procesos y de los despachos judiciales debería tener un abordaje más técnico, en cabeza de administradores. El apoyo de la visión de gremio que aportarían los magistrados en un escenario como ese sería positivo, pero la administración de la rama debería estar en manos de los administradores”.

¿ES VIABLE UNA 'SUPERCORTE'?

Por último, y en relación con la creación de una corte única con salas especializadas, algunos entrevistados se mostraron receptivos a la propuesta, pero consideran que el tema debe estudiarse con sumo cuidado.

La idea es interesante, facilitaría la unificación de la jurisprudencia que tanta falta le hace al país para salir de la inseguridad jurídica en que vivimos, y que sobre todo, crean las decisiones de la Corte Constitucional, que a veces actúa como una rueda suelta. Sin embargo, creer que con ello se reducirían costos y corrupción, no es más que un sofisma de distracción. Incluso una ‘Supercorte’ debe tener una sala civil, penal, laboral, contencioso administrativa y constitucional, y requerirá el mismo número de magistrados que existen hoy, los cuales, está demostrado, no dan abasto para atender la alta litigiosidad del país. Además, mientras los magistrados sigan siendo los mismos y caigan en escándalos como el del llamado ‘cartel de la toga’, la corrupción seguirá haya una o varias las cortes”, dijo una de las socias consultadas.

“Por mi lado, estoy de acuerdo en que hay que reducir el número de altas cortes, mas no con la idea de crear una ‘Supercorte’" con salas especializadas. Creo que es necesario cambiar el sistema de tribunales por un sistema de jueces regionales de alto nivel que actúen como última instancia, y crear una sola corte constituida por prohombres, que sea suprema, que actúe como cuerpo máximo en asuntos constitucionales, administrativos, civiles, comerciales, penales etc., que tenga una capacidad de selección y revisión de casos de especial relevancia, y cuyas decisiones y jurisprudencia sean obligatorias para toda la rama”, dijo otro de los entrevistados.

Por último, señaló una de las abogadas consultadas: “Yo la considero una mala propuesta. El país ha avanzado socialmente con la creación de la Corte Constitucional y la especialidad es necesaria. De otro lado, concentrar todo en una sola cabeza hipertrofiada, solo podría ser fuente de mayor congestión”.

Está visto que la reforma a la Justicia será uno de los temas centrales en la agenda del próximo presidente de los colombianos. Es momento de revivir, con nuevos argumentos y propuestas, el viejo debate sobre cómo implementarla.


Juan Martín Fierro
Especial para Portafolio

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