En medio de la polémica generada por la reglamentación de la protesta pacífica, pasó desapercibida otra norma expedida por el Ministerio del Interior.
Se trata del Decreto 1372 del 2018 que regula el llamado Espacio Nacional de Consulta Previa, órgano que servirá como instancia de diálogo entre autoridades y comunidades, en el caso de que sea necesario convocar este mecanismo.
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Además, otra de sus funciones será adelantar la etapa de protocolización (acuerdo), así como crear y adoptar un protocolo de consulta, “utilizando como punto de referencia las propuestas de protocolo de consulta previa, libre, informada, con consentimiento y vinculante para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de áreas rurales y urbanas”, reza la norma.
Además, la norma dicta que estos mecanismos tendrán cuatro fases: preconsulta, consulta, protocolización y seguimiento, cada una de las cuales tiene un marco normativo definido sobre qué hacer y hasta dónde llega cada uno de los actores involucrados.
DICTAN REGLAS
En cuanto a la forma en que trabajará, esta instancia tendrá “su propio reglamento interno, en el cual se regulará su funcionamiento operativo, decidirá cuándo invitar a funcionarios del Gobierno o a un tercero, según la naturaleza de la medida a consultar; y el número de los integrantes de las comisiones, que no podrá ser superior a 50 delegados”. Por su parte, los delegados de las comunidades solo podrán estar en el órgano por cuatro años, con excepción de quienes sean nombrados para el primer periodo, cuyo ‘cargo’ terminará el 30 de marzo del 2020. Estos sesionarán al menos dos veces al año para tratar los asuntos que se vayan resolviendo con el pasar de los meses.
En cuanto a la financiación, cada entidad interesada en el trámite y aprobación de una medida administrativa y legislativa de este tipo asumirá los costos derivados del desarrollo del proceso de consulta previa, mientras que si es de iniciativa popular el costo será asumido por el órgano o entidad competente.
Para su funcionamiento se crearán siete comisiones permanentes, que resolverán los temas según el asunto que se solicite, aunque las de infraestructura y minería serían las que mayor número de solicitudes realicen.