Quiebra ya cobija a las personas naturales. La Ley de Insolvencia Económica pasa a sanción presidencial.

La posibilidad de que miles de colombianos puedan sentarse con sus acreedores a negociar el pago de sus deudas atrasadas, sin necesidad de acudir a una acción judicial, está a punto de ser una realidad por cuenta de la aprobación de la Ley de Insolvencia para personas naturales.

El propósito de la ley es brindarles una segunda oportunidad a los deudores y que estos puedan volver a ser sujetos de crédito, pero quienes pretendan burlar la misma serán sancionados con pena de hasta seis años de cárcel.

A la norma, que fija condiciones especiales para que quienes por cuenta de una mala ‘racha económica’ no han podido cancelar sus deudas puedan ponerse al día, solo le falta la firma del presidente Juan Manuel Santos, pues el pasado 12 de junio fue aprobada en conciliación de la plenaria de la Cámara de Representantes.

Según cálculos del sistema financiero, solo los morosos de la banca superan los 2,6 millones de personas y sus deudas vencidas totalizan más de 12 billones de pesos.

Pero en esos cálculos no están miles de personas que tienen vencidas sus obligaciones inmobiliarias (arriendos), comerciales (compras a crédito de electrodomésticos, ropa, calzado, alimentos), mucho menos las adquiridas de ‘palabra’ con amigos, familiares o el tendero del barrio.

La insolvencia, que solo se aceptará por una sola vez en seis años, permitirá negociar las deudas de la persona por hipotecas, servicios financieros, impuestos nacionales y locales, deudas comerciales y hasta por facturas y mora en servicios públicos.

Mientras que los centros de conciliación públicos, como los consultorios de jurídicos de las universidades, no pueden cobrar por este servicio, los privados y las notarías tienen tarifas que deben ser pagadas por el deudor.

BENEFICIOS PARA LOS MOROSOS

No se les pueden iniciar nuevos procesos ejecutivos o de restitución de bienes y se suspende el cobro de intereses durante el proceso de conciliación a los deudores morosos que hayan iniciado con sus acreedores un acuerdo de pago.