El puente de El Paso es una de las obras atrasadas.
Foto: Archivo Portafolio.co

En un mes se tomará la decisión definitiva, pero todo indica que no habrá caducidad del contrato.

A finales de abril y después de cuatro meses de intensas negociaciones entre el Gobierno, los entes de control, los tenedores de bonos y los contratistas, la concesión Bogotá-Girardot tendría una solución definitiva, diferente a la caducidad del contrato, la cual había sido advertida por el Gobierno el año pasado debido a los retrasos de la obra –que alcanzó en promedio un ritmo de construcción de 34 metros diarios en los seis años del contrato–.

Este diario conoció en exclusiva que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) redacta el texto de la conciliación, el cual será entregado esta semana al concesionario.

“Ellos lo revisarán y posteriormente le darán su visto bueno, luego deberá ser revisado por la Procuraduría, el comité de arbitramento y los jueces, y creemos que en eso se pueden tardar una o dos semanas.

De esta manera, el acuerdo estaría formalizado a finales de abril”, señaló Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI.

El documento fija una ampliación de ocho meses, hasta junio de 2013, para la entrega del 100 por ciento de las obras y una compensación económica para el Estado por parte del concesionario, para subsanar las demoras e incumplimientos.

Actualmente, la ANI le retiene a la concesión el 95 por ciento de los dineros que se recaudan por peaje.

Estos recursos han entrado a una fiducia y se retornarán al contratista cuando finalice la obra.

En cuanto al nivel de construcción hay varias versiones. Mientras para el gerente de la concesión, Julio Torres Prado, se ha ejecutado el 83,06 por ciento, para Andrade la obra va en el 70 por ciento, basado en la interventoría de enero pasado.

“Oficialmente han sido entregados a la ANI 29,45 kilómetros terminados; sin entrega oficial son 58,30 kilómetros, de los cuales ya se dieron al servicio 59,23, para un total de 88,68 kilómetros de doble calzada en operación”, explicó Torres, quien anunció que para Semana Santa se tiene prevista la entrega de 10 kilómetros de doble calzada, distribuidos entre el sector de Muña y el municipio de Granada.

Para esa fecha, en plena temporada de vacaciones, también se habilitará la segunda calzada de la variante de Melgar.

PROBLEMAS PREDIALES

Aunque los datos de los contratistas no coinciden con los de la ANI, Torres reitera que el 25 de octubre de este año entregarán la mayoría de las obras, a “excepción de algunos puentes peatonales, la calzada mixta norte de Soacha y la ciclovía de Girardot, porque tienen problemas prediales muy serios”.

En este tema, el presidente de la ANI vuelve a estar en desacuerdo con Torres, pues asegura que los problemas de predios están en Fusagasugá, especialmente en Silvania, en donde los terrenos no han sido adquiridos.

Según el concesionario, el valor de esos predios estaría en 90 mil millones de pesos y el de la construcción de los tramos faltantes en 15 mil millones.

Adicional a los problemas prediales, la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima) recientemente ordenó la suspensión de obras en el sitio conocido como la isla de los Venados en el kilómetro 91 a la altura del municipio de Melgar. Para la entidad ambiental, la constructora Carlos Collins cometió un “grave daño ecológico sobre el cauce del río Sumapaz”.

CONTRALORÍA BUSCA RECUPERAR $30 MIL MILLONES

La Contraloría General de la República incluyó a la concesión Bogotá-Girardot dentro de las 14 obras que investigará con lupa este año.

El controlador delegado para la infraestructura, Nelson Izáciga, anunció que en abril se darán a conocer los resultados de las investigaciones.

Dijo que en cuatro concesiones ya se dio traslado de los hallazgos fiscales y que están en el inicio de procesos de responsabilidad fiscal.

El presidente de la ANI, Luis Andrade, afirmó que el ente de control buscará que el contratista compense al Estado por una negociación del cronograma que hizo en el 2009.

El jefe de la Agencia explicó que esa decisión le permitió al concesionario atrasar las obras, seguir reteniendo recursos de peajes y en ningún momento hubo una compensación para el Estado.

Los hallazgos de la Contraloría le permitirían recuperar cerca de 30 mil millones de pesos.

Christian Pardo Q.

Economía y Negocios