La “rebelión” que comenzaron los departamentos el año pasado logró su máximo victoria este martes, cuando el Congreso aprobó la ley de regiones, que busca quitar al centro del país del foco principal.
Autonomía, descentralización, apropiación de recursos del Presupuesto General de la Nación, y hasta creación de proyectos con cargo a los recursos de las regalías hacen parte de las novedades que tendrán las regiones administrativas y de planificación (RAP) del país, que son alianzas entre departamentos para buscar fines comunes.
(‘Las regalías deben convertirse en obras y no en investigaciones’).
De hecho, según Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico y vocero por la Federación Nacional de Departamentos, “Se ha podido demostrar que es posible fortalecer la independencia para lograr más recursos para nuestras regiones. Esta ley es fruto del propio Congreso, y no podía ser de otra manera; para poder llegar a una modificación de la estructura del Estado en Colombia de esta manera, era muy difícil que fuera una iniciativa del Gobierno”.
‘REBELIÓN’
El funcionario calificó la aprobación del informe de conciliación –que al cierre de esta edición solo necesitaba el aval del Senado, pero que se lo daría sin problemas– como una victoria de la “rebelión de las regiones”.
Y es que esta ley, que posterior a su paso por el Congreso irá a Palacio para que la firme el presidente Iván Duque, le da vía libre a que los departamentos tengan una autonomía mayor para ejecutar recursos y diseñar proyectos, a la par que armoniza las relaciones entre la Nación y los territorios.
El articulado le dará un revolcón a la institucionalidad regional, ya que el Estado tendrá que promover el establecimiento de las RAP y su posterior transición a Regiones Entidades Territoriales, de tal modo que operen como las comunidades autónomas en España: ciñéndose a la línea general del Estado colombiano, pero con mayor autonomía para ejecutar tomar sus decisiones.
Por lo menos así lo determina el artículo 2 de la ley, que dice que las RAP fomentarán la identidad cultural regional; diseñarán y ejecutarán proyectos de interés mutuo; ejecutarán los proyectos de interés regional; y gestionarán recursos de cofinanciación y promoverán las alianzas público-privadas, entre otras.
En el fondo, la iniciativa no toca temas electorales, ni crea cargos burocráticos, sino que articula los planes de desarrollo de dos o más departamentos, de tal modo que dependen unos de otros, y menos del Gobierno Central.
En este sentido, la financiación de esta nueva figura en el ordenamiento territorial jugará un papel clave, ya que si bien su funcionamiento dependerá enteramente de los departamentos que conformen las RAP, los proyectos de inversión sí tendrán una renta del Gobierno Nacional.
“Los recursos de inversión asignados por las entidades territoriales para el logro de los objetivos de la RAP, podrán ser utilizados en todo el territorio que la conforma, con el objetivo de alcanzar el desarrollo económico de sus territorios y el mejoramiento social de sus habitantes”, reza el articulado.
AUTONOMÍA FISCAL
A la par, estas regiones, de las cuales ya hay creadas cuatro, podrán gestionar y celebrar operaciones de crédito público y de manejo de deuda pública, lo que les abre las carteras para obtener más recursos sin la necesidad de pasar por el centro del país para tener su autorización.
Sin embargo, esto no es lo único. En materia de regalías también podrán separarse del foco centralista, ya que la ley aprobada les da vía libre para que presenten proyectos ante los Ocad, lo cual hoy por hoy solo pueden hacer las entidades territoriales.
Una vez consolidadas las RAP, estas podrán convertirse en Regiones Entidades Territoriales (RET), que, en plata blanca, les daría mayor fuerza para administrar recursos, a tal punto que “sobre sus recursos propios tendrán autonomía para definir su destinación en inversión social”.
Para convertirte en RET, las RAP tendrán que consolidarse durante cinco años, pero solo podrán hacerlo a partir del 2022, según reza la ley aprobada.
La ley no busca, en ningún caso, promover procesos separatistas al estilo de España, ya que si bien les da más autonomía a las regiones, también armoniza la relación de estas con la Nación.
De hecho, en algunos proyectos de alta envergadura, la financiación irá por cuenta tanto de los territorios (departamentos) como de las apropiaciones del Gobierno Central.