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Viernes 19 de Diciembre 2014

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Puja de entidades financieras por recursos de Acción Social

Septiembre 26 de 2012 - 9:08 pm



Asomicrofinanzas insinúa sesgo en los pliegos. El Gobierno dice que el dinero debe estar blindado.

Las entidades financieras han expresado gran interés por quedarse con el manejo de 1,8 billones de pesos que el programa Familias en Acción girará en el 2013 a unos 2,6 millones de familias ubicadas en todo el territorio nacional.

La puja se desarrolla dentro del proceso de licitación abierta por la Dirección de Ingreso Social del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Portafolio conoció una carta enviada por la presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, en la que hace reparos a las condiciones establecidas en los pliegos de la subasta (bajasta). Una de las observaciones tiene que ver con el plazo para el cierre de la presentación de propuestas, previsto para hoy, pero que ya fue extendido hasta el 4 de octubre.

Los reparos insinúan un sesgo a favor de una entidad financiera, de la que se no mencionan su nombre, Portafolio conoció que como el del Banco Agrario, entidad que maneja actualmente la totalidad de los pagos de Familias en Acción.

El director del DPS, Bruce Mac Master, asegura que este dinero debe estar bien blindado, y que no permitirá que entidades que no certifiquen la solidez necesaria lideran propuestas. “Tenemos a disposición 16 entidades financieras certificadas por el Ministerio de Hacienda, que pueden manejar recursos públicos, es decir, con calificación igual o superior a AA, y que han manifestado interés en este proceso”, dijo el funcionario.

Entre tanto, el director de Ingreso Social del DPS, Roberto Angulo, que además de la solidez y seguridad, se está buscando cobertura y eficiencia.

Los funcionarios coincidieron en señalar que las cooperativas financieras y las empresas de giros podrán aliarse con los bancos para prestar hacer pagos en zonas donde no hay presencia de la entidad bancaria. “Quiero dejar claro que el contrato solo se firmará con bancos autorizados, y ellos tendrán que responder por el dinero. No vamos a poner en riesgo los recursos”, dijo Mac Master.

Por su parte, la presidenta de Asomicrofinanzas, dijo que es importante que haya competencia y que muchas de las entidades que tienen productos de ahorro para la población de menor ingresos, como los bancos, las compañías de financiamiento, las cooperativas financieras y las de ahorro, puedan participar en la licitación.

En la carta, Asomicrofinanzas dice que “la Banca de las Oportunidades ha invertido mucha plata asesorando a las entidades para que desarrollen proyectos. Si es el Gobierno el que está dando esa asistencia técnica, ¿por qué no aprovechar a estas entidades?”, puntualiza la directiva. Hoyos señala que si el interés es proteger el ahorro de los usuarios, podrían participar entidades vigiladas y que tengan seguro de depósito de Fogacoop y de Fogafín.

Sobre la inquietud respecto al sesgo en favor del Banco Agrario, Angulo dijo que a esa entidad se le están cancelando actualmente 9.000 pesos por cada pago que realice a los usuarios de Familias en Acción, mientras que para esta licitación se puso un techo de 6.000 pesos, es decir, que tendrían que prestar el servicio a menor precio, en caso de ser ganadores.

El director de Ingreso Social explicó que para este proceso, el país fue dividido en cuatro zonas geográficas con igual número de usuarios y en similares condiciones de dificultad para su ubicación, a fin de que los proponentes puedan participar de acuerdo con sus fortalezas regionales. Reiteró que los bancos pueden asociarse con entidades pequeñas como cooperativas o firmas que realizan giros o pagos, pero que el líder debe ser una institución financiera.

Mac Master indicó que no es cierto que a las entidades especializadas en microfinanzas se les exijan los mismos requisitos que a los bancos que podrán liderar las alianzas para la presentación de propuestas.

ASPECTOS CLAVES DEL PROCESO

El departamento Administrativo de la Prosperidad Social dividió en cuatro regiones el país, para abrir la posibilidad de que los pagos puedan ser realizados por diferentes entidades financieras, sin que ello signifique el ganador sea uno solo en todos los grupos.

Cada región, norte, sur, occidente y oriente tendrá, en su jurisdicción al menos una de las cuatro ciudades más grandes del país, e igual número de municipios con poblaciones similares, al igual que con condiciones de dificultad de acceso muy parecidas. Cada año se deben realizar seis pagos a 2,6 millones de usuarios. El contrato será por dos años, es decir, por el 2013 y el 2014.

“Hemos recibido 170 preguntas de los interesados, y hasta ahora no ha habido grandes dificultades con la regionalización”, señala el director de Ingreso Social.

La oferta corresponde al mecanismo de bajasta, es decir, que se parte de un techo de 6.000 pesos por cada pago que el banco haga a cada usuario, y el contrato se otorgará a la entidad que ofrezca el menor valor por el servicio, siempre y cuando cumpla con los requisitos.

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