La historia de Mario Hernández es la de un empresario hecho a pulso. Nacido en Capitanejo, un lugar donde el turbulento río Chicamocha entra a territorio santandereano después de nacer en Boyacá, llegó a Bogotá apenas siendo un niño, junto con su familia desplazada por la violencia.
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Tras quedar huérfano a los diez años y al ser el mayor de cuatro hermanos, aprendió a ganarse la vida desde la década de los cincuenta, en una ciudad que todavía tenía mucho de parroquial. La lista de oficios que desempeñó y de negocios que emprendió es larga, pero sin duda la compra de un almacén que vendía artículos de cuero en 1972 y, posteriormente, de una fábrica que elaboraba productos en ese material, marcó su vida para siempre.
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Hoy, la marca que lleva su nombre es la principal referencia del mercado del lujo hecho en Colombia. No hay duda de que se siente orgulloso de lo conseguido, pero su filosofía es clara. “Uno nace empeloto y se muere empeloto. Para mí la riqueza es construir, compartir, hacer país. Las cosas materiales valen, aunque no tanto”, dice.
Quienes lo conocen saben que tiene pocos pelos en la lengua. Ve en las movilizaciones que comenzaron el 21 de noviembre una expresión genuina de inconformidad más allá del oportunismo de más de un político. Una de sus preocupaciones es la que él describe como pasividad en sus colegas. “El sector privado está obligado a pellizcarse y entender lo que pasa, para que no lo deje el tren”, afirma.
UN PROBLEMA DE IMAGEN
El llamado de atención es válido. La más reciente encuesta de Invamer mostró que por primera vez desde cuando se comenzó a formular la pregunta en febrero de 2000, la imagen que tienen de la clase empresarial colombiana los habitantes de las grandes ciudades es más negativa que positiva. En la medición realizada a finales del mes pasado la calificación desfavorable llegó a 49 por ciento y la favorable a 44, cuando diez años atrás las notas fueron 63 y 29 por ciento, respectivamente.
La opinión en los principales centros urbanos ve las cosas con un lente mucho más oscuro, tanto en lo que tiene que ver con el manejo de diversos desafíos que forman parte de la agenda pública como con la percepción de los dirigentes o de las propias instituciones. En este último caso, y aparte de excepciones como la Iglesia católica,
las Fuerzas Militares o la Policía, no queda títere con cabeza.
Aunque no faltará aquel que diga que el desprestigio es la norma de estos días, el retroceso es de tal magnitud que despierta preocupaciones. “Es un lío descomunal que la gente piense que las empresas son parte del problema y no de la solución”, sostiene Camilo Herrera, de la firma Raddar. Y agrega: “parece inconcebible, pero cada vez encuentro más personas que creen que si a la actividad privada le va mal, a la sociedad le va bien”.
Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, subraya que “es un juego peligroso e injusto el que han decidido jugar algunos líderes políticos, de opinión y hasta algunos medios de comunicación. Con el ánimo de lograr popularidad, seguidores y rating han escogido al sector empresarial como víctima de estigmatización y matoneo”.
No hay discusión respecto a que la pluralidad de ideologías y la libertad de pensamiento son piedras angulares de cualquier democracia. Sin embargo, están quienes alertan sobre el riesgo que representa el ahondar prejuicios, algo en lo cual las redes sociales tienen una cuota de responsabilidad.
Algunos factores que vienen de atrás. De un lado, se tiende a confundir a las personas jurídicas con las naturales. Una frase que se escucha usualmente en las universidades es la que dice que los ricos son los individuos, no las firmas. Bajo esa lógica, el esfuerzo tributario debería recaer en los primeros y no en las segundas. En los países de la Ocde, las personas naturales pagan el 70 por ciento de lo que se recauda por impuesto de renta y las jurídicas, el 30 por ciento restante. En Colombia es al revés.
Aun así, parece que esa enseñanza cae en tierra estéril. Basta con escuchar las intervenciones que se escuchan en el Congreso, a raíz del proyecto que busca revivir la ley de financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional. La idea de aminorarles las cargas a las sociedades de manera general cae muy mal entre un buen número de parlamentarios, algo que es distinto a la abominable práctica de darles exenciones a algunos en particular.
Adicionalmente, el éxito empresarial no es bien recibido. “Si una compañía obtiene utilidades en Colombia, generalmente es percibida como malvada”, señala Herrera. La gran ironía es que esas ganancias usualmente se reinvierten, por lo cual son el combustible del crecimiento y la generación de empleo.
Junto a lo anterior, existen los cuestionamientos específicos. “Si hay una minera se le describe como depredadora del medioambiente, si es una productora de alimentos se la caracteriza como culpable de la mala nutrición, si hay un banco se lo califica como un explotador o si se trata de una entidad que opera en el área de la medicina se recuerda que la salud no es un negocio”, observa Francisco Miranda, director del diario Portafolio.
Un ejemplo reciente sobre la ambivalencia de los colombianos es el de Rappi. Conocido como el primer 'unicornio' del país al recibir una inversión de SoftBank y ser valorado en más de mil millones de dólares, el emprendimiento recibió aplausos en privado y ataques en público por el modelo que utiliza para entregar los pedidos de sus clientes.
PROBLEMAS REALES
Lo anterior no significa que aquí no haya tela para cortar. Una mirada a otras latitudes revela que la insatisfacción con el capitalismo se extiende a la mayoría de las sociedades occidentales. La percepción de que la desigualdad viene en aumento y que los dados están cargados en contra de amplios sectores de la población explica fenómenos como el 'brexit' en el Reino Unido, la elección de Donald Trump en Estados Unidos o el surgimiento de los chalecos amarillos en Francia, para hablar solamente de naciones desarrolladas.
Respecto a las grandes corporaciones, el tema central son sus estrategias a la hora de pagar impuestos. Un informe reciente demostró que las multinacionales norteamericanas reportaron siete veces más utilidades en un puñado de paraísos fiscales que en seis de las economías más grandes del mundo, a pesar de que sus cifras de ventas se concentraron en estas últimas.
Semejante aproximación parte de una postura que el desaparecido Milton Friedman hizo explícita hace algo menos de medio siglo, cuando afirmó que el objetivo central de cualquier empresa es darles todas las ganancias posibles a sus accionistas.
Sin embargo, a comienzos de agosto los líderes de 181 de los conglomerados globales más grandes –como Amazon, Apple o JP Morgan– sorprendieron a los observadores cuando dijeron que más allá de servir a un propósito específico, cada firma debe mantener un compromiso con sus partes interesadas en la sociedad. Puesto de otra manera, el mensaje es que las compañías no pueden ser ajenas a la suerte de las sociedades en las que operan.
Cómo se traduce eso en la práctica, es algo que está por verse. Desde hace rato existe el término de responsabilidad social corporativa, a partir de la cual Michael Porter habló del concepto del valor compartido. Gracias a esa postura, son cada vez más las compañías que se preocupan por el desarrollo integral de sus empleados, la huella de carbono que dejan o porque sus proveedores respeten las normas laborales y otras regulaciones.
A su vez, una serie de académicos como Paul Collier, de Oxford, o la recién galardonada con el Premio Nobel de Economía, Esther Dufflo, han publicado libros con recetas específicas orientadas a salvar al capitalismo de sí mismo. Mariana Mazzucato, quien enseña en una universidad londinense, propone opciones que caen bien entre algunos demócratas que aspiran a llegar a la Casa Blanca.
VISIBILIDAD Y OPCIONES
De regreso a Colombia, hay puntos adicionales que vale la pena tener en cuenta. A finales de septiembre, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, causó escozor cuando afirmó que veía a la clase empresarial “ausente y eso hace mucho daño. Hay dirigentes gremiales que hacen su oficio, pero eso no es lo mismo que tener personas que sean la cara visible de las compañías que manejan”. Y concluyó: “el bajo perfil es cómodo para muchos. El lío es que no sirve”.
Una mirada a otras naciones de la región muestra que, efectivamente, la norma no escrita en el país es aparecer poco en medios o participar de manera discreta en los eventos públicos. Probablemente los problemas de seguridad que fueron la norma durante la parte final del siglo pasado llevaron a que los capitanes del sector privado prefirieran pasar de manera desapercibida, ya fuera para no atraer la atención o proteger a sus familias.
No todos son así. Pero la resistencia es todavía grande, entre otros motivos porque hacerse visible puede ocasionar ataques en redes sociales y daños reputacionales que se quieren evitar. “Evítese problemas”, parece ser la norma tácita que muchos aplican.
A pesar de ese peligro. No queda opción. Andrés Cadena, quien tiene a su cargo el capítulo local de la firma de consultoría McKinsey, opina que “los empresarios como fuente de oportunidades están obligados a explicar su papel”. Agrega que no se trata solo de los líderes de las compañías más importantes, sino de aquellos “que tienen que levantarse todos los días a trabajar, competir y preocuparse de pagar la nómina. Los mismos que son responsables del 90 por ciento de los empleos formales”.
La urgencia de aparecer también tiene que ver con las manzanas podridas. En ausencia de los casos ejemplares, aquellos que acaban ocupando los titulares son los involucrados en los escándalos de corrupción, con lo cual la opinión acaba creyendo que son pocos los que juegan limpio. Si a eso se agrega que el público considera que el servicio que recibe en general no es bueno y que las redes están llenas de quejas contra múltiples compañías, sube la percepción de que el ciudadano de a pie se ve avasallado.
No menos importante es el tratamiento preferencial que reciben determinados sectores. Los académicos critican que el gran capital obtiene prebendas que no necesariamente benefician a la sociedad y que en más de una ocasión trata mal a sus trabajadores o se preocupa poco por lo que sucede en su entorno.
Ignorar el peligro de que haya animadversión contra el sector privado es un error. En el peor de los casos puede venir una ola de populismo anti empresarial, como ha ocurrido en otras partes de la región. El de Venezuela y las nacionalizaciones promovidas por Hugo Chávez es un caso que merece ser estudiado.
Ante un riesgo de semejante tamaño, el silencio es la peor salida. Más que entrar en la arena política, los empresarios están obligado a ocupar su espacio y adoptar un rol protagónico, destacando sus aportes y el ánimo de contribuir en la construcción de una sociedad más justa e incluyente. La filantropía es encomiable, pero no necesariamente es el camino. Hace más por la igualdad un buen jefe de compras o un ejecutivo de talento humano, que la donación de siempre.
Lo peor ante las críticas es subir la guardia y enconcharse. En lugar de rasgarse las vestiduras ante las protestas, las cabezas de las compañías están obligados a abrir los ojos, escuchar, entender y, si es del caso, cambiar. De lo contrario, los argumentos incendiarios pueden echar raíces y llevar a que se socaven los principios de la economía de mercado que, con todo y sus defectos, permitieron que Colombia sea uno de los dos países de mayor progreso a lo largo de los pasados cien años en América Latina.
RICARDO ÁVILA PINTO
Analista sénior
Especial para EL TIEMPO
