Recorte en Prosperidad Social no tocará programas para la infancia

Tatyana Orozco cuenta cómo mitigará la reducción de 25% en el presupuesto para el 2017.

Tatyana Orozco, directora del DPS, de la Presidencia.

Tatyana Orozco, directora del DPS, de la Presidencia.

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Economía
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noviembre 30 de 2016 - 08:24 p.m.
2016-11-30

El presupuesto nacional del 2017 recorta en 25% lo destinado al Departamento de Prosperidad Social (DPS), la entidad de la Presidencia de la República desde la que se coordinan muchos programas dirigidos a combatir la pobreza, como Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción.

La directora de esa dependencia, Tatyana Orozco, quien anda en una correría nacional llamada ‘100 días, 500 hechos’ para mostrar los resultados de su gestión, cuenta cómo hará no afectar los indicadores logrados hasta ahora.

¿Esta maratón es acaso un informe de despedida?

No, por el contrario, nos está ayudando a identificar temas de mejora para el 2017. Es una jornada donde estamos acercándonos más a la gente, especialmente en las regiones y nos ha servido para mirar qué experiencias replicar. Miramos también posibles alianzas publico-privadas para ver cómo están abordando la responsabilidad social empresarial y qué cosas pueden funcionar.

El foco del DPS es superar la pobreza, ¿qué avances puede mostrar?

El Gobierno Santos ha tenido avances importantes en este campo. Cerca de 4,6 millones de colombianos han salido de la pobreza en estos años. Sin embargo, reconocemos que hay retos importantes. Todavía son 13 millones de colombianos en situación de pobreza. Parte de lo que Prosperidad hace es, a través de transferencias condicionadas, como Más familias en Acción y Jóvenes en Acción, mejorar la salud y la calidad de la educación.

¿Cuánta plata manejan y cómo va la ejecución?

Está cercano a los 3 billones de pesos. La ejecución va supremamente bien. El año pasado tuvimos la mejor ejecución en la historia y este año estamos un poco por debajo, no alcanza a ser ni 2 puntos por debajo del 2015.

¿Y cómo queda para 2017?

Tenemos una reducción cercana al 25%, con 2,5 billones de pesos. En todo caso, no se tocará lo que se destina a primera infancia, que es uno de nuestros programas bandera de la inclusión social y la reconciliación.

¿No es un hueco inmenso para la misión que tienen?

Sin duda, nos plantea unos retos muy grandes y parte de lo que hemos conversado con el Ministro de Hacienda es que una vez se apruebe la reforma tributaria, podamos aumentar parte de esos recursos.

¿Si no, qué va a hacer?


Una de las cosas que hicimos este año fue analizar cómo mejorar la eficiencia de todos nuestros programas y jalonar recursos de cooperación internacional para mantener nuestros indicadores. Por ejemplo, conseguimos una donación cercana a 5 millones de dólares de Canadá para los programas de empleabilidad, y la segunda semana de enero debemos firmar con Corea para mantener el programa de emprendimientos colectivos en zonas rurales, con unos 10.000 millones de pesos.

¿Y otras fuentes posibles?


Las alianzas público-privadas son una posibilidad. Este año, Prosperidad Social puso $20.000 millones y el sector privado cerca de $120.000 millones. Eso nos permite mantener también la cobertura.

Las zonas de conflicto y pobreza coinciden. ¿Qué retos asumen en el postacuerdo con las Farc?

Hace cinco años, el presidente Santos decidió crear este sector de la inclusión social y la reconciliación, donde pone junto a las víctimas de la violencia, a los territorios marginados por el conflicto, a los pobres, niños y niñas, y adolescentes, para ser atendidos.

Con la Red Unidos hacemos un acompañamiento, uno a uno, a los hogares en condición de pobreza extrema, identificando sus necesidades en salud, educación y trabajo, para llegar con la oferta del Estado. Estamos aumentando su presencia, en especial en esas zonas rurales.

¿Dónde actúan?


En departamentos como Chocó, estamos triplicando la presencia. También, en Guainía atendemos a cerca de 500 familias y vamos a pasar a 1.500, sobre todo indígenas, de corregimientos donde hubo presencia de grupos ilegales.

Con el Ministerio del Postconflicto estamos focalizando aún más nuestros programas. Por ejemplo en el corregimiento El Orejón (Antioquia), donde están desminando, van más de 200 familias atendidas con nuestros programas de seguridad alimentaria.

¿Qué han hecho en La Guajira?

Igual que en Chocó, este año triplicamos la presencia de la Red Unidos. Atendíamos cerca de 16.000 hogares y pasamos a 45.000. También, en seguridad alimentaria, hace unos años el DPS invertía de $2.000 a $3.000 millones al año y en los dos últimos años vamos en cerca de $20.000 millones en La Guajira.

Fuera de eso, las familias no tenían agua para regar sus siembras e hicimos soluciones integrales con más de 17 comunidades. Además, estamos empezando con 11 adicionales, donde se les esta poniendo pozo, energía solar y riego por goteo para que puedan tener una hectárea de siembra, y se les dan chivos como complemento nutricional.

GUERRA CONTRA LA POBREZA

La meta del Gobierno es, a 2025, erradicar la pobreza extrema que afecta a 3,7 millones de colombianos. Pero además, acabar con ese flagelo en el campo hace parte de los acuerdos con las Farc, lo cual significa mejorar la condición económica de 1,9 millones de personas del sector rural.

“La forma más fácil de entender qué es un pobre extremo, es decir que son todas aquellas personas a las que no les alcanza la plata ni siquiera para comer”, explica Tatyana Orozco, directora del DPS de la Presidencia.