Congreso aprobó la conciliación y la Corte Constitucional también declaró exequible el Acto Legislativo.

Un nuevo capítulo de la reforma de las regalías se cerró en estos dos días.

El Congreso aprobó la conciliación del proyecto de reglamentación de dichos recursos, base para empezar la ejecución de los mismos, que serán de 9,1 billones de pesos en el 2012.

Son varias las novedades que introdujo la conciliación respecto al decreto que el Gobierno había expedido para no retrasar el flujo de recursos hacia las regiones mientras se aprobaba aquella.

Por un lado, se destina el 10 por ciento de la plata que irá al Fondo de Compensación Regional para atacar la pobreza en municipios de categorías 4, 5 y 6, que son los más pobres.

También se garantiza que todos los municipios tengan acceso a una parte, pues, inicialmente, con base en el decreto, 343 se quedaban por fuera de la repartición.

En cuanto a los recursos destinados a fortalecer la ciencia y la tecnología, se establece que en el órgano colegiado de administración de esta parte de las regalías tengan asiento dos universidades públicas, dos privadas, nueve alcaldes, cuatro gobernadores, cuatro ministros y el director del DNP.

Otra decisión que favorece a las regiones es la relativa al manejo de los recursos del Fondo de Pensiones Territoriales, que podrá destinar parte de estos dineros, tradicionalmente dirigidos al ahorro, al pago de mesadas pensionales de los entes territoriales, y para invertir, siempre y cuando hayan logrado guardar hasta el 125 por ciento de su pasivo pensional.

Al tiempo con la conciliación, se emitió un acuerdo, publicado en el Diario Oficial, en el que se señala que los cuerpos colegiados, que son una instancia local, podrán tomar decisiones sobre la inversión de las regalías directas cuando el monto no exceda los 2.000 salarios mínimos (1.133 millones de pesos).

LA LEY ES CONSTITUCIONAL

En una decisión dividida, la Corte Constitucional consideró que la reforma de la distribución de recursos se ajusta a la Carta Política.

La norma pasó su examen con cinco votos a favor y cuatro en contra.

Según la Corte, la consulta a las comunidades indígenas no era requisito necesario.