Los reparos de Carvajal por el caso del cartel de cuadernos

El abogado Emilio José Archila, dice que el informe motivado de la Superindustria y Comercio “carece de solidez para sustentar condena”.

Carvajal se defiende ante señalamiento por parte de la SIC

"La delación y la defensa del consumidor no parten de que se dicten condenas, sino de procesos justos", dice Emilio José Archila. 

Economía
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Portafolio
mayo 17 de 2016 - 10:25 p.m.
2016-05-17

La compañía Carvajal hizo varios reparos al informe motivado que tiene en sus manos el superintendente Pablo Felipe Robledo para decidir si se configuró un acuerdo de precios en el mercado de cuadernos con Kimberly y Scribe.

Emilio José Archila, apoderado de la compañía del Valle para este caso, explica que la solidez de la política de delación y la defensa de la competencia y los derechos del consumidor no parten de que se dicten condenas, sino de procesos justos. No descarta que la Delegatura se haya dejado llevar por el hecho de que la firma delatora participa en otros mercados en los que hizo cosas mal, y creyó que en el caso de los cuadernos estaba cartelizada.

Confía que en las siguientes instancias -el concepto del Consejo Asesor y la decisión final del Superintendente, el proceso rectifique el curso y sean escuchadas las observaciones de la defensa. A su juicio, “hay muy graves deficiencias, falencias e injusticias en el informe que deberían llevar a que el superintendente Robledo decida no sancionar a Carvajal”.

El primer cuestionamiento de Archila es que buena parte del informe motivado se basa en un solo testimonio, y que en las 182 hojas no se haga mención alguna a pruebas documentales, periciales o testimoniales de la defensa. Asegura que tampoco se tuvieron en cuenta las respuestas de los delatores que favorecían a su defendida.

Igualmente, se queja de que en el caso de la delatora el informe cita las respuestas a las preguntas que hizo la delegatura y “desconoce sistemáticamente las pruebas que favorecen a Carvajal”.

Agrega que el investigador omitió horas y horas de preguntas que la defensa formuló a la persona.

La segunda falencia identificada está en desconocer la presunción de inocencia.
Argumenta que al apoyarse en los aportes de los delatores, la Delegatura obvió lo que no fuera útil a esa versión.

Aunque la autoridad debe demostrar si existe culpabilidad, Archila asegura que a personas naturales se les exigió dar muestras de su inocencia.

Explica que no se probó un acuerdo de precio, por 13 años, con Kimberly y Scribe, con por lo menos 26 reuniones en total.

Carvajal dice que en 10 años no hay señales de las presuntas reuniones, y menciona que para llenar ese grave vacío se vale de la principal delatora, Ángela Zapata, que habla de que en la primera reunión a la que asistió los partícipes parecían tener ‘familiaridad’, condición de la que se sirven para deducir sobre las reuniones de los diez años anteriores.

No hay pruebas sobre el ‘cartel de precios’

No existe una prueba a lo largo del informe motivado que demuestre que los supuestos acuerdos de precios se cumplieron y que hayan tenido sus efectos, a juicio del abogado Archila.

De hecho, explica que la defensa presentó ante la Delegatura dos estudios que muestran que al mercado han llegado más competidores, que el precio de estos productos ha disminuido en términos reales y que Carvajal Educación ha perdido participación de mercado entre el 2002 y el 2014. “Resulta increíble que Carvajal haya sostenido un acuerdo por más de 11 años para perder dinero y mercado”, advierte.