En una misiva, conocida por Portafolio, la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) le manifestó su preocupación a los ministerios de Defensa y Transporte por los problemas de orden público que están afectando la ejecución de las obras de algunas de las vías de cuarta generación (4G).
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Según el documento, dirigido a Guillermo Botero, ministro de Defensa y a Ángela María Orozco, ministra de Transporte, hay varias zonas del país que están presentando altercados de orden público, lo que ha hecho que los concesionarios no puedan trabajar como se tiene previsto.
“La puesta en marcha del programa de cuarta generación (4G) ha representado un avance para el desarrollo de la infraestructura de transporte y para el crecimiento económico del país. Sin embargo, temores infundados, producto de los actos terroristas contra los bienes y las obras en ejecución, las extorsiones a las concesiones, las amenazas de muerte a empleados y subcontratistas, cancelación/reubicación de peajes, imposibilidad de recaudo de peajes, etc., han llevado a la parálisis y suspensión de las obras e, incluso, a la inminente anticipada de proyectos”, escribió Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI en la misiva, enviada el pasado 27 de agosto.
En el documento, el gremio cita el caso de cuatro concesiones que están siendo afectadas por distintas razones, que tienen que ver con problemas de seguridad.
La primera de esas es la de la Autopista Conexión Norte, que trabaja en la vía Remedios-Zaragoza-Caucasia, en Antioquia. De acuerdo con el documento, esa concesión tiene problemas en sus obras por cuenta de las denominadas bandas criminales (bacrim), los reductos de la guerrilla y la delincuencia común.
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Incluso, en el caso de ese proyecto, el viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, le dijo a este diario en días pasados que era uno de los casos más representativos de orden público, en tanto que la concesión ha sufrido la quema de decenas de sus equipos de construcción. “Si se tiene un problema de seguridad de ese tamaño, no se le puede exigir al concesionario que cumpla los plazos, porque es imposible. Eso es un evento eximente de responsabilidad”, sostuvo el funcionario.
En segundo lugar se encuentra la Autopista al Mar 2, que conecta a Medellín y al Eje Cafetero con el Mar Caribe y los puertos de Urabá. En el caso de esa concesión, la CCI reporta problemas con la delincuencia común y los pobladores.
El tercer caso es el de la Autopista al Río Magdalena 2, que busca conectar Medellín con el puerto de Cartagena y el norte del país y el nordeste de Antioquia con la concesión de la Ruta del Sol a través de Puerto Berrío. Para esta, el gremio de infraestructura denunció problemas de seguridad relacionados con las bacrim.
Por otro lado, la Malla Vial del Meta, que se desarrolla con el fin de mejorar la movilidad del tráfico pesado de ese departamento, también tiene problemas de orden público relacionados con la delincuencia común y manifestaciones de comunidades indígenas de los pobladores de la zona.
Además de esos otros cuatro casos relatados en la carta, la CCI le confirmó a este diario que hay dificultades con otras dos concesiones: la Circunvalar de la Prosperidad –que conecta Cartagena con Barranquilla– y la de la Autopista al Mar 1.
“Queremos destacar que los proyectos viales carecen de la competencia y legitimidad para contrarrestar, repeler o mitigar actos provenientes por actores armados o grupos al margen de la ley, pues, constitucionalmente, el monopolio de las armas lo ostenta exclusivamente el Estado. En ese orden de ideas, acudimos a sus buenos oficios”, concluyó Caicedo.
LAS MESAS DEL GOBIERNO
Con el fin de dar solución a los problemas que están presentando las vías 4G, como los de orden público, el Gobierno –a través del Ministerio de Transporte– está coordinando unas mesas de trabajo en las que buscan darle solución a este tipo de dificultades.
En esas conversaciones, los concesionarios, entes de control y gremios, estudian casos específicos para ver si es necesario que se tengan que dar nuevos plazos a la entrega de las vías. Según el viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, esta sería una salida a esos atrasos, y sería la solución a que uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que tiene el país, no se vea afectado, y de paso, la competitividad del país.