Se requieren ajustes en todos los campos para ganar competitividad

Aunque está planeado ser uno de los tres países más competitivos de la región al 2032, los resultados no están alineados con dicho fin.

Rosario Córdoba / Presidenta del Consejo Privado de competitividad

Diana Sánchez / CEET

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Portafolio
noviembre 02 de 2017 - 10:23 p.m.
2017-11-02

En el 2006 se trazó la hoja de ruta para que en el 2032 Colombia fuera uno de los países más competitivos de América Latina. Si bien se han logrado avances en varios frentes, la meta está lejos de ser alcanzada y se observa estancamiento en varios frentes que resultan clave para lograrlo.

(Lea: ‘La informalidad se debe combatir mejorando la productividad laboral’)

El Informe Nacional de Competitividad que realizó el Consejo Privado (CPC) reconoce que el Gobierno inició reformas centrales para la agenda de competitividad, pero a su vez evidencia que es fundamental hacer un cierre correcto de muchas de esas líneas de trabajo para asegurar tener el impacto esperado.

(Lea: La CCB lanzó iniciativa de Cluster de Construcción)

Entre las acciones que el CPC resalta que se deben hacer en la recta final de esta administración se destacan:

1) disminuir los costos asociados a la informalidad laboral, “se debe evitar la proliferación de legislación laboral que castiga y encarece el empleo formal. Por ende, es necesario archivar los proyectos de ley y de normas que buscan crear inflexibilidad laboral, o plantear alternativas para los excesos causados por sentencias de las altas cortes;

2) un plan urgente que destrabe los proyectos de infraestructura. Lograr que los proyectos de las 4G superen los problemas inmediatos de la fase de financiación y se pongan en marcha antes de que finalice este gobierno. Para ello, se debe, entre otras, resolver la liquidación del contrato de la Ruta del Sol II y garantizar los pagos a los terceros de buena fe, los cuales se estiman en $2,5 billones.

3) Se debe cumplir con las disposiciones de la Ley 1819 para la implementación de la política integral de recursos humanos de la Dian y el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica. Este plan debía estar listo en junio de 2017, pero no se ha llevado a cabo la tarea.

4) Eficiencia del Estado a través de la reducción del costo regulatorio para las empresas, es decir, eliminar los incentivos a la informalidad y al “enanismo”, bajando la carga regulatoria sobre el sector formal bajo desregulación inteligente.

REFORMA PENSIONAL

De acuerdo con el informe presentado, es urgente avanzar en el diseño de una reforma pensional. Dice el CPC, que para lograr mayor margen de maniobra fiscal es esencial cambiar el sistema. Menciona, además, que la finalidad de esta deber ser la consolidación de un sistema multipilar, en el cual exista una complementariedad entre los diferentes pilares y en el que todos los segmentos poblacionales tengan una opción para la vejez. La progresividad de los subsidios y la sostenibilidad deben ser los principios que guíen el proceso.

Así mismo, indicó que se deben resolver las dificultades inmediatas respecto de los seguros previsionales, que podrían poner en riesgo el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

COSTOS DEL COMERCIO

Los altos costos y tiempos de exportación e importación en Colombia son originados, en parte, por los obstáculos de procedimiento interpuestos en las agencias públicas. Un estudio de la Universidad del Rosario reveló que el 68% de los casos problemáticos para el cumplimiento de las regulaciones impuestas en otros países se ocasiona en Colombia. Esto implica que el problema no solo es producto de la dificultad en el cumplimiento de la norma en los países de destino, sino, en las barreras de procedimiento en el país, es decir, en los trámites que conlleva acatar la norma y que son motivados en entidades gubernamentales.

Para mejorar en este frente, se pide que la Dian empiece a socializar la nueva plataforma informática, de manera que permita que los administrados aduaneros realicen los acoplamientos necesarios en contar con un sistema informático robusto.

Dice el informe que entre otras cosas, la elaboración de perfiles de riesgo adecuados, es un eje principal del nuevo Estatuto. Esto implica la masificación del Operador Económico Autorizado en el menor tiempo posible, normatividad que se expidió en 2011 y solo, al cierre de este informe, se ha implementado en 22 empresas exportadoras sus propios sistemas.

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