Auditoría de Contraloría a Agencia Nacional de Infraestructura halló adiciones hasta por 805%.

Las adiciones (sumas no contempladas en el cálculo inicial del costo de un proyecto) a las concesiones viales realizadas antes de que se creara en el 2011 la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en reemplazo del cuestionado Inco, le estarían costando al país 1,5 billones de pesos.

La cifra sale de los hallazgos de la Contraloría General durante las auditorías realizadas a la Agencia. En su informe de este año, conocido por EL TIEMPO, el ente de control descubrió un posible detrimento patrimonial por 758.700 millones de pesos. A este monto se le suman 600.000 millones del año pasado y 200.000 millones más de casos que ameritaron la apertura de un proceso de indagación preliminar.

En 7 de las 11 concesiones viales analizadas, la Contraloría logró determinar que las adiciones superaron el límite del 50 por ciento del valor inicial del contrato. En Cartagena-Barranquilla, por ejemplo, alcanzó el 805 por ciento; en Bogotá-Villavicencio, el 720 por ciento; en Pereira-La Victoria, 602 por ciento; en Zipaquirá-Palenque, 493 por ciento, y en Córdoba-Sucre, 300 por ciento.

Ana Lucía Dugand, gerente de Cartagena-Barranquilla, explicó que "el contrato de 1994 era de rehabilitación, operación y mantenimiento de una calzada, por tanto, su valor no es comparable con el de la construcción de doble calzada de la Vía al Mar, pues son diferentes". Otro hallazgo fue que en Armenia-Manizales, Córdoba-Sucre, Cartagena-Barranquilla, entre otras, las obras adicionales, según la Contraloría, se hicieron bajo la modalidad de obra pública, con lo cual -advierte- se está desnaturalizando la figura de concesión.

También se encontró que en Córdoba-Sucre, Pereira-La Victoria, Bogotá-Villavicencio (doble calzada), Cartagena-Barranquilla, Devinorte de Bogotá y Santa Marta-Paraguachón "durante algunos lapsos en su ejecución no contaron con interventoría que permitiera efectuar un adecuado control".

La investigación también halló que en Armenia-Manizales, Devinorte y Fontibón-Los Alpes, entre otras, se pactó que los recaudos de peajes que excedieran el ingreso mínimo garantizado serían distribuidos por porcentajes iguales entre el Inco y el concesionario, lo cual favoreció a los contratistas, dice el informe. Finalmente, la auditoría evidenció que la ANI no cuenta con la información completa de las concesiones de primera y tercera generación -adjudicadas en su mayoría en los años 90- y que la entidad que reemplazó no analizó los efectos financieros de las modificaciones por desplazamiento de cronogramas, tanto de obras como de aportes.

MEJORARÁN CONTROLES EN LA INTERVENTORÍAS

El presidente de la ANI, Luis Andrade, aseguró que en "esta administración no ha habido una sola adición" y agregó que se endurecieron los requisitos para escoger interventorías. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, pidió no satanizar las concesiones, pues le han permitido al país ahorrarse 50 por ciento en grandes obras.

SEGUIMIENTO

Contratistas destacan la importancia de interventorías

Carlos Alberto Ramírez, miembro de la Junta directiva de Santa Marta-Paraguachón, confirmó el hallazgo de la Contraloría. "El Inco no abrió la licitación con la anticipación debida, de tal forma que terminándose el contrato de una interventoría iniciara la nueva", dijo. El exgerente señaló que no contar con interventoría representa una gran dificultad para el desarrollo normal de los contratos, pues las decisiones que tenga que tomar la entidad se paralizan.

Por su parte, la concesión Córdoba-Sucre afirmó que también estuvo durante un tiempo sin interventoría, pues la asignación le corresponde a la ANI. Agregó que desde finales del 2011, como requisito del crédito otorgado por la banca nacional, la concesión cuenta con la interventoría de la firma HMV Ingenieros, propiedad del grupo Helm. "Un buen interventor a largo plazo representa una reducción en los costos de mantenimiento", asegura.

Sobre el mismo tema, Ana Lucía Dugand, de la Vía al Mar, explicó que cuando la concesión estuvo sin interventor "el Inco se encontraba en proceso de licitación y selección del nuevo interventor, pero contrató interventoras temporales". EL TIEMPO consultó a Coviandes sobre el informe, pero no tuvo respuesta.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS