Iván Duque Márquez
columnista

El doble estándar

Nuestra Constitución prohíbe que personas condenadas por delitos, con excepción de los políticos y conexos, puedan ser miembros del Congreso.

Iván Duque Márquez
Opinión
POR:
Iván Duque Márquez
agosto 31 de 2016
2016-08-31 08:43 p.m.
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Arnaldo Otegi es un controversial político del País Vasco español que acaba de ser inhabilitado por las autoridades electorales para ser candidato a Lehendakari, o presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La decisión obedece a que Otegi fue condenado a prisión en septiembre del 2011 por ser miembro directivo de la banda terrorista ETA, en del famoso caso Bateragune.

El pasado mes de marzo, Otegi salió de prisión e intentó recuperar su papel en la política, pero su condición de condenado se lo impidió. Según la Fiscalía del caso donde se originó la condena, Otegi es inelegible porque ha sido condenado por el delito de terrorismo, y según la legislación electoral española y la del País Vasco, son inelegibles quienes hayan sido condenados por rebelión, terrorismo o delitos contra la administración pública, o las instituciones del Estado.

¿Por qué España tiene esa legislación? Sencillamente, porque el ejercicio de los plenos derechos democráticos y la posibilidad de representar a la sociedad no puede ser ocupado por personas cuyas condenas deshonren las instituciones.

Lo curioso es que ese mismo estándar ha sido recogido por la legislación colombiana de tiempo atrás, y, de hecho, nuestra Constitución, en el Artículo 179, prohíbe que personas condenadas por delitos, con excepción de los políticos y conexos, puedan ser miembros del Congreso. El mismo patrón aplica para los demás cargos de elección popular.

Como si fuera poco, en el Acto Legislativo para la paz, del 2013, con proposición del entonces senador Juan Lozano, se prohibió que los responsables de delitos de lesa humanidad pudieran llegar a cargos de elección popular.

Mientras en España se aplica la ley, en Colombia se relativiza, y, sin aspaviento alguno, en el Artículo 36 del Acuerdo de Justicia entre el Gobierno y las Farc se dice con claridad que “la imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR no inhabilitará para la
participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política, para lo cual las partes acordarán las reformas constitucionales pertinentes”. Simplemente, se abre la puerta para que los responsables de todo tipo de delitos por parte de las Farc, tengan el camino abierto para acceder a cualquier cargo de elección popular.

Semejante regalo a quienes han sembrado tanto terror es una agresión a nuestra Constitución y a los principios que los colombianos hemos definido para ejercer la representación popular. Además, deja claro que ninguna conducta censurable dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), anula o impide la posibilidad de acceder a cargos de elección, configurando una justicia y unos raseros a la medida de las reclamaciones de las Farc, y discriminatorios en los beneficios para esa organización en comparación con el resto de la sociedad.

Duele, también, que en España existan políticos que en su tierra son duros e implacables con Arnaldo Otegi y complacientes con los premios otorgados por el gobierno Santos a las Farc. Razón tenía Adlai Stevenson cuando dijo que “un hipócrita es el tipo de político que cortaría una secuoya, montaría un escenario y luego haría un discurso sobre la conservación”.

Iván Duque Márquez
Senador
ivanduquemarquez@yahoo.com

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