Iván Duque Márquez
columnista

El post-Conejo

Un proceso de desmovilización, desarme y reinserción que se toma sin gerencia, y sin mecanismos para evitar abusos puede detonar nuevas tragedias. 

Iván Duque Márquez
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Iván Duque Márquez
enero 12 de 2017
2017-01-12 07:24 a.m.
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El Año Nuevo trajo un escándalo con las imágenes tomadas en el campamento de la Ye, en una zona de preagrupamiento de las Farc, en Conejo (La Guajira). En un video aparecieron unos funcionarios de la Misión de la ONU, encargados de verificar el cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas, bailando alegremente con miembros de las Farc mientras le daban la bienvenida al 2017.

¿Es grave lo ocurrido? Sí, pero por muchas más razones que el simple ‘tumbao’ de los alegres bailarines. Lo que vimos es una pieza más del folclórico proceso de desmovilización, desarme y reinserción que puede ir mutando a una pesadilla por la carencia de un plan estructurado, y de la institucionalidad necesaria y la debida ingeniería de detalle que demanda un proceso tan delicado.

Lo ocurrido muestra que el Gobierno estaba obsesionado por firmar un acuerdo, pero poco preparado para enfrentar la realidad de una implementación exitosa, creando graves amenazas a la seguridad nacional.

¿Dónde están los riesgos? Para empezar, lo que han denominado posconflicto se parece más a un rompecabezas de cinco mil piezas que hay que acomodar sin conocer la figura, que a un proceso de paz serio. Los contenidos de los acuerdos están llenos de ambigüedades, manifestaciones aspiracionales, grandes concesiones institucionales y pocos elementos concretos.

No tenemos claridad sobre la operación de las zonas de preagrupamiento y surgen graves denuncias de autoridades, como las del gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien dijo que la guerrilla armada “mantiene contacto con la población civil, baja a las zonas urbanas a ingerir licor y está cerca de niños”.

El país desconoce cómo se va a garantizar de manera efectiva el orden público en esas zonas, donde el ejercicio del Estado, al menos con la Fuerza Pública, requiere el visto bueno de las Farc para poder entrar y adelantar investigaciones.

El país desconoce cómo se sabrá efectivamente cuánto es el armamento de las Farc para su entrega y destrucción. Tampoco hay claridad sobre la identidad de los menores reclutados y que están hoy en sus filas, ni cómo ni cuándo serán entregados a sus familias. No hay información sobre el paradero de secuestrados que ellos dicen no tener, pero que sus familias reclaman a gritos. Proceder con una supuesta ‘amnistía’ sin esos elementos es una burla a la verdad, justicia y reparación.

La incertidumbre no termina ahí. El país no tiene la arquitectura institucional para enfrentar los compromisos en materia rural y el presupuesto sectorial de inversión para el 2017 cayó cerca de un 40%, mientras que el de seguridad lo hizo en un 45%.

La Justicia Especial para la Paz no tiene estructura, no se definieron garantías procesales, reglamentación operativa, custodia probatoria con la Fiscalía y la jurisdicción ordinaria y el proceso de selección de los jueces. Tampoco se conocen las nuevas jurisdicciones electorales, ni los tan prometidos mecanismos de ‘desmonte’ del narcotráfico.

Lo ocurrido en Conejo fue mucho más que un baile y nos debe alertar como país. Un proceso de desmovilización, desarme y reinserción que se toma sin gerencia, sin planificación y sin mecanismos para evitar y sancionar abusos puede detonar nuevas tragedias. Estamos a tiempo de reaccionar.

Iván Duque Márquez
Senador
ivanduquemarquez@yahoo.com

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