Luis Felipe Cediel trabajó 37 años en un molino y se retiró por problemas de salud.
Foto: Archivo Portafolio.co

Nueve miembros del Consejo Superior de la Judicatura, en la mira de Contraloría por denominado ‘carrusel’ de pensiones.

El nombramiento como asistente en el despacho de su paisano y amigo, el magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, le permitió al exjuez primero de Familia de Ibagué Jesús Herrera Cortés convertirse en uno de los 20.000 colombianos que reciben una pensión de más de 10 salarios mínimos.

Para entrar en ese exclusivo club, al juez Herrera le bastó permanecer dos meses y 19 días como magistrado auxiliar.

Así incrementó de un golpe su pensión en más de 8 millones de pesos. Su jubilación fue aprobada dos días después de terminar el encargo, el primero de abril de 2011.

La ‘palomita’ le permitió a Herrera pasar de un sueldo de 5 millones de pesos, como juez en Ibagué, a uno de 17, 5 millones, como magistrado auxiliar, y de paso fijar su mesada en 12’875.000 pesos.

Ese golpe de suerte de Herrera, y el de otros 14 funcionarios judiciales nombrados por 9 magistrados de la Sala Disciplinaria en sus despachos, está en la mira de la Contraloría después de superar un conflicto de competencia con la Comisión de Acusación de la Cámara que terminó dirimiendo el Consejo de Estado.

Se conoce como el ‘carrusel’ de pensiones y, según cálculos del organismo de control, esa práctica habría causado 13.786 millones de pesos de detrimento al Estado.

El magistrado Henry Villarraga ha defendido su actuación diciendo que los reemplazos se deben a la necesidad de sustituir a los auxiliares que han tenido que dejar sus labores de manera transitoria, porque el ritmo de trabajo de su despacho es bastante intenso.

Herrera pudo obtener el millonario reconocimiento gracias a un decreto de 1971 que permite a funcionarios de la Rama Judicial pensionarse con el mayor sueldo del último año, a pesar de que sus aportes no correspondan con esa mesada.

Por la ‘palomita’ otorgada al juez, Cajanal –la entidad que tramitó su pensión– tuvo que hacer una reliquidación por más de 248 millones de pesos, señala el expediente de la Contraloría que alcanzó a abrir una investigación fiscal en su contra.

Así culminó Herrera sus 21 años de carrera en la rama, que comenzó en Guayabal (Tolima) como juez de instrucción criminal. A ese rango de pensión solo ha podido llegar menos del uno por ciento de los 1,3 millones de pensionados del país.

Sin embargo, concentra el 9,3 por ciento del presupuesto destinado a pensiones, dice un estudio de la Procuraduría y de la Universidad Nacional.

Según Cajanal, la expectativa de un hombre colombiano es de 71 años. Si esa expectativa se cumple, Herrera recibiría al menos 1.500 millones de pesos en los próximos 11 años, tiempo que empezó a contar a partir del 21 de octubre de 2011, cuando comenzó a recibir sus 12 millones de mesada.

OTROS CASOS

Pero el de Herrera no es el único caso que enreda al magistrado Villarraga. El exfiscal seccional de Bogotá Álvaro Rojas y el exjuez Jaime Roberto Arteaga Caiza aumentaron sus pensiones de la misma forma.

Arteaga pasó de fiscal seccional en Bogotá a magistrado auxiliar de la Judicatura en octubre del 2008, cuando llevaba 20 años de servicio. Según el expediente, el funcionario fue nombrado por Villarraga para reemplazar a una de sus asistentes, quien fue nombrada en comisión en otro cargo.

Un año y dos meses después, Arteaga terminó el reemplazo y de inmediato tramitó su pensión ante el Seguro Social (ISS).

Pero ante la negativa de la entidad de liquidar su mesada con el sueldo de magistrado auxiliar, puso tutela.

Según el ISS, el funcionario no reunía los requisitos, pero, cumpliendo el fallo judicial, le asignó una mesada de 9’985.000 pesos. Arteaga, no conforme, apeló la decisión y el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al ISS una nueva liquidación.

Finalmente, el exfiscal entró a recibir una mesada de 11 millones de pesos.

Al otro paisano al que Villarraga le dio una ‘palomita’ fue a Álvaro Rojas, quien duró 30 días reemplazando al magistrado auxiliar Yesid Barbosa, por una licencia. Rojas se desempeñaba como fiscal seccional de Bogotá, tenía 59 años de edad y en abril del 2010 –cuatro meses después de cumplir el encargo– tramitó su pensión.

Villarraga dijo que él no maneja el presupuesto.

Señaló que su responsabilidad es designar a sus auxiliares y resaltó que los funcionarios que se jubilaron de su despacho tuvieron que acudir a la tutela para que les otorgaran ese derecho.

PROFUNDA DESIGUALDAD

El diagnóstico sobre las pensiones que hicieron la Procuraduría y la Universidad Nacional muestra que estos casos “generan profunda inequidad, le hacen daño al régimen de prima media y deben ser objeto de revisión para que no se vuelvan a presentar”.

Según el Ministerio Público, esta práctica es común en el sector judicial.

Muchos funcionarios “de los que se esperarían los más altos comportamientos éticos” han combinado tutelas con demandas para incrementar sus mesadas de 8 a 23 salarios mínimos por haber desempeñado cargos ocasionales e invocando bonificaciones.

El estudio finalmente concluye que “el comportamiento tipo ‘carrusel’ profundiza la desigualdad en el país y pone el interés individual por encima del interés colectivo, al mismo tiempo que es la conducta que desacredita el funcionamiento de prima media y el argumento que muchos sectores esgrimen para favorecer su desmonte”.

‘ESO ES SOLO PARA POLÍTICOS’

Los 37 años laborados en un molino de arroz, en Ibagué, le dejaron la columna torcida a Luis Felipe Cediel. Sus labores: vigilante, conductor, cuidandero de cultivos, operador de máquinas y –el último– jefe de personal. En el 2003, empezó a sentir un fuerte dolor en la cadera, que meses después lo mandó a la cama. Solo con una tutela logró que lo operaran.

“Tenía un tumor morado del tamaño de la teta de una vaca”. Los médicos le pronosticaron que no volvería a andar, pero con terapias y fe, lo logró, aunque no puede levantar grandes pesos ni caminar demasiado. Su columna, frágil como un chamizo, no aguanta mucho. Después de mucho papeleo, lo pensionaron por discapacidad. “Tenía 56 años y, aunque había trabajado toda la vida, aún era ‘joven’ para que me pensionaran. Qué injusticia”.

Si no se hubiera enfermado, hoy, a sus 64, tendría una pensión de 1 millón y medio de pesos, en promedio, según sus cálculos.

Pero cada mes apenas recibe 900.000, y eso que ha logrado reajustar el monto con tutelas y con la autorización de la pensión por vejez (200.000 pesos más). Por eso redondea vendiendo motos y carros viejos, haciendo diligencias y hasta vendiendo bizcochos de achiras. “En Colombia, los únicos que pueden vivir de la pensión son los políticos”.

EL EXCONGRESISTA MEJOR PENSIONADO

Durante más de 20 años, Jesús Antonio García Cabrera fue congresista conservador por el departamento del Huila.

En 1998, tras retirarse del Congreso, obtuvo su pensión de jubilación, que en ese momento superó los 9,4 millones de pesos y se convirtió en una de las más altas del país.

El punto fue que al momento de fijársele la jubilación, el Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecón) le incluyó como factor para la liquidación lo que él había recibido como congresista por concepto de viáticos y tiquetes, no solo nacionales, sino internacionales.

A finales de 1999, la mesada de ‘Tito’ García Cabrera ya alcanzaba los 10,9 millones de pesos.

En el 2004, el excongresista fue condenado a pagar una pena de 38 meses de cárcel, luego de que la justicia lo halló responsable del delito de concusión.

Dos años más tarde, la nueva dirección de Fonprecón acudió ante un tribunal administrativo para pedir la nulidad de la resolución que le concedió la jubilación.

El 15 de enero de 2010, un fallo de primera instancia concluyó que los tiquetes aéreos no hacían parte de la asignación para calcular el monto de la pensión de jubilación de los congresistas y ordenó reliquidarle la pensión a García Cabrera.

Pero el excongresista no se quedó quieto: apeló el fallo ante el Consejo de Estado y por ende siguió con su mensualidad intacta. Y así la mantuvo hasta este mes, cuando el último giro le llegó por más de 31 millones de pesos.

Sin embargo, una sentencia del Consejo de Estado acaba de confirmar el fallo del Tribunal del Huila, lo que implica que ahora sí tendrán que rebajarle la pensión, y le puede quedar en unos 21 millones de pesos.

Lo que recibió de más, no tendrá que devolverlo, porque los magistrados consideraron que en aplicación del principio de la buena fe no tendrá que retornar plata que se le pudo haber pagado de más.

Se calcula que fueron más de 418 millones de pesos lo que recibió de más durante este tiempo el excongresista.