Iván Duque Márquez
columnista

Garrotazo ilegal

Iván Duque Márquez
Opinión
POR:
Iván Duque Márquez
abril 06 de 2016
2016-04-06 09:36 p.m.
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Al encontrarse el sistema eléctrico nacional en el filo del racionamiento, el Presidente de la República resolvió apostarle a un mecanismo que incentivara el ahorro de energía, sin tener que decretar racionamientos, en contravía a lo que le pedían los expertos de la firma XM y el Consejo Nacional de Operaciones. La fórmula mágica, asignada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para su reglamentación, fue denominada como ‘la zanahoria y el garrote’, en la cual existe un supuesto premio al ahorro (menor precio en la factura si reduce el consumo) y un tremendo garrotazo (mayor precio en la tarifa) si se derrocha, al aumentar el consumo.

A primera vista, se trata de una metodología de incentivos que supuestamente busca modificar los hábitos de los ciudadanos en beneficio de la urgente necesidad de ahorro.
El problema es que la solución ingeniada no solo se ve contraria a la ley, sino que incumple de manera burda el acuerdo entre el sistema eléctrico y los ciudadanos, reflejado en el cargo por confiabilidad.

¿Dónde está la ilegalidad? Para empezar, se estaría violando el principio de eficiencia económica contemplado en la Ley 142 de 1994. Este principio define que el régimen de tarifas no puede trasladarle a los usuarios los costos de una gestión ineficiente. La famosa política del garrote, reglamentada por la Creg, implica que el usuario que consume más que su promedio del mes anterior debe pagar un sobrecosto de aproximadamente 459 pesos por Kwh, abriendo el camino para incrementar las tarifas.

La evidencia nos demuestra que el sobrecargo supera, con creces, el costo eficiente de prestación del servicio, por lo que habría una violación ostensible al principio de eficiencia económica. Además, cabe preguntar: ¿con base en qué criterio se estableció el sobrecosto?

El garrotazo también configura una estafa al cargo por confiabilidad. Dicho cargo, que todos pagamos en nuestra tarifa de energía y que ha representado cerca de 8 mil millones de dólares en la última década, debe garantizar a los usuarios un precio y unas cantidades de energía en firme. Por lo tanto, es una estafa que sigamos pagando el cargo por tener derecho a consumir una energía para que luego se nos penalice al ejercer el derecho, aplicando una sobretasa. Sencillamente, el garrote viola el sentido de la existencia del cargo por confiabilidad.

¿Qué logra el Gobierno con esta violación? Que no solamente los generadores se liberen de cumplir sus obligaciones de energía en firme, sino que los usuarios se abstengan de ejercer el derecho por el que pagaron, y si lo reclaman, se les castiga.

Hay otro elemento grave de la ilegalidad del garrotazo, que pasa desapercibido. En la medida en que el castigo impuesto a quienes consumen no corresponde a un costo de prestación del servicio, se convierte en una tasa o tributo, que no cuenta con sustento legal o tributario.

Estamos ante la ilegalidad de una regulación improvisada que puede detonar millonarias demandas al Estado, y que evidencia, una vez más, que el Gobierno y la Creg se burlan de los consumidores, pasándoles siempre la factura de sus errores.

Iván Duque Márquez
Senador
ivanduquemarquez@yahoo.com

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