Para ello barajan potenciar el "mercado del carbono" (ETS), que consiste en establecer cuotas e intercambios de emisiones de toneladas de CO2. Sin embargo, los precios actuales (en torno a los 5 euros la tonelada) frenan los alicientes para volver las miradas hacia energías menos contaminantes.
Para el responsable de la influyente dirección general de la energía y del clima (DGEC) francesa, Pierre-Marie Abadie, la "prioridad es restablecer la señal carbono". El precio tan bajo del CO2 hace que los productores europeos de electricidad prefieran utilizar carbón, cuyos precios se han hundido tras la explotación masiva del gas de pizarra en Estados Unidos.
En noviembre, se llegó a un acuerdo en Bruselas para retirar 900 millones de las cuotas en los próximos tres años pese a que industrias como la química están en contra, poniendo fin a meses de negociaciones.
"Probablemente no sea suficiente", dice Benoît Leguet, director de investigación del sector 'verde' de la Caisse des dépôts (institución pública francesa), CDC Climat. La Comisión Europea, que la semana pasada propuso un paquete de medidas "energía-clima" para 2030, propone que se reduzca en 2,2% la caída anual del número de cuotas concedidas.
Otra posibilidad que se baraja es establecer un precio máximo o una "tasa carbono" fija, pero todavía no hay consenso al respecto. Para hacer más atractivas las centrales de gas que las de carbón, la tonelada de CO2 tendría que valer entre 30 y 40 euros, según los expertos.
REVISAR LAS AYUDAS A LAS RENOVABLES
Una de las reivindicaciones de las grandes compañías energéticas europeas, como Iberdrola, Enel, EDF, GDF Suez, RWE, EON, Iberdrola, Enel, Vattenfall...) es que se revisen las ayudas a las energías renovables, lo que preocupa a los partidarios de las energías limpias.
En el ojo de mira están las "tarifas de compra" subvencionadas de la energía eólica y fotovoltaica en varios países, que pasa en prioridad en la red. Estos privilegios contribuyen a la caída de los precios del mercado, que ya se resienten por la crisis económica. Al final, esta caída se repercute en el precio que pagan los consumidores tanto privados como empresas y que no para de subir.
Este argumento parece ganar cada vez más adeptos pese a que la Comisión acaba de fijar como objetivo que para 2030 el 27% de la producción energética sea de origen renovable. En Alemania, donde los precios de la electricidad se han duplicado en 10 años, el gobierno de Angela Merkel anunció la semana pasada recortes importantes en el apoyo a las renovables.
En 2017 como muy tarde, los productores de energía verde tendrán que vender al precio del mercado. España, con problemas para cuadrar el presupuesto, a mediados del 2013 dio un giro total a la política de apoyo a las energías renovables. En Francia, que podría abandonar gradualmente las "tarifas de compra", un informe publicado el martes insta a que se renuncie a ello en el caso de tecnologías "maduras" como la eólica terrestre y la fotovoltaica.
Asimismo, empiezan a surgir las dudas de si hay que pagar una central eléctrica incluso cuando apenas tiene producción o está paralizada. La idea del "mecanismo de capacidad" se va imponiendo poco a poco. Alemania ha sido el último país en sumarse al movimiento.
En una red eléctrica, la oferta de corriente debe adaptarse constantemente a la demanda, lo que implica movilizar rápidamente producción (hidroelectricidad y centrales térmicas, principalmente) para satisfacer las subidas súbitas de demanda o compensar la caída de la producción aleatoria de las eólicas y los paneles solares.
Debido a la crisis del sistema eléctrico europeo, "no hay una sola central de gas que gane dinero en todo el continente", dijo la semana pasada el directivo de la alemana EON, Leonhard Birnbaum.
La desaparición del mercado de esta capacidad de adaptarse a las circunstancias, que para 2015 se elevará a 38 gigavatios, según los industriales, no hace más que aumentar el riesgo de escasez y de un apagón catastrófico.
Se trataría por tanto de remunerar algunas capacidades disponibles, como ya lo hacen algunos países europeos como Irlanda, Grecia, España, Portugal, Suecia o Finlandia. Se espera que Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania lo hagan en los próximos años.
AFP