'Cambiar Constitución sin consulta popular sería un retroceso para la democracia de Venezuela'

Así lo afirmó la fiscal general de Venezuela quien denunció que la activación de la Asamblea agitaría los ánimos en el país.

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La ola de protestas, disturbios y saqueos ha dejado un saldo de 61 personas fallecidas, incluido un juez de apelaciones que ratificó la sentencia contra el líder opositor Leopoldo López.

EFE

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junio 01 de 2017 - 07:29 p.m.
2017-06-01

La fiscal general de Venezuela denunció el jueves que la activación por parte del presidente Nicolás Maduro de una asamblea que reforme la Constitución sin una consulta popular es un retroceso para la democracia, agitando los ánimos en medio de una ola de protesta que se cobró la vida de un juez.

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Luisa Ortega acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar una "aclaratoria" de una sentencia de su Sala Constitucional publicada el miércoles, que avaló la iniciativa del presidente de elegir a los miembros a la Asamblea Nacional Constituyente, sin antes convocar un referéndum nacional.

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El Poder Electoral activó también el proceso para escoger a los constituyentes a finales de julio, en una votación que se hará por sectores y municipios, y que la oposición ha dicho constituyen una elección indirecta de segundo o hasta tercer grado. "Parece que se elimina la democracia participativa y protagónica, lo que le costó mucho al pueblo venezolano", dijo Ortega a las puertas del máximo tribunal.

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"Nosotros aprobamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un proceso de participación y consulta de todo el pueblo venezolano", recordó la fiscal, sobre el proceso que en 1999 dio lugar a una nueva carta magna.

La funcionaria consideró también que al reducir la participación de la población "a una mínima expresión" en el proceso, se produce un "retroceso" en materia de derechos humanos y por ello pidió a la cabeza del Poder Judicial que revise la sentencia.

Ortega, quien era percibida como una aliada muy cercana del Gobierno socialista, rompió con Maduro recientemente al considerar que la sala constitucional intentaba abolir la funciones del parlamento, en manos de la oposición. Más recientemente también criticó la "fuerte represión" que ejercen los cuerpos de seguridad del Estado, contra los manifestantes de oposición que permanecen en las calles desde hace dos meses en protesta contra lo que consideran una "dictadura".

CONTINÚAN LAS MANIFESTACIONES

La ola de protestas, disturbios y saqueos ha dejado un saldo de 61 personas fallecidas, incluido un juez de apelaciones que ratificó la sentencia contra el líder opositor Leopoldo López, quien cumple 13 años de cárcel en una prisión militar.

La fiscalía dijo el jueves que investiga la muerte de Nelson Moncada de 37 años, quien fue interceptado la noche del miércoles en una barricada en Caracas. El juez intentó huir, relató el despacho "por lo que le dispararon y lo despojaron de sus pertenencias".

Sin elaborar, el Gobierno dijo que no descarta que el hecho se trate de un "sicariato" perpetrado por la oposición. El máximo tribunal de justicia de Venezuela ordenó también el jueves al líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, impedir que en su estado se instalen barricadas de protesta contra el Gobierno y advirtió que de incumplir la sentencia podría ir a la cárcel.

La sala constitucional de TSJ publicó una sentencia indicando que aprobó una acción judicial por intereses colectivos interpuesta por un grupo de ciudadanos del estado Miranda, que solicitaron un recurso de amparo contra el gobernador alegando que las interrupciones en el tránsito generan "zozobra y pánico".

La sentencia además cita un artículo que advierte que si Capriles opta por desacatar el amparo "será castigado con prisión de seis a quince meses". El TSJ emitió este mes otra decisión similar contra alcaldes opositores de Caracas, donde se ha concentrado el grueso de las manifestaciones. (Escrito por Corina Pons y Eyanir Chinea. Editado por Gabriela Donoso)

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