Un juez guatemalteco emitió este miércoles una orden de captura contra el presidente Otto Pérez, un día después que el Congreso le retiró la inmunidad para ser investigado penalmente por su presunta vinculación con una estructura que orquestó un fraude millonario en las aduanas, informó la Fiscalía.
"La orden de captura contra el presidente ya fue autorizada" por el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del proceso, dijo a periodistas Julia Barrera, portavoz de la entidad acusadora, sin que aclarara cuándo será efectiva dicha orden.
La orden se emite luego de que Pérez Molina perdió uno de los últimos asaltos que le quedaban en la pelea por mantenerse en el poder en su país.
La Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial, dio luz verde a una investigación penal contra el Jefe de Estado al rechazar dos recursos de amparo de su defensa contra la acusación.
“El pleno (de cinco magistrados) de la CC se reunió este día (miércoles) y decidió, por unanimidad, no otorgar amparo provisional al señor presidente Otto Pérez”, según indica un comunicado de la máxima instancia judicial del país.
Explica que los magistrados rechazaron dos recursos presentados por la defensa del gobernante. El primero es una acción contra la Corte Suprema de Justicia por haber dado trámite al proceso para levantar su inmunidad.
El segundo recurso rechazado fue una acción legal del gobernante en contra la comisión especial del Congreso que recomendó el pasado sábado quitar la inmunidad a Pérez.
Con la decisión de la CC, que está por encima de la Corte Suprema de Justicia, se despejó el camino para investigar penalmente al gobernante, luego de que la víspera el Congreso, en una votación histórica, levantó el fuero de su inmunidad.
El presidente fue involucrado en el caso por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que solicitaron el 21 de agosto a la Corte Suprema de Justicia que autorizara un proceso para quitarle la inmunidad ante indicios de su participación en el esquema de corrupción.
El caso, destapado inicialmente por la Fiscalía y la Cicig en abril pasado, provocó manifestaciones masivas semanales, un hecho inédito en el país. El escándalo precipitó la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien guarda prisión preventiva por su presunto papel en el caso.
CONTRA LA CORRUPCIÓN
El jurista colombiano Iván Velásquez, titular de la Cicig, ratificó su compromiso con el combate a la corrupción en el país y dijo que el desafuero de Pérez Molina fue "un paso más en este proceso”.
Luego de asistir a un evento organizado en un hotel de la capital por la Cámara Oficial Española de Comercio junto con la fiscal general, Thelma Aldana, Velásquez dijo que el Congreso “cumplió con el papel que le correspondía”.
Con una votación de 132 de los 158 diputados, el organismo legislativo le quitó la inmunidad al mandatario para que sea investigado por las denuncias en su contra. El Congreso “tomó una decisión que creo que se ajustaba a esos elementos probatorios que se suministraron, que valoró la Comisión Pesquisidora y el dictamen fue acogido por el pleno”, apuntó.
“Es un paso importante, pero no definitivo, es decir que es uno de los puntos de avance en el proceso en el que estamos empeñados en la lucha contra la corrupción”, expresó. El jefe de la Cicig enfatizó que el antejuicio contra el mandatario “no es un punto de llegada” porque “como hemos insistido repetidamente, hay una corrupción estructural en el país que es necesario combatir y es en lo que estamos comprometidos con el Ministerio Público”.
REDACCIÓN INTERNACIONAL*
* Con Efe, AFP y Reuters