Luego de que un juez ecuatoriano cerró el viernes la etapa de recepción de pruebas y abrió el camino para una sentencia, que podría darse en el 2011, un informe forense presentado por la petrolera busca la anulación y el cese de la demanda en Lago Agrio.
“La falsificación y el fraude han corrompido el proceso judicial ecuatoriano desde el principio” es la frase que acompañó al análisis de expertos presentado por la demandada ante las autoridades.
Este lunes, Chevron Corporation presentó ante una corte de Ecuador el informe que asegura que muchas de las firmas en un documento que pretende autorizar la demanda contra la empresa en Lago Agrio, Ecuador, estaban falsificadas.
Según el escrito de Chevron, esta evidencia recién descubierta de falsificación y fraude “demuestra que el juicio ha estado manchado con corrupción desde el principio y debe ser declarado nulo”.
El examinador forense de documentos Gus R. Lesnevich según Chevron, con ‘amplio reconocimiento internacional’, determinó que por lo menos 20 de las 48 firmas en el documento que pretendía ratificar la demanda de 2003 y designar al abogado Ecuatoriano Alberto Wray como asesor jurídico de los demandantes eran falsas.
Lesnevich, quien está en el proceso de analizar otros documentos clave del caso, descubrió las falsificaciones al comparar las firmas del documento con conocidas copias de las firmas de los demandantes provenientes de sus cédulas de identidad.
También condujo un análisis de hendidura del documento presentado a la Corte utilizando un dispositivo de detección electrostática, que reveló que los trazos encontrados en el papel son “compatibles con el que alguien haya practicado la escritura de una firma antes de simularla realmente”.
El análisis forense fue presentado este lunes en la Corte Provincial de Sucumbíos, junto con una petición solicitando al Juez Nicolás Zambrano a declarar al juicio “nulo y carente de todo valor”, como lo requiere la ley ecuatoriana.
La compañía también pidió al juez que se le hiciera llegar el asunto a la Oficina del Fiscal General de Ecuador para una investigación criminal.
“Las autoridades ecuatorianas no pueden seguir ignorando la acumulación de evidencia de fraude en el litigio de Lago Agrio sin quebrantar sus obligaciones bajo la constitución Ecuatoriana y las leyes internacionales”, dijo R. Hewitt Pate, vicepresidente y asesor general de Chevron. “Buscaremos la compensación total del daño que se ha hecho en nombre de los demandantes ecuatorianos e imputar la responsabilidad a todos los que deliberadamente han participado en esta intriga ilegal”, puntualizó el vocero de Chevron.
La falsificación de las firmas de los demandantes es el descubrimiento más reciente de fraude por parte de los abogados de los demandantes y sus cohortes, tanto en los Estados Unidos como en Ecuador.
En los últimos meses, a través de una serie de mandatos emitidos por los tribunales federales estadounidenses, donde se ordena dar declaraciones bajo juramento y la entrega de documentos, Chevron descubrió –según esa empresa- pruebas que incluían "tomas descartadas" de video de la película Crude, de evidente mala conducta por parte del asesor de los demandantes.
Algunos de los documentos cuestionados
1. La presentación de reportes expertos fraudulentos supuestamente escritos y firmados por el Doctor Charles W. Calmbacher, un biólogo y experto en limpieza industrial estadounidense, quien testificó en una declaración ordenada por la corte, que los reportes sometidos a su nombre por los abogados de los demandantes ante el tribunal de Lago Agrio fueron realizados sin su conocimiento o consentimiento, y contradecían sus conclusiones científicas, él no había encontrado evidencia de que la salud humana estuviera en riesgo en ningún sitio subsanado por Texaco Petroleum Company;
2. Complicidad impropia y secreta entre los abogados de los demandantes y consultores pagados con el ‘Perito Global’, asignado por el tribunal de Lago Agrio, Richard Stalin Cabrera Vega, para crear el reporte de daños por 27.300 millones de dólares que Cabrera presentó fraudulentamente como propio al tribunal de Lago Agrio.
3. Fabricación de evidencia científica de supuesta contaminación ambiental hecha por los consultores y expertos pagados por los demandantes.
4. Intimidación, amenazas y presión política dirigida a los funcionarios judiciales Ecuatorianos y funcionarios gubernamentales para asegurar un juicio a favor de los demandantes a pesar de la falta de evidencia científica legítima que respaldará sus demandas.