Frontera: un drama más social que económico

El Gobierno anunció medidas de choque para atender a los deportados. Se reunirán las cancilleres de los dos países para buscar soluciones.

Decenas de personas regresan a Colombia y hacen lo imposible por recuperar sus bienes. Se movilizan por trochas no vigiladas por

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Decenas de personas regresan a Colombia y hacen lo imposible por recuperar sus bienes. Se movilizan por trochas no vigiladas por

Internacional
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agosto 25 de 2015 - 03:23 a.m.
2015-08-25

El cierre de la frontera con Colombia, entre el área metropolitana de Cúcuta y algunos municipios del estado Táchira, anunciado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, no sorprendió a los habitantes de esta zona limítrofe pues desde hacía semanas corría el rumor de que el Gobierno estaba buscando una excusa para tomar la medida. (Lea también: ¿Por qué hay líos para colombianos en frontera venezolana?)

Y el pretexto lo dio el incidente de la semana pasada con los tres uniformados venezolanos que resultaron heridos a manos de “paramilitares colombianos”, según las autoridades de ese país.

Pero en esta frontera todo mundo sabe que más que problemas de seguridad y de contrabando, el ‘paisano’ Maduro, como lo llaman los cucuteños, por los rumores de que nació en esta ciudad, lo que busca es desviar la atención de la crisis económica, política y social que vive su país. La realidad es que la medida afecta más a los venezolanos que a los colombianos.

UNA BATALLA

La razón principal es que cualquier lucha contra la inseguridad y el contrabando se pierde por la rampante corrupción de las propias autoridades venezolanas. Para evitar la corrupción y ganar la lucha al contrabando, y con la implementación del cierre nocturno de la frontera, el presidente Maduro tomó la medida hace exactamente un año de que ese control lo tuviera el Ejército, en lugar de los agentes de la aduana. (En imágenes: Así se vive el cierre de la frontera con Venezuela)

Pero el remedio salió peor que la enfermedad, porque lo que los soldados decomisan de día, lo venden en la noche a los dueños de locales de La Parada, barrio de Villa del Rosario que queda al cruzar el puente internacional, los cuales permanecen atestados de estos productos, y en donde las salas de las casas se convirtieron en minibodegas.

Esta mercancía la venden los soldados a los ‘bachaqueros’, en su mayoría venezolanos, que pasan en morrales pequeñas cantidades de artículos de primera necesidad, alimentos y de higiene personal, por las trochas a través del río Táchira.

Es más, los mandos altos venezolanos extorsionan a los contrabandistas de rango medio para que puedan seguir ejerciendo su oficio. Y la corrupción sigue su ascenso jerárquico, cuando las Bacrim negocian el paso de camiones llenos de mercancías en pleno cierre nocturno de 10 de la noche a 5 de la mañana. “Incluso por los mismos puentes internacionales, en connivencia con las autoridades venezolanas encargadas de controlar el contrabando”, como lo denunció hace un par de meses a este periodista el alcalde de Ureña, Alejandro García.

Las Bacrim y los paramilitares controlan el negocio del contrabando, incluso más rentable que el narcotráfico, “y siempre en complicidad con las autoridades venezolanas del más alto nivel”, afirmó hace un par de años un funcionario colombiano de alto rango. De la misma manera, secuestran, extorsionan y ejercen poder a ambos lados de la frontera controlan las cantidades de gasolina que se contrabandea, imponen el precio y cobran a los ‘pimpineros’ por cada galón.

La poca efectividad en la lucha contra el contrabando se nota en algunas tiendas del área metropolitana de Cúcuta que solamente se dedican a vender este tipo de productos. “El contrabando se ha reducido en apenas 30 %”, dijo uno de los propietarios de estos negocios.

LOS QUE SUFREN

Los que sí han sufrido el castigo son las personas que intentan pasar un kilo de carne, de arroz, un pan o un sobre de medicina. A los que requisan como si fuera la entrada al palacio presidencial y les quitan lo poco que llevan y a “algunos hasta los detienen”, como lo indicó a Portafolio la presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira, Isabel Castillo.

Una de las poblaciones perjudicadas con la medida son los estudiantes de colegios y universidades que lo hacen en Colombia, quienes por la calidad de la educación hacen el esfuerzo de estudiar a pesar del precio (un semestre para ellos cuesta hasta mil millones de bolívares) y no han podido asistir a clases.

Y hasta enfermarse se complica, normalmente cuando una persona sufre un accidente grave en alguna de estas poblaciones, es traído a Cúcuta, a solo 10 minutos en carro, por la calidad de los servicios. Ahora tendrán que trasladarlos a San Cristóbal, a una hora en carro, con el agravante de que escasea el material quirúrgico y las medicinas. De la misma manera se afectan las relaciones familiares, pues la gran mayoría tienen miembros a ambos lados de la frontera.

Para Domingo Teres, presidente de la Cámara de comercio de Ureña, el cierre nocturno de la frontera “se ha convertido en un impedimento a la libertad de movimiento que tiene el ciudadano de la frontera. Para nosotros ha sido perjudicial y no ha traído un solo beneficio. No tiene sentido ese cierre”. Otro sector perjudicado es el del transporte público a ambos lados de la frontera, quienes solo pueden movilizar a los pocos pasajeros hasta los puentes internacionales, y los mototaxistas, que movilizan a personas por 2.000 pesos.

El otro problema de Cúcuta es el de la gasolina. El combustible que se vende es subsidiado y con un cupo de solo 4,1 millones de galones mensuales, ya que mucha gente tanquea en Venezuela, en donde el galón de gasolina cuesta unos 700 pesos.

Normalmente, en las estaciones de servicio de la ciudad escasea la gasolina, por lo que la gente se ve obligada a tanquear con combustible de contrabando, que ahora tampoco pasa. La ‘pimpina’ de 5 galones que se conseguía a 16.000 pesos hace una semana, vale hoy 50.000 pesos en la calle.

POCO IMPACTO EN CÚCUTA

El cierre afecta muy poco a los cucuteños, quienes cansados de las humillaciones de las autoridades venezolanas, el desabastecimiento y la ausencia del estado de derecho ya no se atreven a cruzar la línea limítrofe. Desde hace años, se acostumbraron a mercar en la ciudad, y los que compran de contrabando lo hacen sin necesidad de ir a Venezuela. Jorge Martínez, un taxista que trabajó durante 17 años en la población de Ureña en una fábrica de calzado, aseguró que lleva dos años sin pasar al vecino país por miedo a ser encarcelado. (Minminas garantiza suministro de combustible en la zona de frontera y descarta su desabastecimiento)

“Quiero mucho a Venezuela porque me dio de comer mucho tiempo, incluso ahorré para comprar el taxi pero no he vuelto ni volveré mientras la situación siga así. Ni siquiera hago una carrera para allá”, afirmó tajante. Uno de los pocos sectores afectados por la medida es el del carbón. Jaime Rodríguez Oviedo, presidente ejecutivo de Asocarbón, manifestó que por allí se movilizan unas 6.000 toneladas diarias del mineral hacia el Lago de Maracaibo para exportación.

Este sector en uno de los grandes generadores de empleo del departamento, al ocupar a unas 7.000 personas.

EL DRAMA DE LOS DEPORTADOS

La situación más dramática la viven los deportados, quienes han sido maltratados y sus casas destruidas por las autoridades venezolanas. Según datos de la cancillería colombiana, hasta ayer en la tarde habían sido deportadas 751 personas en los últimos días, por lo que se habilitaron albergues especiales en Cúcuta y Villa del Rosario.

Así mismo, se instaló un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta para atender la situación humanitaria, y garantizar sus derechos, de acuerdo a un comunicado de la canciller, María Ángela Holguín, quien ayer visitó la ciudad. (Con Centro de Mando Unificado, Gobierno atenderá la crisis)

EMPRESARIOS DE LA FRONTERA HABLAN DE LOS ESTRAGOS DEL CHAVISMO

Nicolás Maduro no reconoce que ha sido el chavismo y su modelo económico el que ha destrozado la economía de las otrora prósperas poblaciones de Ureña y San Antonio.

La falta de materias primas, insumos, maquinaria, divisas, la corrupción, el constante cambio de leyes, la inflación y la devaluación de la moneda no han traído más que atraso y pobreza a la región. Los comercios y las industrias cierran, los empresarios emigran, “la mano de obra calificada colombiana ya no viene por la devaluación del bolívar”, dice la presidenta de la cámara de comercio de San Antonio, Isabel Castillo. En 16 años en el poder, el chavismo acabó con el 80% de la industria y el 50 % de locales comerciales en el municipio.

En Ureña, la industria funciona al 50 por ciento de lo que lo hacia hace 16 años. Antes de la llegada del chavismo al poder, esta pequeña población era uno de los polos industriales del país en la producción de bluyines.

La Presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio expresa sin dudas su frustración, al asegurar que en el interior del país compran un bulto de cemento a 500 bolívares y en la frontera a 2.000. La gasolina también es más cara. Pide que si le van a aumentar el precio al combustible que sea en todo el país y no solo en la zona de frontera “o si no le pedimos a Colombia que nos adopte porque la verdad que ya nos sentimos menos venezolanos, nos sentimos delincuentes, contrabandistas y maltratados”.

Pedro Vargas Núñez
Especial para Portafolio
Cúcuta