A los griegos no les gusta el rescate que van a firmar

El día que el Parlamento griego tiene que aprobar el primer paquete de medidas impuesto por los socios, como condición para reiniciar las negociaciones sobre el tercer programa de rescate, el Gobierno afronta quejas, huelgas y movilizaciones que le exigen que acabe con la austeridad.

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julio 15 de 2015 - 01:48 p.m.
2015-07-15

"Es un acuerdo difícil y solo el tiempo dirá si es sostenible", reconoció hoy en la comisión parlamentaria sobre las reformas el ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, que afirmó que se trata de un paquete sobre todo controvertido en el seno de su partido.

El primer ministro, Alexis Tsipras, admitió ayer que no cree en el texto que se va a firmar, pero añadió que no tenía la "intención" de eludir sus responsabilidades, por lo que tratará igualmente de poner en práctica su "proyecto político en profundidad" los próximos cuatro años.

Una postura que en muchos casos no se entiende desde la calle, como es el caso de Ioanna, una desempleada de 55 años que participó hoy en la concentración convocada por la confederación de sindicatos del sector público (Adedy), en una movilización que acompañó la primera huelga de 24 horas organizada por el empleados del sector público en esta legislatura.

"Tsipras es un gobernante de izquierdas, pero si de verdad lo es, lo que tiene que hacer es escuchar la voz del pueblo, que en el referéndum del 5 de julio dijo 'no' con un 62 % de los votos a las medidas de los acreedores", aseguró Ioanna.

Con este mismo argumento, Adedy llamó a sus afiliados a convocar asambleas generales y les instó a ocupar los edificios públicos en señal de protesta.

Pero aunque habían anunciado que se adherirían funcionarios de la administración local y personal hospitalario, la huelga del sector público contó más bien con poco apoyo. "Por primera vez en mi vida, me niego a participar en una huelga de Adedy", aseguró Amalia, una trabajadora social de 54 años.

La voz de Amalia responde a aquellos que, como ha venido argumentando Tsipras, creen que había solo dos opciones, la de firmar el acuerdo, que permita abrir los bancos una vez que el Banco Central Europeo inyecte otra vez efectivo en la banca helena, o la quiebra definitiva del país.

"Esto es lo que queremos", gritaba un hombre en la concentración mientras enseñaba la fotocopia de un billete en el que se podía leer "nuevo dracma", en referencia a la voluntad de abandonar la moneda comunitaria.

Tsipras volvió a sostener este martes que su Gobierno no se plantea ese escenario, aunque fuera incluso sugerido por el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, porque Grecia no tiene reservas de divisas para apoyar el retorno a la moneda nacional.

Pero Kostas, un estudiante de Química de 25 años, cree que hacer ese camino sí es posible, y defiende que depende solo de los movimientos que lleve a cabo tanto el Gobierno como el pueblo una vez tomada la decisión.

"Si nos quedamos de brazos cruzados es evidente que solo se beneficiarán los ricos, que se irán del país con su dinero y luego lo comprarán todo, pero tenemos que nacionalizar los bancos y tener un control total de los depósitos", afirma Kostas.

Pero el cierre de los bancos, que dura ya diecisiete días y se alargará por lo menos hasta el viernes, constituye una de las principales preocupaciones de los griegos.

"Los bancos ya estaban cerrados cuando la población votó en contra de las medidas. Creo que es un mensaje claro de que estamos preparados para afrontar la salida", concluye Kostas y le quita importancia.

En el sector privado, farmacias y restaurantes también han pedido la movilización en las calles de Atenas.

Así, los farmacéuticos cierran hoy 24 horas para protestar contra la liberalización de su profesión, y la federación de restaurantes ha organizado una concentración esta tarde contra la subida del impuesto de valor añadido, que para su gremio se situaba hasta hora en el 13 % y, según la nueva ley, subirá hasta el 23 %.

La semana pasada, la asociación de turismo, la restauración y el comercio habían enviado una carta conjunta al Gobierno en la que le pedían que firmara un acuerdo, fuera el que fuera.

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