¿Por qué hay líos para colombianos en frontera venezolana?

Conozca algunas de las razones por las que Maduro decidió cerrar la frontera. Según cifras de Migración, el número de colombianos que ha sido deportado de Venezuela asciende a 1.113. ¿Qué ha hecho el Gobierno colombiano?

Colombianos deportados

Reuters

Colombianos deportados

Internacional
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agosto 24 de 2015 - 04:35 p.m.
2015-08-24

Al contrario que muchas ciudades fronterizas de Latinoamérica, Cúcuta disfruta de buena calidad de vida y un comercio dinámico, debido en parte a su cercanía con San Antonio, su vecina venezolana con la que forma una conurbación ahora truncada por el cierre fronterizo.

Cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó en la noche del pasado miércoles la decisión de cerrar ese linde que marca el puente internacional Simón Bolívar, los ciudadanos de ambos lados lo lamentaron conscientes de que buena parte de sus vidas iba a verse diametralmente modificada.

Niños de ambos países cruzan a diario el viaducto para ir a la escuela acompañados por sus padres que tienen negocios a ambos lados, algunos legales y otros ilegales, visitan a sus familiares o simplemente transitan por las calles vecinas.

Buena parte de esa relación puede observarse en los vehículos que circulan por el lado colombiano, la mayoría de ellos con matrícula venezolana.

Con ese emblema o con la placa colombiana, una de las grandes ventajas que deja para los ciudadanos del lado cucuteño es la gasolina que alimenta sus vehículos y llega de contrabando desde Venezuela junto con muchos productos que se agolpan en las estanterías de las tiendas.

Las subvenciones y el bajo precio del bolívar fuerte hacen que estos productos de primera necesidad en el día a día comiencen a escasear, especialmente la gasolina que cada vez es más difícil de encontrar en Cúcuta.

Los conductores colombianos tienen que conformarse con las estaciones de gasolina normales, mientras que los puntos de venta irregular que pueblan los lindes de la carretera, en los que el combustible se ofrece en bidones, están secos.

Ese es el gran punto de tensión que crece en un lado colombiano en el que se vive una calma chicha que se observa en los aledaños del puente Simón Bolívar, donde continúa la actividad cotidiana.

“El contrabando se nota mucho, la frontera es muy delicada, hay bandas criminales y mucha corrupción tanto en la Policía (colombiana) como en la Guardia Nacional Bolivariana (venezolana)”, resumió Sebastián Role, vecino de Cúcuta.

En su opinión, el cierre ha causado “más insultos, más humillación” y un riesgo cierto de “que los dos países se puedan enfrentar”, lo que se observa en la convivencia de los vecinos en su día a día.

No en vano, casi un millar de colombianos han sido expulsados en los últimos días de Venezuela y han dejado atrás sus vidas y sus enseres para encaminarse a un futuro incierto.

“Es una decisión incorrecta, no es como estar en la casa y cerrar la puerta de uno. Son dos países hermanos y no se puede tomar esas decisiones arbitrarias porque la gente del común, la gente humilde, es la que sufre”, subrayó Role.

Esos vínculos que se tensan quedan resumidos en historias como la de José Agmar, un venezolano que se encontraba en Cúcuta para visitar a su madre cuando cerraron la frontera.

Él tuvo la posibilidad de seguir en la casa de la matriarca familiar, pero otros “no tienen donde estar y quedan en la calle”, explicó.

El malestar entre los colombianos también fue exacerbado por la falta de una respuesta oficial del Gobierno, que en un inicio calificó el cierre como una “medida soberana” de Venezuela y tardó varios días en presentar sus primeras respuestas.

“A los colombianos los están echando y es una falta de respeto, porque no les estamos haciendo daño en absolutamente nada”, destacó Nayorie Arenas, simpatizante del expresidente Álvaro Uribe que se presentó en la frontera pese a los problemas de seguridad y con un duro discurso que fue ampliamente aplaudido por los vecinos de ambos lados.

La dicotomía de rabia y asunción de la realidad binacional en la urbe se ejemplifica en el centro del puente Simón Bolívar, donde unidades especiales de la Policía colombiana y la Guardia Nacional venezolana, separadas por una alambrada, se miran desafiantes con armas largas en una escena que recuerda al Berlín de la Guerra Fría.

Sin embargo, los vínculos emergen y agentes de uno y otro lado dejan ocasionalmente las miradas tenebrosas para charlar en los laterales del puente. La vida, el tórrido clima y el trato con sus superiores copan sus conversaciones. Igual que las de dos viejos vecinos.

ASÍ EMPEZÓ EL CONFLICTO

La crisis se desató luego de un confuso incidente en una localidad venezolana fronteriza del Táchira, en la cual resultaron heridos dos militares de ese país. Eso sirvió de excusa al mandatario venezolano para decretar un estado de excepción con la suspensión de garantías constitucionales en la zona, y ordenó la aplicación del llamado Operativo de Liberación del Pueblo (mejor conocido por sus siglas: OLP).

Se trata de operativos militares en todo el país para combatir problemas internos de delincuencia, pero que en la zona de frontera la OLP han generado alarma por la agresividad con la que han actuado los militares venezolanos contra colombianos residentes en esa región.

Maduro alega que la frontera está controlada por el paramilitarismo colombiano y los contrabandistas que extraen productos con precios controlados en Venezuela para venderlos en Colombia.

Sin embargo, los analistas venezolanos dicen que Maduro, cuya popularidad está por debajo del 30 %, busca impulsar su gestión de cara a las elecciones legislativas de diciembre, en las cuales el partido oficialista luce perdedor, según las encuestas de opinión.

DENUNCIAS CONTRA OLP

Desde su inicio el pasado 13 de julio, el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) –anunciado como el Plan gubernamental N° 22 para combatir la inseguridad– “se ha constituido en una carta en blanco para que fuerzas de seguridad cometan excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares”, según la organización de derechos humanos venezolana Provea.

El OLP es el mismo operativo emprendido en los poblados fronterizos por comandos militares, encargados de los desalojos y deportaciones de colombianos. Los OLP se han desarrollado tanto en Caracas, la capital venezolana, como en otras 6 regiones de esa nación para combatir la delincuencia. Pero el presidente Nicolás Maduro ha dicho que “el objetivo es que se libere de criminalidad, de paramilitares, todas las comunidades del país y podamos vivir en paz, en libertad, todos los venezolanos”.

¿QUÉ SIGNIFICA EL ESTADO DE EXEPCIÓN?

Ordenar el estado de excepción también le dio dientes a Maduro para realizar amplios operativos de repatriación.

Desde el día que inició esta crisis, 1.113 colombianos han sido deportados.

Migración Colombia reveló que alrededor 3.800 colombianos han sido expulsados, deportados o repatriados desde Venezuela en el 2015. La cifra duplica los 1.820 del año pasado.

De acuerdo con estadísticas oficiales unos 5 millones de colombianos viven en Venezuela, país que aumentó sus controles migratorios en medio de la crisis social y política que enfrenta.

MENOS COLOMBIANOS EMIGRANTES

Unos 315.000 colombianos han ingresado en Venezuela en lo corrido de este año, de los que 307.000 regresaron y unos 8.000 no lo hicieron, según datos oficiales y que contrastan con los presentados el jueves por el presidente de ese país, Nicolás Maduro.

El mandatario venezolano dijo que más de 121.000 colombianos se han establecido en su país este año en busca de mejores condiciones de vida, pero los datos de Migración Colombia muestran que en realidad son menos del 10 % de esa cifra.

De los 315.000 ciudadanos que viajaron a Venezuela este año, el 70 % lo hicieron como turistas y la mayoría regresó, según los datos de Migración Colombia, la entidad que controla el flujo de personas en las fronteras.

¿QUÉ HA HECHO LA CANCILLERÍA COLOMBIANA?

"Exigimos que antes de aplicar las medias de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos”, dijo la Cancillería colombiana.

“Colombia solicita al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que en el marco del estado de excepción anunciado, se respete la integridad y los derechos humanos de los colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas por las autoridades venezolanas, de conformidad a las normas internacionales vigentes”, agregó la entidad.

PÉRDIDAS MILLONARIAS

El gobernador del Norte de Santander, Edagar Díaz, advirtió el pasado viernes que el bloqueo genera pérdidas diarias por unos 400.000 dólares y afecta a unas 100 mil personas por cada jornada.

A pesar que el viernes las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comprometieron a trabajar unidas para resolver los problemas de violencia en la frontera común.

Este miércoles está prevista una nueva reunión en la que se espera que haya humo blanco para superar esta situación que ya completa cinco días.

DEFENSA 'CON FIRMEZA' A LOS COLOMBIANOS

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que su Gobierno defenderá con "firmeza" a sus ciudadanos tras la deportación de centenares de ellos desde Venezuela, pero aclaró que "esa firmeza requiere la sabiduría y la prudencia de la diplomacia".

"No nos falta ni nos faltará firmeza para defender a todos nuestros connacionales, donde quiera que su seguridad se vea amenazada o sus derechos fundamentales violentados", señaló Santos en un comunicado difundido por la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

Al defender la importancia de la diplomacia, el jefe de Estado señaló que "la confrontación solo sirve a intereses políticos, individuales y electorales" y no "conduce a una solución satisfactoria".

"Por encima de cualquier otra consideración, nuestra prioridad es ofrecer toda la ayuda humanitaria posible y rodear de garantías a todos nuestros compatriotas", puntualizó Santos.

Fuentes oficiales confirmaron que al menos 612 colombianos adultos han sido deportados de Venezuela y a 139 menores los repatrió el Gobierno tras el cierre de la frontera común y las medidas de excepción ordenadas por el presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Santos confirmó en el comunicado que 751 colombianos han "sido atendidos de manera integral", de los cuales "514 fueron trasladados a albergues habilitados especialmente para ellos" y el resto ha sido enviado "a sus hogares en el resto del país".

El mandatario ratificó que este miércoles se reunirán las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Delcy Rodríguez, para "tratar personalmente" los problemas generados por "esta medida unilateral del Gobierno del país vecino" y expresarle su "preocupación e inconformidad por las denuncias sobre atropellos sufridos por colombianos en Venezuela".

PIDEN QUE EMBAJADOR SEA LLAMADO A CONSULTAS

El senador del Centro Democrático, Iván Duque, expresó su preocupación por la situación que el país está viviendo a causa de las decisiones tomadas por el gobierno de Venezuela.

“La actitud de xenofobia que se ha visto en los últimos días, no solamente con el cierre de frontera, sino con las arbitrariedades que se están cometiendo contra nuestros connacionales es de inmensa gravedad”, expresó.

El senador Duque criticó que el régimen de Nicolás Maduro esté evadiendo su responsabilidad ante el desastre económico y social que hoy vive Venezuela.

Además, hizo un llamado de atención al gobierno colombiano que ha estado actuado con diplomacia contemplativa frente a estas arbitrariedades y, por ejemplo, no ha llamado a consultas a su embajador o tampoco ha hecho denuncias ante organismos internacionales frente a los atropellos a los que están siendo sometidos los colombianos en Venezuela.

“Los colombianos de bien exigimos que nuestro gobierno obre y haga las protestas representativas a esos ataques desproporcionados y miserables contra tantos ciudadanos que en Venezuela generan empelo, trabajan y son orgullosamente colombianos”, expresó el senador Iván Duque.