Hay mucho en juego en las conversaciones sobre la deuda de Venezuela

Las negociaciones de reestructuración incluirán un complejo juego de póquer geopolítico que involucra a EE. UU., Rusia y China.

PDVSA

Al igual que el Gobierno, la petrolera nacional PDVSA también fue declarada en ‘default’ por las agencias calificadoras de riesgo internacionales.

Reuters/Henry Romero

POR:
Portafolio
noviembre 25 de 2017 - 10:31 a.m.
2017-11-25

La semana pasada, por invitación del presidente Nicolás Maduro, un grupo de financieros internacionales viajó a Caracas para comenzar lo que se ha denominado como la reestructuración de deuda más complicada del mundo, también una de las más grandes, y ciertamente una de las más extrañas.

(Lea: Venezuela vuelve a caer en 'default'

En una ciudad capital asolada por la tasa de homicidios más alta del mundo, los inversores se instalaron en un elegante edificio blanco frente al Palacio Presidencial.
Añadiendo a la irrealidad de una economía socialista respaldada por las reservas de
petróleo más grandes del mundo, pero cuya mala administración la ha llevado casi al colapso, el Gobierno extendió una alfombra roja para sus invitados y colocó una guardia ceremonial.

(Lea: Venezuela incumple pago de su deuda y entra en default parcial

Tareck El Aissami, el vicepresidente, le dijo a los inversionistas que Venezuela busca una solución “beneficiosa” para todos, y que el país continuaría pagando el servicio de su deuda externa de US$150.000 millones, aunque las agencias calificadoras emitieron una serie de avisos de incumplimiento incluso mientras él hablaba.

(Lea: ¿Un 'default' de Venezuela aumentará la emigración hacia Colombia?

Los participantes se marcharon con los brazos llenos de regalos de café y finos chocolates, pero sin información. El Gobierno, mientras tanto, declaró que la reunión fue un éxito.

De cierta manera, la confusión proviene de la complejidad de las deudas de Venezuela, que han sido emitidas por varias entidades, con cláusulas legales variadas, y a múltiples actores.

Debe US$64.000 millones a los tenedores de bonos, más de US$20.000 millones a sus aliados en China y Rusia, US$5.000 millones a prestamistas multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y decenas de miles de millones a los importadores y compañías de servicios que mantienen la importantísima industria petrolera bombeando y el régimen a flote.

En su mayoría, sin embargo, la incertidumbre surge de la noción de que Venezuela se ha embarcado en un clásico plan de reestructuración. Caracas no está iniciando las típicas negociaciones de deuda soberana, que implican el reperfilamiento de la deuda y su sostenibilidad. Más bien ha comenzado un sombrío juego de póquer, sin límites de apuestas.

Con la excepción de los tenedores de bonos, para los otros cinco jugadores sentados a la mesa – el Gobierno, la oposición, Estados Unidos, Rusia y China – el premio va más allá del dinero. Están en juego la supervivencia política de Maduro, el destino de 30 millones de venezolanos y los intereses geopolíticos de tres superpotencias.

INTENCIÓN DE CADA UNO

El Gobierno simplemente quiere sobrevivir. Teme que los tenedores de bonos, que sólo quieren que se les pague, podrían embargar sus exportaciones de cargas petroleras en caso de incumplimiento, lo que privaría a Caracas de su única fuente de ingresos.

Luego están las superpotencias. Washington quiere restringir a un régimen cada vez más truhán, que está implicado en el tráfico mundial de drogas y que tiene US$15 billones de reservas de petróleo a sólo tres horas de vuelo de EE. UU.

Moscú, mientras tanto, busca reducir la angustia de Caracas para lograr una mayor entrada en las Américas. Los intereses de China son más comerciales: después de haber prestado US$60.000 millones a Caracas en la última década, quiere un acceso continuo a las vastas reservas energéticas de Venezuela.

La falta de ‘reglas de la casa’ incrementa la complejidad. Todos los bonos extranjeros de Venezuela se rigen por la ley de Nueva York. Pero la presencia de Rusia y China en la mesa complica aún más una reestructuración que, al menos en parte, se llevará a cabo fuera del FMI o del Club de Acreedores de París.

Luego está el hecho de que los dos venezolanos a cargo del proceso, El Aissami y el ministro de economía Simón Zerpa, están sancionados por EE. UU. por presuntos delitos de tráfico de drogas y abusos contra los derechos humanos. Su nombramiento es la señal más clara de que Caracas piensa que puede operar en un universo paralelo.

YA NO PUEDE PAGAR

Una de las pocas cosas que está clara en este ‘juego de faroleros’ es que Venezuela ya no puede pagar sus deudas. Hace diez años, en medio del auge de los precios de las materias primas, Venezuela disfrutó de una inesperada ganancia de petrodólares de US$1 billón, según los estimados. Cuando Wall Street le ofreció la posibilidad de obtener aún más dinero, Caracas emitió más de US$50.000 millones en bonos.

Junto con los préstamos chinos y otros préstamos, esto cuadruplicó la deuda externa en 10 años. Gran parte del dinero fue desperdiciado o robado, alcanzando los US$300.000 millones, según ex ministros. Ahora Caracas se ha quedado sin fondos.

Las reservas extranjeras rondan los US$10.000 millones, los niveles más bajos en 20 años. Las importaciones se han desplomado en un 85% en cinco años, mucho peor que el programa más austero del FMI. La tasa de cambio del mercado negro se ha disparado a 7.000 veces la tasa oficial, y la producción diaria promedio de petróleo – la única fuente de divisas – se ha reducido en un 20% respecto del año pasado.

Y lo que es peor, Venezuela entró en hiperinflación el mes pasado, con los precios subiendo más del 50%. Ninguna economía puede sobrevivir a la hiperinflación por mucho tiempo; sólo el régimen político de Robert Mugabe en Zimbabue lo había logrado, al menos hasta esta semana.

Con el incumplimiento de la deuda sobre la mesa, el cambio puede también avecinarse para Venezuela.

Ciertamente eso es lo que espera la oposición. A pesar de estar increíblemente dividida, tiene una carta potencialmente fuerte que jugar. Las sanciones recientes impiden que las instituciones estadounidenses participen en negociaciones para la refinanciación de la deuda venezolana, lo que hace que la reestructuración de la deuda que Caracas busca sea imposible. La única excepción es si la deuda está autorizada por la Asamblea Nacional, la cual está controlada por la oposición.

En teoría, esto abre la posibilidad de una negociación política que podría lograr un cambio más profundo. La oposición podría aprobar una refinanciación de la deuda y, a cambio, el Gobierno permitiría elecciones presidenciales libres, justas y con observación internacional el próximo año, las cuales la oposición – junto con sus partidarios como EE. UU. y la UE – esperaría ganar.

Aun así, el dominio de Maduro sobre el país es ‘orwelliano’. Aparte de la Asamblea Nacional, todas las instituciones están bajo su control, incluidos el Tribunal Supremo, los medios de comunicación, la autoridad electoral y el ejército. La comida es escasa y gran parte de la que está disponible se dispensa a través de un programa estatal subsidiado que Maduro puede usar para coaccionar al apoyo público.

Además, a esto se le suma que la oposición está exhausta después de que las protestas masivas de este año no produjeron cambio alguno, a pesar de más de 100 muertes. Incluso el incumplimiento no tiene por qué significar el final del régimen de Maduro.
Podría usar los US$9.000 millones de pagos de la deuda que de otro modo vencen en 2018 para duplicar los niveles de importación actuales, lo que aumentaría sus posibilidades en las elecciones presidenciales del próximo año.

Mientras tanto podría utilizar maniobras legales para confundir los reclamos de los inversionistas en los tribunales.

A pesar de todo, aún no hay un incumplimiento formal de los bonos. Caracas continúa pagando a los tenedores de bonos, aunque de manera irregular, en parte gracias a la generosidad de Moscú y Pekín.

Promete ser un juego de póquer agotador. Pero habrá un ajuste de cuentas. La hiperinflación venezolana y la continua caída en la producción de petróleo se encargarán de eso. Moscú y Pekín tampoco reestructurarán indefinidamente sus deudas, mientras que los inversores en bonos sigan recibiendo pagos.

Maduro, quien la semana pasada fue acusado por su exfiscal general de crímenes de lesa humanidad en La Haya, podría retirarse y escapar al exilio en Cuba. O, mientras desaparecen los ingresos de la exportación, podría mantenerse firme y reprimir el creciente descontento social.

En este sentido, el papel de los militares es totalmente fundamental: siguen siendo leales al Gobierno de Nicolás Maduro, pero no siempre lo serán, como se ha demostrado en Zimbabue.

El juego será difícil, pero los resultados pueden ser potencialmente enormes. Eso es especialmente cierto para los inversores dispuestos a librar el tipo de batalla que produjo ganancias desmesuradas para varios fondos buitres que adquirieron la deuda en la reestructuración de bonos de Argentina valuada US$100.000 millones y a la par demandaron por el reembolso completo. Pero lo más seguro es que alguien decidirá hacer la apuesta.

“En última instancia, va a haber más ganancias en Venezuela que incluso en Argentina”, considera Hans Humes, director de Greylock Capital, que está formando un comité de inversionistas. Es probable que las consecuencias geopolíticas y humanitarias sean aún mayores.

Siga bajando para encontrar más contenido