Ley permitiría expulsar a europeos sin empleo

El objetivo es evitar que los extranjeros abusen del sistema social alemán y tiene su origen en el extendido temor a que el país se convierta en destino de importantes flujos de inmigrantes rumanos y búlgaros.

Aeropuerto Tegal de Berlín, Alemania.

EFE

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mayo 24 de 2014 - 03:04 p.m.
2014-05-24

El Gobierno alemán prevé aprobar a principios de junio el proyecto de ley que le permitiría expulsar del país a los ciudadanos de la UE que lleguen a buscar empleo y que, tras seis meses, no tengan expectativas de encontrar un puesto de trabajo.

En un avance del dominical "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", el portavoz de Interior del grupo parlamentario conservador de la CDU/CSU, Stephan Mayer, confía en que el texto esté sobre la mesa del Consejo de Ministros el 4 o el 11 de junio.

Según el periódico, el proyecto de ley prevé que los ciudadanos de la UE puedan ser expulsados del país tras seis meses de búsqueda de empleo, si no hay esperanza de que puedan hallar un puesto de trabajo.

La norma permitiría también prohibir que vuelvan a entrar en Alemania durante cinco años los europeos expulsados del país por haber cometido fraude para conseguir su residencia, lo que afectaría, por ejemplo, a los matrimonios de conveniencia.

Entre las propuestas barajadas en aquel informe se incluía la pretensión de prohibir temporalmente el reingreso en el país a quienes hayan cometido fraude, como la utilización de documentos falsos; la concesión de permisos limitados de residencia -de entre tres a seis meses- para la búsqueda de empleo; y la decisión de castigar penalmente el fraude para conseguir papeles.

Se avanzó también la intención de endurecer las condiciones para acceder a determinadas prestaciones, como las que se cobran por los hijos a cargo, para evitar que los inmigrantes, que pueden recibir ayudas por la familia que mantienen fuera de Alemania, perciban subvenciones dobles.

El informe estaba centrado en el posible impacto que puede tener en Alemania la apertura de fronteras a los ciudadanos búlgaros y rumanos, que desde el 1 de enero no necesitan un contrato de trabajo para entrar en el país.

El proyecto está basado en un informe presentado a finales de marzo por el Gobierno federal, que aseguró que las medidas que se adopten respetarán el marco legislativo europeo.

EFE
 

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