Millonario robo en juego de arbitraje venezolano

Se calcula que las denominadas ‘empresas maletín’ se han quedado con US$300.000 millones.

Dólar negro en Venezuela supera barrera de los 700 bolívares

Entre 2011 y 2013, el Cadivi aprobó US$20 mil millones para importar bienes esenciales que nunca ingresaron al país.

Internacional
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Portafolio
marzo 29 de 2016 - 08:19 p.m.
2016-03-29

La oferta de divisas bajo control cambiario en Venezuela se ha desplomado en los últimos meses, mientras que empresas fraudulentas y funcionarios públicos corruptos están llevando rápidamente al país hacia el incumplimiento de pagos al distorsionar el mercado de importación de alimentos mediante el arbitraje y el sobreprecio.

Durante el 2014, la liquidación de divisas para importaciones, tanto para el sector público como el privado, del Banco Central de Venezuela fue de US$45.529 millones y bajó a US$17.529 millones en el 2015, donde las asignaciones a la empresa privada cambiaron de US$14.410 millones a US$5.104 millones. “Mucho de lo que se liquidó no entró al país como bienes, ingresó con sobrefacturación, y a veces ni trajeron los productos”, explicó el diputado Ricardo Sanguino, de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional, a Portafolio. “El sistema de control de cambio hay que desmontarlo porque no funcionó y es un sistema perverso y perforado por mafias”.

En lo particular de la asignación de divisas para la importación de alimentos, expertos coinciden en que el nepotismo estatal ha respaldado el crecimiento de compañías corruptas.

Distorsión y nepotismo

“Cuando hay enorme asimetría en cuanto a quien monopoliza la asignación de las divisas y discrecionalmente toman decisiones que no son las más indicadas para todos los actores luego genera distorsión”, dijo Juvenal Arbeláez, el presidente ejecutivo de Cadivi a la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos.

“En cuanto aquellas empresas que expropiaron, allí hay enorme asimetría porque a las empresas que el Gobierno maneja se les asignan todos los recursos y les facilita el nepotismo”, añadió Arbeláez.

Según un alto ejecutivo de la banca que solicitó el anonimato, en Venezuela hay 59.000 compañías registradas en el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), de las cuales solo 9.000 son legales.

La fuente afirmó que entre 2012 y 2013, más de un tercio de los bienes importados al país fueron sobrefacturados o ingresaron de manera fraudulenta.

Mientras que la inflación aumentó a más de 180 % en diciembre de 2015, las empresas fraudulentas han desviado millones de dólares ligados a las importaciones de alimentos y medicinas, lo cual podría traducirse en una suspensión de pagos antes del último trimestre de 2016.

Arbitraje calculado

“Aquí en Venezuela, debido al control de cambio, la importación se trata más de un acuerdo financiero con el Gobierno que de traer bienes como parte de un intercambio comercial”, un alto funcionario de transporte le dijo a Portafolio.

Según afirmó el mismo funcionario, estas compañías obtienen ganancias mediante un sistema de arbitraje calculado que explota las diferencias entre la tasa de cambio preferencial, la tasa flotante y la del mercado negro en diferentes mercados, y en el cual la mayor ganancia se obtiene de la diferencia entre la tasa preferencial distorsionada de 10 bolívares por dólar para bienes esenciales como alimentos y medicinas y la tasa del mercado paralelo, la cual sobrepasa los 1.000 bolívares por dólar.

“Es importante que el pueblo sepa que el 60 % de los dólares otorgados para cubrir el supuesto déficit alimentario, se hizo a empresas de maletín. Se estima que el desfalco sólo por Cadivi es de más de $230 mil millones de dólares”, explicó el diputado José Marquina.

Sobreprecios

En un trabajo particular que hizo el diputado Sanguino, reelecto del PSUV, entre 2011 y 2013, en el área específica de alimentos, descubrieron que hay sobreprecios de entre 35% y 40% en las importaciones, lo que equivale a un total de US$118 mil millones en sobreprecios.

El diputado Sanguino, expresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, manifestó que Cadivi aprobó $20 mil millones de dólares para importaciones de bienes esenciales como alimentos y medicamentos que nunca ingresaron al país entre 2011 y 2013.

“Cuando hay control cambiario, existen restricciones en la revisión en el exterior de las utilidades y entonces una vía que utiliza el capitalista es que tiene que sacar de alguna forma el excedente económico y para eso sobrevalora lo que va a importar y eso queda fuera”, agregó el funcionario.

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Militares y contratistas investigados

En febrero pasado, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional decidió abrir investigación en el sistema de control de cambio, revisando la importación de alimentos y medicinas ‘sospechosas’ por 230 mil millones de dólares de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), actualmente Cencoex, ejecutados entre 2003 y 2014.

La comisión publicó una lista de funcionarios y ex-funcionarios quienes serán sometidos a averiguaciones, entre ellos varios militares que estuvieron a cargo de la importación y distribución de alimentos, así como contratistas del Gobierno en esta materia.

Entre los funcionarios que investigarán está el anterior ministro de Alimentación, general Carlos Osorio, y también el empresario Tomás González, quien fue mencionado por el vicepresidente de la comisión, diputado Ismael García, por supuestamente haber servido como intermediario en la importación de alimentos por parte de Pdvsa y su filial Bariven.

Es conocido como “el rey de Mercal”. Mercal es una red de distribución de alimentos del Estado venezolano. Fuentes afirman que ha sido uno de los más grandes importadores de alimentos en este periodo de 2003 a 2014, y lo identifican como el “testaferro tradicional del general Osorio”.

Otra compañía que fue investigada por el Ministerio Público de Venezuela en el 2014 es el Grupo Libi, empresa dedicada al almacenamiento de alimentos y que está relacionada con firmas como Avelina, una importadora de avena, y con un banco privado venezolano llamado Banplus. En el 2014, el exministro de Planeación del PSUV, Jorge Giordani, denunció que las compañías vinculadas al Grupo Libi recibieron más de 600 millones de dólares, aprovechándose del hecho de que el empresario Mauro Libi Crestani ocupaba el cargo de director de control de cambio en Banplus en 2012, de modo que se beneficiaba de las tasas de cambio preferenciales a través de Cadivi.

Para el 22 de abril de 2014, Banplus era el banco venezolano que tenía la segunda mayor cantidad de dinero depositada en cuentas en dólares en Estados Unidos (equivalente a 15,87 millones de bolívares), detrás de Banco Plaza.

Sin embargo, Banplus está lejos de ser el segundo banco más grande de Venezuela; por lo tanto, es sospechoso que tenga esa suma de dólares.

¿El camino A seguir?

Los inversionistas se han fijado demasiado en los pasivos por deuda y no lo suficiente en la sistemática red de corrupción que está detrás de la caída de las importaciones, que se han reducido en 60 %, lo cual aceleraría el proceso de suspensión de pagos.

Incluidos los intereses, Pdvsa y el Gobierno deben pagar US$8,3 mil millones en bonos en octubre y noviembre de este año.

En las actuales circunstancias, en los mercados hay poca confianza de que Venezuela será capaz de honrar su deuda externa de manera constante, y aunque el gobierno de Maduro podría recurrir a un canje de bonos de Pdvsa como parte de un proceso de reestructuración, necesitaría apoyo político de la MUD para hacerlo.

“Si se busca solución política de renuncia y un nuevo Gobierno para el último trimestre del 2016, el margen de maniobra económica será mínimo. Los tiempos de negociación o eventual solución política en Venezuela apuntan a ser tardíos para permitir detener lo peor del desastre socioeconómico”, comentó el economista Orlando Ochoa.

Detrás de esto, el déficit en el flujo de caja en dólares está conduciendo al país hacia una suspensión de pagos en octubre.

Precios alterados  

“ La tonelada de maíz vale alrededor de US$250 en el mercado internacional y aquí se ha negociado hasta a US$800”, dijo Ricardo Trinca, director de la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorios y Afines. “Y cuando alguien trae un barco de hasta 50.000 toneladas, hace una ganancia de más de US$30 millones”.

Según Trinca, la aduana también está salpicada por corrupción, cobrando tarifas de 20%, 30% y 40% por otorgar permisos para las importaciones de medicamentos y alimentos.

Vuelta al sistema cambiario

El 9 de marzo, el presidente Nicolás Maduro eliminó todo lo que había para quedarse con dos modalidades de cambio: uno preferencial protegido a 10 bolívares por dólar, denominada Divisas con tipo de Cambio Protegido o Dipro, para las importaciones de bienes como alimentos y medicamentos, y el que va a flotar, Divisas con tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), cuya cotización inició en los 206 bolívares por dólar que marcaba la antigua tasa y ahora eliminada del Sistema Marginal de Divisas.

Los expertos vaticinan que estos cambios recientes no facilitarán el acceso a los dólares que el sector alimentario urge, sino que llenará de bolívares las arcas del Gobierno, puesto que obtendrá más bolívares por dólar. Un dólar más caro también acercará la tasa de inflación a 200 % y no frenará las trampas millonarias que proliferan en un sistema cambiario distorsionado.

“Sigue siendo el mismo problema, pero le cambiaron los nombres a las variables y sigue sin resolver el problema de fondo inicial de los sobreimpuestos para conseguir dólares”, dijo Trinca.

“Como vamos bajando las reservas y el Gobierno tiene menos dinero, aprueban menos importaciones y cada vez están siendo más restrictivos”.

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“La cifra más cierta es que las ‘empresas maletín’ han robado hasta US$300 mil millones de dólares”, dijo Freddy Guevara, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. “Sólo de Pdvsa nosotros tenemos estimados más de US$10 mil millones, y en Cencoex calculamos más de US$25 mil millones, que fue reconocido por el exministro de Planeación Jorge Giordani”.

“En el tema de la crisis eléctrica pensamos que es de $60 mil millones de dólares. Así mismo, en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, el fondo chino-venezolano y el Fondo Nacional para el Desarrollo se calcula que el fraude puede pasar los US$100 mil millones”.