El Senado mexicano terminó ayer en la madrugada la votación de las leyes reglamentarias de la histórica reforma constitucional energética, aprobada el año pasado y que abre por primera vez el sector a inversionistas extranjeros.
Con 85 votos a favor y 26 en contra, los senadores aprobaron el último de cuatro debates que comprenden las reglas de la reforma que pone fin al monopolio ostentado por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante 75 años en la exploración y explotación de recursos energéticos.
Lo aprobado, pese al intento de la izquierda por modificar algunos de sus artículos, deberá ser votado ahora en la Cámara de Diputados.
“La reforma energética es la más importante y de mayor calado”, festejó el presidente Enrique Peña Nieto, haciendo referencia a otras recientes modificaciones constitucionales que propuso al inicio de su mandato y que fueron aprobadas ya en medio de multitudinarias manifestaciones de rechazo de varios sectores.
Durante maratónicas discusiones iniciadas el jueves de la semana pasada, “se han expuesto las ideas de todos, muestra de la civilidad y madurez política”, destacó Peña Nieto al finalizar una gira nacional. El dictamen aprobado incluye la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que, entre otros puntos, crea una entidad integrada por siete comisionados que serán seleccionados por el Presidente y aprobados por el Congreso.
“Queremos árbitros más fuertes que no cedan a los intereses de los más ricos”, dijo tras la votación la legisladora y vicepresidenta del Senado, Ana Lilia Herrera, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que junto con el Partido Acción Nacional (PAN, conservador) tiene la mayoría de los escaños en el Congreso.
Sin embargo, para la senadora del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Dolores Padierna, la ley facilitará “en todo lo necesario a las empresas privadas para que puedan hacer sus negocios”.
Legisladores del PRD y el Partido del Trabajo (PT) rechazaron las leyes, así como la reforma aprobada en diciembre porque consideran que el país será despojado de sus recursos naturales, sobre todo el petróleo.
Los dictámenes establecen reglas para que Pemex –hasta ahora la mayor empresa estatal que aporta la tercera parte de los ingresos fiscales del país– y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) funcionen como empresas productivas del Estado, con autonomía.
Otra ley aprobada abre a particulares la generación y suministro de electricidad en el país centroamericano.
AFP