El consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá y la administración de la vía se mantuvieron ayer atrincherados en sus posiciones y en medio de un duro intercambio de declaraciones, mientras pende sobre las obras un anuncio de paralización que se hará efectivo en 10 días.
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que integran la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, avisó el pasado día 30 de diciembre a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que en 21 días paralizaría las obras de ampliación porque no puede con “sobrecostes” de más de 1.600 millones de dólares.
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha tildado de ilegal el anuncio de suspensión, ha conminado al consorcio a seguir las obras, pero también ha dicho que la Autoridad, amparada en el contrato, puede asumirlas ante la incapacidad del consorcio y finalizarlas con “otros contratistas”.
La ACP planteó el martes en una reunión con representantes de GUPC el aporte conjunto de 283 millones de dólares, y Quijano dijo ante diputados del Parlamento que esa era la única “oferta razonable” sobre la mesa.
Impregilo tildó de “inaceptable y ridícula” la posición de la ACP.
PANAMÁ/EFE